Más de un centenar de representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados querellantes, miembros de agencias estatales y fiscales que intervienen en juicios por delitos del terrorismo de Estado en todo el país, se dieron cita hoy en la sede de la Procuración General de la Nación para debatir los desafíos que plantean los procesos en curso y consensuar las acciones en torno a las últimas resoluciones adversas al juzgamiento de civiles cómplices.

Convocados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el marco de la Mesa de Diálogo Institucional y Social, los asistentes a la reunión más numerosa de este tipo desarrollada desde la creación del espacio por parte de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, coincidieron en la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise aquellas decisiones.

"Hay una sensación de que se vuelven a instalar los cercos de impunidad que rodearon estas causas", abrió el titular de la Procuraduría, Jorge Auat. El fiscal general señaló que hay sectores del Poder Judicial que "no comprenden la dimensión de estos procesos" y la especial atención que merecen las víctimas del terrorismo de Estado. En ese sentido, convocó a "leer los expedientes desde el lugar de la víctima".

Auat recordó que los fallos adversos en diferentes lugares del país, como en las causas Malvinas, Massot (Bahía Blanca) y Papel Prensa (Buenos Aires), sumados a Blaquier y Botinelli, se conocieron luego de la apertura del año judicial por parte del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. "A pocos días de ese discurso vinieron los fallos que nos generaron tanta preocupación", indicó. "No se puede pensar el terrorismo de Estado ligado sólo a los cuarteles", dijo en referencia al apoyo empresarial que tuvo la dictadura.

La preocupación está centrada en el "nuevo estándar probatorio" requerido por los tribunales para probar los hechos y la importancia de mantener la diferencia entre la instancia del procesamiento y la de juicio. Los ejemplos del caso Blaquier, donde la Cámara de Casación señaló que no estaba acreditado que el dueño del ingenio Ledesma y su administrador conocieran que la camionetas prestadas a las fuerzas de seguridad iban a ser utilizadas para el secuestro de los trabajadores, o el criterio de la Cámara Federal porteña de que se incorporen los cassettes de la falsa entrevista que publicó la revista Para Tí a Thelma Jara de Cabezas mientras estaba cautiva del grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada con el objeto de evaluar la manipulación realizada por el imputado ex secretario de redacción de ese medio Agustín Botinelli anticipan discusiones que debieran darse en el juicio oral y público y cercenan el derecho a mantener la instancia de instrucción, coincidieron los participantes. En palabras de la coordinadora de la Procuraduría, Carolina Varsky, "esos fallos adversos muestran una intención política".

El fiscal Auat y el resto de los asistentes remarcaron la preocupación frente a lo que denominaron "impunidad biológica", en rigor la muerte de los imputados antes de recibir sentencia, pero también se habló de las cientos de víctimas que murieron sin haber visto cómo se hacía justicia. "La viuda de Aredez murió viendo impunidad", ejemplificó Auat acerca del caso Blaquier.

Más tarde, la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, remarcó que el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en curso "no tiene vuelta atrás" y que "es imprescindible llevar adelante estos porque la sociedad no puede vivir en impunidad". La jueza enfatizó que en este momento hay un 30 por ciento de vacantes en el Poder Judicial y, entre otros puntos, atribuyó las demoras en el avance de las causas a la falta de jueces. A su turno, la Presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vasquez, celebró la realización de este Foro.

Los representantes de organizaciones de derechos humanos plantearon, por su parte, las realidades diferentes de cada jurisdicción: desde la falta de jueces para componer tribunales, las excarcelaciones masivas y/u otorgamiento de prisiones domiciliarias, hasta la repetición constante de los mismos imputados en todos los juicios, sin resquicios para avanzar sobre otros miembros de las fuerzas de seguridad y civiles.

El caso de Bahía Blanca, con el cuestionamiento del juez subrogante Claudio Pontet que está en el Consejo de la Magistratura desde hace cuatro meses sin que se resuelva, estuvo también entre las preocupaciones.

También, hubo preocupación unánime de los organismos en la situación respecto del imputado César Milani, que actualmente ocupa el cargo de jefe del Ejército. Noemí Labrune, querellante de Neuquén, contó que en 1999 el militar estuvo a cargo de una guarnición de esa ciudad desde donde lideró una campaña contra los incipientes juicios por la verdad.

Marisa Sanauria, de Corrientes, propuso la creación de una instancia similar a la Unidad que investiga las apropiaciones de niños y niñas que se encargue de seguir la ubicación e identificación de los restos de personas desaparecidas, mientras que Ángela Urondo, de Mendoza, reclamó una dependencia que centralice los trámites para la restitución de identidad de quienes desde niños fueron sustraidos, retenidos y ocultados.

En el marco del encuentro, también hubo planteos de los organismos para que el Ministerio Público Fiscal de la Nación cuente con un cuerpo pericial que le permita participar en todo el país de los peritajes médicos en los que se examinan las condiciones de los imputados para ser juzgados o permanecer detenido. Varsky precisó que en el ámbito de la Procuración fue creada la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales (DATIF), una dependencia que se encuentra en crecimiento y que ya está trabajando en la asistencia a fiscales de todo el país.

En la reunión estuvieron presentes representantes de la Unidad de Lesa humanidad de la Corte Suprema, de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos (DDHH) de la Cámara Federal de Casación Penal, del Consejo de la Magistradura, de la Dirección Nacional de DDHH del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad de la Nación, de las secretarías de DDHH de la Nación y Bonaerense, del Centro Ulloa de atención a las víctimas, del Programa Verdad y Justicia, del Programa Nacional de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Dirección de DDHH de la Cancillería.

Las organizaciones de la sociedad civil que participaron del cónclave son la Comisión Provincial por la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Regional Córdoba, H.I.J.O.S. Regional Capital Federal, H.I.J.O.S. Regional Chaco, H.I.J.O.S. Regional La Plata, H.I.J.O.S. Regional Santa Fe, H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca, APDH (representantes de distintas regiones), Comisión Vesubio y Puente 12, Liga por los Derechos del Hombre, Asociación Ex presos políticos de la ciudad de Buenos Aires, CODESEDH, Madres y Familiares de Jujuy, Familiares Zona Centro y Sur Provincia de Buenos Aires, Familiares de detenidos desaparecidos del cordón industrial de San Lorenzo, Familiares Sur Provincia de Bs. As-Mar del Plata, Memoria por la vida en democracia-Tandil, Comisión grupo Campo de Mayo, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asociación por la memoria, la verdad y la justicia-Santiago del Estero, Comisión Provincial de DDHH Corrientes, Registro Único de la Verdad de Chaco y Ex presos de Mendoza.

También, estuvieron los abogados querellantes Pablo Llonto y Mirtha Mantaras, y representantes de las querellas de las causas ESMA, Ford y Gobernador Virasoro-Corrientes, abogados y querellantes de Bahía Blanca y Jujuy, y querellantes de Tucumán, Mendoza, Santa Fe y Mar del Plata.