Los prófugos Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi sabían desde mediados de junio, pocos días antes de ser condenados, que durante la feria judicial iban a ser trasladados desde San Juan a cárceles ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Durante todo ese tiempo pudieron urdir la maniobra conjunta que finalizó en la fuga desde el Hospital Militar Central el jueves 25 de julio, que los jueces no desactivaron pese a las sugestivas acciones desplegadas por la defensa de los condenados.

Así se desprende de las actuaciones judiciales que tramitan ante el Juzgado Federal Nº2 de San Juan, en sendos incidentes donde quedaron asentadas cronológicamente las peticiones de ambos condenados. Ese juzgado intervino porque los dos militares estaban siendo investigados en causas judiciales que tramitaban en la primera instancia, al mismo tiempo que eran juzgados por otros hechos en un debate oral y público.

El trámite de los expedientes de Olivera y De Marchi, revisados en paralelo, permite constatar que ambos tenían acceso a Internet en el penal de San Juan, que obtuvieron turnos médicos para los mismos días y horarios, y que incluso esos turnos –para los que consiguieron el permiso de los jueces- excedían largamente a la feria judicial. La autorización inicial estipulaba que ambos fueran alojados en el penal de Marcos Paz durante el receso, tras lo cual debían regresar a San Juan.

Las constancias revelan que el Ministerio Público Fiscal fue marginado en todo el proceso y que el Tribunal Oral de San Juan, que al igual que el juez de instrucción tenía a su cargo a los dos presos, estuvo ajeno a todo lo ocurrido hasta el 18 de julio.

Ambos condenados habían solicitado en más de una oportunidad el “traslado permanente” al penal de Marcos Paz para estar cerca de sus familiares. El juez Rago Gallo denegó todas las veces esa petición porque Olivera y De Marchi estaban siendo sometidos a proceso en distintas causas judiciales y su presencia en San Juan era necesaria para asegurar su comparecencia cada vez que fuera requerida.

No obstante esa negativa, el juez había autorizado a ambos imputados “traslados temporales”. El año pasado, durante la feria judicial, Olivera y De Marchi fueron llevados a Marcos Paz para que pudieran estar cerca de sus familias.

Y este año, por separado, pero con el patrocinio del mismo defensor, los dos militares requirieron sus traslados alegando esa misma finalidad.

Los pedidos fueron respondidos favorablemente por el juez Rago Gallo, que no le pidió dictamen a la fiscalía sobre la procedencia de los traslados de ambos detenidos. La fiscal subrogante Katia Troncoso Muñoz reveló a Fiscales que fue notificada de la resolución del traslado de De Marchi a Marcos Paz el 15 de julio, dos días antes de que se produjera.

Esa notificación a la fiscal también incluía la aseveración del juez sobre que no tenía objeción a que, mientras durara su paso por Marcos Paz, el condenado fuera atendido en el nosocomio militar.

En tanto, sobre Olivera el juez notificó a la fiscal a mediados de junio la denegación del traslado permanente y que no tenía reparos a un traslado temporal, como en otras oportunidades. Pero nunca le notificó que efectivamente lo conducirían a otro penal durante la feria de invierno.

De San Juan a Marcos Paz

El traslado de De Marchi había sido autorizado el 17 de junio por Rago Gallo. Ese día, el juez le denegó la mudanza permanente y le otorgó el permiso temporal, que debía concretarse durante la feria judicial de invierno.

Pese a que por entonces el juicio oral estaba llegando a su fin y se avecinaba el veredicto, Rago Gallo no notificó al Tribunal Oral lo que había dispuesto.

El 26 de junio, ocho días antes del veredicto del TOCF, De Marchi le anticipó al juez que tenía turnos con médicos en el Hospital Militar Central, en la Capital Federal, fijados para diferentes días de la primera quincena de julio. Al día siguiente, Rago Gallo contestó que no tenía objeción a que fuera trasladado al nosocomio castrense. El receso en los tribunales sanjuaninos culminó el 22 de julio, una semana antes que en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma.

Por su parte Olivera pidió a principios de junio el traslado permanente a la Unidad 34 del SPF, ubicada en las instalaciones militares de Campo de Mayo. El 12 de junio el juez denegó ese pedido pero, al igual que en el caso de De Marchi, advirtió que "no hay oposición a los traslados temporales, en las condiciones que se han venido autorizando en otras oportunidades".

El 3 de julio, un día antes de la condena, De Marchi volvió a insistir con su pedido de traslado a Marcos Paz para estar cerca de su familia. Alegó que había fallecido su hermana, pero no se preocupó en presentar constancias de su afirmación y el juzgado tampoco se las pidió ni ordenó averiguaciones al respecto.

Sugestivo resulta también el pedido que hizo el 16 de julio el defensor Garcete para que Olivera fuera trasladado a Marcos Paz y no a Campo de Mayo, como inicialmente había pedido, y la rápida resolución del juez Galvez: el mismo día el magistrado le avisó al SPF que la comisión de penitenciarios que trasladaría a De Marchi también debía llevarse a Olivera a Marcos Paz.

La entrega de los dos detenidos por parte del Servicio Penitenciario sanjuanino a sus pares del Federal se produjo el 17 de julio a las 10.55.

De Marcos Paz al Hospital Militar

Cuando fueron entregados al SPF, Olivera y De Marchi estaban alojados en la Unidad 2 del Complejo Penitenciario de San Juan, ubicado en la localidad de Chimbas.

El 18 de julio, con los condenados ya en Marcos Paz, el defensor oficial se presentó con dos escritos similares en los incidentes relativos a los traslados.

En ambas piezas, tanto para el caso de Olivera como el de De Marchi, Garcete señalaba que el 16 de julio había recibido un correo electrónico de cada uno de sus defendidos, que aquél día estaban en Chimbas.

En esos mensajes, Olivera y De Marchi, que se preparaban para el viaje del día siguiente, le solicitaban al defensor que tramitara ante el juez el permiso para asistir a distintos turnos médicos.

Es decir que ambos condenados tenían acceso a Internet dentro de la cárcel y a los dos se les había ocurrido organizar seis turnos médicos para los mismos días y horarios, y hacerle luego el pedido a su defensor a través de correo electrónico el mismo día.

Fiscales tuvo la oportunidad de comparar con la fiscal Troncoso Muñoz los dos expedientes al mismo tiempo y corroborar que los dos escritos de la defensa no sólo eran similares sino que el cronograma y la variedad de los turnos solicitados coincidía para ambos en días y horarios.

El 18 y el 25 de julio De Marchi tenía a las 10 turno con un psiquiatra, en tanto que para esas mismas jornadas y horario Olivera tenía previsto visitar a un dermatólogo. El 18 no pudieron asistir porque la autorización no llegó a tiempo, pese a que el juez Galvez fue diligente y el mismo día envió la autorización. Por eso, la primera visita al Hospital Militar fue el 25 de julio.

Pero había más programadas, como si se tratara de sumar chances para concretar la fuga. El 31 de julio a las 10 De Marchi iba a concurrir al traumatólogo y Olivera al servicio de Implantología; el 1º de agosto a las 10.30, De Marchi iba a ir a un médico clínico y Olivera al urólogo; el 7 de agosto a las 10, De Marchi a Implantología y Olivera a Nefrología; y el 8 de agosto los dos a Psiquiatría.

La autorización para concretar los turnos médicos coincidentes fue otorgada por el juez subrogante Galvez. Al igual que en el caso de Rago Gallo, la autorización de Galvez estiraba la estadía de los dos condenados en territorio bonaerense mucho más allá del primer límite de la feria judicial.

La fuga se produjo durante el turno médico del 25 de julio, previsto para las 10 de la mañana. Según las constancias de la causa que tramita en San Juan, el SPF dio aviso a la secretaria del Juzgado Federal N°2, Paula Carena, alrededor de las 20 de aquél día.

Mientras, en el Tribunal Oral...

La fuga de los dos convictos ocurrió mientras el Tribunal Oral de San Juan se encontraba tramitando ante el SPF el cupo para alojarlos en una cárcel adecuada con el fin de que cumplieran las condenas a perpetua (Olivera) y 25 años de prisión (De Marchi).

En el veredicto del 4 de julio, el TOCF había requerido al SPF “el traslado de estos condenados al Complejo Penitenciario Federal que el Director del Servicio Penitenciario Federal estime corresponder” y dispuso que provisoriamente quedaran detenidos en el Instituto Penal de Chimbas, del servicio penitenciario provincial.

El 18 de julio, un día después del traslado a Marcos Paz, en el TOCF recibieron un oficio del SPF que los anoticiaba de que los dos condenados estaban en el penal federal bonaerense y le informaban que el lugar más adecuado y cercano a San Juan para alojarlos era la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa.

Un día más tarde, el 19, el jefe del Servicio Penitenciario sanjuanino notificó al TOCF que Olivera y De Marchi habían sido entregados el 17 a sus pares del Federal.