La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza solicitó que, una  vez arribado al país, se le dicte la prisión preventiva al ex camarista federal de esa provincia, Otilio Romano, cuya extradición fue finalmente ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Chile y desde donde se espera que lo trasladen en las próximas horas. La fiscalía, además, requirió que la causa sea rápidamente elevada a juicio.

"Tan pronto el imputado sea puesto a disposición de la justicia argentina y una vez cumplidos los actos procesales pertinentes, [solicito] se clausure la instrucción y se eleven las actuaciones a juicio", requirió la fiscal general subrogante Patricia Santoni.

La presentación fue formulada este mediodía ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de Walter Bento, donde tramita la causa que se le sigue al ex camarista federal por su participación durante la última dictadura como fiscal federal en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.

La fiscalía mendocina informó a Fiscales que Romano fue notificado ayer de la resolución de la Corte Suprema trasandina -que dispuso su extradición- y que se ordenó su "detención domiciliaria total". El ex juez había sido beneficiado con un régimen de prisión "domiciliaria nocturna" -es decir, debía regresar todas las noches a su departamento- cuando comenzó el proceso de extradición, pero desde ahora no podrá salir de la vivienda.

De acuerdo con información extraoficial, Romano sería entregado en el Aeropuerto de Santiago de Chile a representantes de Interpol Argentina para su traslado a Mendoza. Pero ello ocurrirá a partir del momento en que miembros de la Policía Internacional con sede en nuestro país vayan a buscarlo, dato que aún no ha trascendido, aunque se supone que es inminente.

El ex camarista Otilio Roque Romano se encuentra prófugo en Chile desde septiembre de 2011, pocos días antes de que concluyera el jury de enjuiciamiento que finalmente terminó con su carrera judicial y con los fueros que impedían su detención.

En septiembre de aquél año la fiscalía de Mendoza requirió su detención por el evidente peligro de fuga, basado en la por entonces inminente finalización del proceso de destitución, pero el pedido fue rechazado por el juez Bento.

Un mes antes, en agosto, la fiscalía había requerido la elevación a juicio de la causa en la que se investiga la participación de funcionarios judiciales en crímenes de lesa humanidad, que tiene a Romano imputado.

Ese juicio aún no se llevó a cabo, aunque la mayor parte de la causa está radicada desde el año pasado en el Tribuna Oral Federal N°1. De todas formas, Bento elevó las actuaciones pero sin la parte correspondiente a Romano.

Es por esa razón que la fiscalía se apuró a pedir al juez que le dicte la prisión preventiva del imputado y que eleven las actuaciones a juicio, para que se unifique con el expediente del que la situación de Romano había sido separada.

Una vez que arribe a la Argentina, Romano deberá afrontar la acusación en un debate oral y público por 98 crímenes cometidos mayormente desde su función de fiscal federal, aunque por la ley vigente entonces también ejerció en algunos casos como juez subrogante.

Romano está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y por durar más de un mes, y por allanamiento ilegal, que se desagregan de la siguiente forma: 34 corresponden a personas que continúan desaparecidas; otros 26 casos de privaciones ilegales de la libertad; 26 casos de torturas; un allanamiento ilegal; y un caso en el que se le imputa no haber promovido la persecución penal cuando debía hacerlo.

Este último hecho ocurrió durante el estado de Derecho, cuando Romano omitió investigar la sustracción de una hija de desaparecidos, delito que estaba exceptuado de la impunidad que garantizaban para otros crímenes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

"El Poder Judicial Federal de la provincia de Mendoza evidenció una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron. Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales, entre otros numerosos delitos que se cometieron  durante aquellos años, no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos hechos", indicó la fiscalía, por entonces a cargo de Omar Palermo -hoy juez de la Suprema Corte Mendocina-, en el requirimiento de elevación a juicio. Para llegar a esa conclusión, el Ministerio Público analizó más de 900 causas que tuvieron origen durante la última dictadura, entre ellas más de 350 habeas corpus presentados ante el Poder Judicial mendocino.