Tras la revocación parcial de la sentencia de juicio por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó a dos ex militares que habían sido inicialmente absueltos por crímenes de lesa humanidad y elevó las penas impuestas a otros once ex militares y policías condenados en 2012 en el juicio conocido como "La Escuelita II", en relación al centro clandestino de detención que funcionó en la capital de esa provincia.

La nueva sentencia fue firmada por los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano, quienes debieron revisar el pronunciamiento dictado en aquella causa el 6 de noviembre de 2012 luego de que la Sala IV del máximo tribunal penal de la Nación lo revocara parcialmente en marzo pasado y le ordenara dictar dos nuevas condenas y subir las penas de los condenados, tal como lo había requerido la fiscalía, integrada en el debate por José María Darquier y Marcelo Groso, y las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Al arribar a Casación, el recurso de los fiscales neuquinos fue sostenido por la fiscal general Adriana García Netto. En tanto, en las audiencias celebradas en diciembre pasado por el TOCF neuquino previas al dictado de la nueva sentencia intervino el fiscal Walter Romero.

Con el nuevo pronunciamiento fueron condenados el subteniente Jorge Osvaldo Gaetani, oficial jefe de Sección de la Compañía “B” del Batallón de Ingenieros en Construcciones 181, a tres años de prisión, y el segundo comandante de la Sección Junín de los Andes, área militar 523, Emilio Jorge Sacchitella, quien recibió cinco años de prisión. Los dos habían sido absueltos.

En tanto, el tribunal aumentó las penas para el comisario principal de la Policía de Río Negro, Antonio Alberto Camarelli, de 10 a 14 de años de prisión; y para el oficial sub ayudante de la misma fuerza, Miguel Ángel Quiñones, de seis años y seis meses a nueve años y tres meses de prisión.

Los siguientes ex miembros del Ejército también vieron elevadas las penas que el mismo tribunal les había impuesto a fines de 2012: el sargento ayudante del Ejército, Enrique Charles Casagrande, de ocho a diez años; el ex agente civil de inteligencia castrense, Raúl Antonio Guglielminetti, de doce a quince; el ex sargento primero Máximo Ubaldo Maldonado, de siete a ocho años y nueve meses; el ex sargento ayudante Francisco Julio Oviedo, de 4 años a cinco años y dos meses; y el ex teniente primero, Gustavo Vitón, de ocho a once años y dos meses de prisión.

Las penas más altas correspondieron al ex capitán de inteligencia Eduardo Molina Ezcurra, cuya condena fue modificada de 19 a 21 años y seis meses de prisión; al ex teniente coronel al mando del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 y jefe del área 521, Enrique Braulio Olea, de 22 a 25 años de prisión; al ex capitán Sergio Adolfo San Martín, de 19 a 21 años y seis meses de prisión; y al ex jefe de Inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Oscar Lorenzo Reinhold, de 21 a 24 años.

Durante el debate oral de 2012 también fue condenado a 16 años de prisión el ex coronel José Ricardo Luera, quien luego fue apartado del proceso judicial por "incapacidad", a raíz de problemas de salud que no le permiten comprender la situación por la que atraviesa en la causa. Por esos motivos, su situación no fue abordada por el TOCF neuquino, aunque Casación había resuelto que se dictara una pena mayor para él.