El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Juan Manuel Portela y María Eugenia Montero, solicitó la pena de prisión perpetua para los ex militares Alfredo Manuel Arrillaga y Leandro Edgar Marquiegui por el homicidio, agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, de Ana Lía Delfina Magliaro. Ambos acusados formaron parte de la plana mayor de la Subzona 15, que tenía su sede en la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea (AADA) 601. Las defensas oficiales, en tanto, pidieron su absolución.

Ana Lía Magliaro fue secuestrada en La Plata el 19 de mayo de 1976. Estuvo detenida junto a Alicia Carriquiriborde de Rubio y Graciela De La Torre en el centro clandestino de detención conocido como El Vesubio: durante dos meses fueron alojadas las tres en el sótano del lugar, en condiciones infrahumanas y sometidas a reiteradas sesiones de tortura. Luego fueron llevadas a distintas comisarías de la Capital Federal; el destino de Magliaro había sido la número 34. Sus compañeras de cautiverio fueron trasladadas a la cárcel de Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero ella fue enviada a Mar del Plata.

Cuando abrió el alegato, Portela planteó lo atípico del caso que se estaba juzgando: en la mayoría de los debates que se realizaron en la jurisdicción, las víctimas eran de la zona o se encontraban escapando de otros lugares, fueron detenidas y trasladadas. ¿Qué trajo a Magliaro hasta Mar del Plata y por qué fue asesinada aquí?

Los datos señalan que el 4 de agosto un capitán del Ejército la buscó en la comisaría 34 para llevarla hasta Mar del Plata en avión: fue entregada y puesta a disposición de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601). Casi un mes después, el 2 de septiembre, su cuerpo fue encontrado acribillado en la vía pública, en el barrio Constitución de la ciudad balnearia. El cadáver de Magliaro tenía varios impactos de bala, y en su boca llevaba marcas posiblemente de tela adhesiva por haber estado amordazada. Además, el cuerpo daba cuenta de hematomas en las muñecas, el pecho y la vagina, y las marcas de quemadura de la picana eléctrica.

Marquiegui era el jefe de Inteligencia y Arrillaga el de Operaciones de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata.

La prueba reunida durante el juicio fue más allá y así lo planteó el MPF: los informes de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (ex Dipba) y las notas periodísticas de la época dan cuenta de las tareas de seguimiento realizadas sobre Magliaro, y permiten aseverar –según entendió el MPF- que las fuerzas represivas consideraban que ella había participado en el atentado que le costó la vida al coronel Rafael Raúl Reyes, entonces jefe de la Subzona 15. Su muerte había traído hasta la ciudad al Comandante del I Cuerpo del Ejército, el general Carlos Guillermo Suarez Mason. El propio Jorge Rafael Videla acudió al sepelio en el Cementerio de la Chacarita.

“Esto explica el despliegue del operativo para trasladar en la forma en que se hizo a Magliaro hasta Mar del Plata”, apuntó Portela. Para el Ministerio Público Fiscal, cuando las tres jóvenes fueron llevadas a comisarías, tenían como destino ser puestas a disposición del PEN. Eso ocurrió con De La Torre y Carriquiriborde. “Ahora bien, no me equivoco en afirmar que en el interín las fuerzas represivas advirtieron que Magliaro era ‘pedida’ y ‘buscada’ por la Subzona 15. Y es allí donde se dispone y ‘cambia’ su destino”.

Portela detalló los elementos de prueba que surgieron del debate, que abonan la hipótesis del MPF sobre el asesinato de Magliaro: hay numerosos testimonios, y además consta, por ejemplo, el documento que firmó el oficial Valentín Rezett al recibir a la víctima. Ese militar fue condenado a prisión perpetua por este homicidio y estaba bajo la órbita directa de Marquiegui. También sumó el acta de defunción de la joven  y los informes de la Comisión Provincial por la Memoria en base a los archivos de la ex Dipba.

La defensa pidió sus absoluciones

El defensor oficial Manuel Bailleau pidió las absoluciones de sus defendidos. Acompañado por su colega José Galán –quien hizo un planteo de prescripción del homicidio-, pidió la nulidad de las audiencias de debate por la incapacidad sobreviniente de Marquiegui, un tema que fue resuelto en un incidente previo al comienzo del juicio. Además, sostuvo que la hipótesis del MPF no había sido probada con grado de certeza suficiente para llegar a una sentencia.

El cadáver de Magliaro tenía varios impactos de bala, y en su boca tenía marcas de una mordaza. Tenía hematomas en las muñecas, el pecho y la vagina, y las marcas de quemadura de la picana eléctrica.

Los imputados

Marquiegui y Arrillaga integraban entonces la plana mayor de la AADA 601, unidad que estaba a cargo de la Subzona 15 y que tenía la responsabilidad primaria en la represión ilegal. Los dos eran los máximos asesores de su jefe, el coronel Pedro Alberto Barda, condenado en 2008 en la Capital Federal por los hechos de los que resultara víctima Magliaro.

Marquiegui estuvo a cargo de la Sección Inteligencia (S2) de la Jefatura de la Agrupación ADA 601. De acuerdo al reglamento RC-9-1 “Operaciones contra elementos subversivos”, la actividad de inteligencia constituía la base fundamental en que se apoyaba "la lucha contra la subversión". “Es dable inferir, en el contexto de los hechos, que Magliaro permaneció detenida y que fue interrogada por personal de inteligencia. De hecho, de ese modo halla sustento lo declarado por Barda cuando afirma que la detenida se ‘prestó a colaborar con las fuerzas legales’”, reparó el fiscal en su alegato.

La estrategia de la defensa fue correr a Marquiegui de Mar del Plata al momento de los hechos. El imputado dijo que había estado en comisión en Tucumán, pero la Fiscalía entendió que esto “no es óbice para considerarlo penalmente responsable” del hecho. En efecto, un testigo propuesto por la defensa fue contundente en afirmar que cuando el Jefe de Inteligencia dejaba su cargo por un período corto de tiempo sus planes se continuaban desarrollando normalmente.

Por su parte, Arrillaga se desempeñó como Jefe de la División III Operaciones de la Agrupación ADA 601, que se encargaba de la organización, instrucción y operaciones, que debía coordinar con Inteligencia.

“A la luz de los acontecimientos, es indudable que Arrillaga tomó parte en la ejecución de los hechos, en su condición de Jefe de Operaciones del Ejército, estableciendo la logística y estrategia operativa, como asesor privilegiado del jefe en el área de su incumbencia”, sostuvo Portela, quien citó el Legajo personal del imputado, en el que Barda lo calificó como un “fiel intérprete de la orientación de su Jefe de Agrupación en las operaciones a planear”.

Sobre el final de su alocución, el representante del MPF volvió sobre el modo en que Ana Lía Magliaro fue asesinada. “Se montó una farsa con la participación subordinada de las fuerzas policiales, queriéndolo hacer pasar como un enfrentamiento inexistente”, dijo. A ella la llevaron, luego de estar casi un mes en cautiverio en la ciudad balnearia, con claros signos de haber sido torturada, en total estado de indefensión, hasta una vivienda situada en Ricardo Rojas al 1000. Allí la mataron a balazos. “La huella indeleble de la Subzona Militar 15 en general, y de ambos imputados en particular, ha perdurado durante el inexorable paso del tiempo”, señaló el fiscal.