El fiscal general Miguel Ángel Palazzani requirió el martes al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Nequén que imponga penas de entre 10 y 17 años de prisión en "cárcel común" a cinco ex militares del Ejército, a un ex oficial de la Policía de Río Negro y a un ex subcomisario de la Policía Federal por el secuestro y las torturas a las que fueron sometidos dos hombres oriundos de las ciudades de Catriel y Cutral-Co en 1976 y 1977, respectivamente.

"Quisiera destacar que la realización de estos juicios en los que seguiremos persistiendo son una manera, una de muchas, como decía Cortázar al cerrar el célebre Coloquio en París en el año 1981, de mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su ignominia, algo que desde algunos sectores de la sociedad se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido. Estos juicios no miran el pasado, estos juicios, señores jueces, están mirando el futuro", cerró Palazzani.

El fiscal pidió la imposición de la pena de 17 años de prisión para el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Oscar Lorenzo Reinhold; de 15 años de prisión para los ex jefes -en distintos períodos- de la Primera Sección del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale; de doce años de prisión para el ex teniente 1º a cargo de la Compañía "A" del Batallón de Ingenieros de Construcciones 181, Gustavo Vitón, quien además ejerció como jefe de la subárea militar 5212, y para el ex Jefe de la Unidad 24 de la Policía de la Provincia de Río Negro con sede en Cipolletti y ex jefe de Operaciones Especiales del área 5212, Antonio Alberto Camarelli; y de 10 años de prisión para el ex subcomisario de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza.

La Fiscalía solicitó en el petitorio final que "se califique a todos los delitos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio perpetrado en nuestro país, que se tenga presente que los ilícitos que aquí se juzgan son imprescriptibles e inderogables, no admiten beneficios del indulto ni leyes de amnistía, ni similares y se rechacen las propuestas que pretender otorgarle ultraactividad a las leyes de obediencia debida o punto final".

También requirió que se haga saber la sentencia al Ministerio de Defensa para que inicie el proceso de destitución de los acusados y aplique la sanción que corresponda dentro del ámbito militar.

Palazzani solicitó además que "se suspenda el goce de toda jubilación, pensión o retiro que puedieran percibir" y que se ordene la detención del excarcelado Vitón y que se revoquen las prisiones domiciliarias de los demás acusados.

Los hechos que llegan a juicio tuvieron como víctimas a Félix Urbano Alcides Oga, secuestrado en 1976, y Alipio Quijada, víctima de hechos similares en 1977. Los dos sobrevivieron, pero este último falleció con posterioridad.

La Fiscalía acusó a Reinhold en carácter de autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y de aplicación de tormentos psíquicos y físicos agravados en los dos casos. A Ezcurra y San Martín, en tanto, los acusaron por su intervención en carácter de partícipes necesarios y a Di Pasquale como partícipe primario, los tres en ambos casos; y a Camarelli, Vitón y Soza los consideraron partícipes primarios en los hechos que tuvieron como víctima a Oga.