"La división territorial de la Argentina se realizó conforme a la técnica de cuadriculación desarrollada en Argelia, por lo que las técnicas argelinas no solamente fueron utilizadas en cuanto a la doctrina de la represión y tortura, como vimos, sino también en cuanto a la organización territorial de esas actividades represivas", prosiguió ayer el alegato el fiscal general Pablo Ouviña en el juicio que se le sigue a 18 acusados por crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor.

El representante del Ministerio Público, quien cumplió cuatro jornadas exponiendo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1, comenzó el viernes pasado y continuó este martes otra etapa del alegato, centrada en la organización de la represión ilegal en Argentina, funcional a la asociación ilícita transnacional para la persecución sin fronteras de disidentes políticos. En ese sentido, describió la organización de las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, y el contexto histórico del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La Escuela Francesa

Para la descripción de la disposición del aparato represivo en el territorio nacional, Ouviña recurrió -entre otros elementos, como reglamentos, órdenes y directivas militares- a los testimonios de la periodista francesa Marie Monique Robin, autora de Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa (Sudamericana, 2003), y de un documental que lleva el mismo título, que traza una línea de continuidad entre la metodología represiva -división en zonas para un mejor control territorial que permita el secuestro, la tortura y desaparición de "los blancos"- por los militares franceses en Argelia e Indochina y la empleada por las dictaduras en el cono sur.

El fiscal también citó a la investigadora Verónica Almada y a Horacio Ballester, integrante del Centro de Militares por la Democracia Argentina (CEMIDA), quien en el debate sostuvo que "con motivo de la doctrina de la Escuela Francesa, se realizó una zonificación en el país, a fin de localizar y combatir a los subversivos del Movimiento Comunista Internacional".

En efecto, Ouviña habló de la división del país en cinco zonas (cada una de ellas denominada "Cuerpo" para el Ejército), subzonas, áreas y subáreas, los distintos niveles para el control territorial que caracterizaron a la organización represiva en Argentina. El plan, describió, se completó con el control de las fuerzas de seguridad y penitenciarias de todas la provincias con el objeto de desplegar acciones coordinadas. La "responsabilidad primaria" quedó en manos del Ejército, aunque se establecieron algunas jurisdicciones bajo el control de la Fuerza Aérea y de la Armada.

"Como la doctrina de la contrasubversión indicaba que el enemigo permanecía oculto en la población civil, el control total sobre esa población y, por ende, el territorio donde ésta se encontraba, resultaba crucial. Y la mejor forma de controlar un territorio es dividirlo y descentralizar la acción represiva", explicó el fiscal, quien acudió también para la descripción a los libros de militares comprometidos con el Estado de Derecho, como Sobre áreas y tumbas. Informe sobre desaparecedores, de Federico y Jorge Mittelbach, y Memoria De(b)vida, de José Luis D'Andrea Mohr.

La zonificación militar ya estaba presente en la organización desde 1962. "Lo que se hizo fue montar sobre las estructuras vigentes, una organización destinada al cumplimiento de la misión represiva, que funcionó de manera simultánea y superpuesta con la administrativa, claro que adaptando aquello que fuera necesario adaptar en pos de la eficacia de la misión de aniquilamiento de la denominada 'subversión'", indicó Ouviña, quien puntualizó que esto "implicó la superposición de la estructura represiva sobre la preexistente".

El fiscal citó como ejemplo la declaración del ex general Albano Harguindeguy ante la periodista Robin, al negar la existencia exclusiva de "escuadrones de la muerte" en nuestro país: "Todo el Ejército hacía operaciones de este tipo. En cada zona o subzona, las unidades militares responsables entraban en las casas, detenían a los sospechosos y después conducían inmediatamente a los sospechosos a los centros de interrogatorio".

También, citó al acusado ex jefe de la denominada Zona IV (Campo de Mayo) Santiago Omar Riveros, quien en 1980 ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington dijo que "la decisión de formar comandos que intervienen para hacer desaparecer y eventualmente exterminar a millares de personas fue adoptada al más alto nivel de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de descentralizar la acción antisubversiva y de permitir que cada uno de los comandos dispusiera de un poder ilimitado para eliminar a los terroristas o los sospechosos".

Los COT

En este contexto, Ouviña refirió que en las unidades militares que tenían directo dominio territorial fueron conformados comandos o centros de operaciones tácticas, conocidos por sus siglas: "COT". La sigla se ampliaba a COTCE cuando el COT dependía de la zona, es decir, del Cuerpo de Ejército, que da las últimas dos letras a la nominación extendida.

"Son una organización que reglamentariamente puede hacerse para recibir la información y transmitir a las distintas unidades en las operaciones clásicas y también en este caso", declaró en una oportunidad el ex jefe del Cuerpo I del Ejército, Carlos Suárez Mason. Ouviña citó ayer aquella declaración y precisó que, entre otras informaciones, desde los COT se coordinaban las "áreas libres" para actuar en la clandestinidad y sin obstáculos en un territorio. "No había novedad Operativa que no fuera registrada, controlada y centralizada por los Centros de Operaciones Tácticas", señaló.

El "área libre", el ejemplo de la coordinación

El "área libre" fue la muestra palmaria de la coordinación para la represión, porque "liberaba" a los represores para realizar tareas de espionaje, secuestros y asesinatos, sin que, por ejemplo, interviniera la policía -u otra fuerza- para conjurar esas operaciones delictivas. El fiscal valoró que "fue una función de enorme relevancia para la concreción de los delitos que llevó a cabo la asociación ilícita que hemos denominado Operación o Plan Cóndor, dado que garantizaba tanto la ejecución de las actividades de inteligencia que se realizaban en el terreno, cuanto de los operativos de secuestro, independientemente de quienes fueran los ejecutores directos de ellos".

Ouviña describió que, en el esquema zonificado de reparto de poder, los jefes de áreas y subáreas eran quienes estaban "en mejores condiciones para llevar a cabo el control poblacional" y, por esa razón, "tomarían conocimiento inmediato de la ocurrencia de operaciones en el territorio del que eran responsables".

En efecto, Ouviña ejemplificó con legajos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPBA), donde quedaban asentados esos avisos. Un parte informó que desde un teléfono ubicado en el Colegio Militar de la Nación, cabeza del área 490, se dio aviso a la Comisaría 1ª de Tres de Febrero que funcionarios de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) "operarían en la zona delimitida por las calles Av. Justo José de Urquiza, Marcelo T de Alvear, San Martín y Carlos Tejedor".

"Se ve claramente cómo funcionaba la coordinación, porque se trata de un caso en que la Jefatura de Área se comunicó con la Comisaría del lugar, mientras que el operativo estuvo a cargo de personal de la SIDE", razonó Ouviña, quien al introducirse en el tema ponderó la prueba "abrumadora" que existía en la causa sobre este proceder.

A partir de esos elementos, el fiscal concluyó que "todos debían solicitar área liberada: los grupos operativos de la Policía, los de la Gendarmería, de la Armada, del Ejército, de la SIDE, del Batallón 601, etc.", lo cual "demuestra que todos los jefes de Zona, Subzona, Área y Subárea, tuvieron responsabilidad respecto de todos los secuestros y demás operativos realizados en su jurisdicción". Esto fue así, explicó el fiscal, porque "mínimamente aseguraron las condiciones para que esos hechos tuvieran lugar como parte del rol que tenían asignado en la división de funciones del plan sistemático criminal".

En ese sentido, Ouviña se refirió a los centros clandestinos de detención y señaló que cada uno de esos lugares y su "territorio circundante era de por sí un área liberada".

El fiscal también describió, en base a la jurisprudencia de fallos condenatorios a jefes de área, las tareas posteriores a los operativos cuya ejecución garantizaban, como el robo de los bienes, la entrega de niños -en el caso de que no hubieran sido sustraídos- y el envío al cementerio de cadáveres como NN, aunque hubieran sido identificados.

Por otro lado, Ouviña analizó disposiciones y documentos que revelan la participación de personal de las áreas militares realizaba patrullajes, secuestros, interrogatorios y, entre esas actividades, los "famosos lancheos", que "consistían en obligar a un prisionero a recorrer determinados lugares con el fin de que señalara a personas que conocía para que éstas también fueran capturadas".

El fiscal habló de la innegable "función necesaria de todos los jefes" para la concreción del plan criminal y, al respecto, señaló respecto a su participación en los operativos: "Si en algún caso es cierto que no lo hicieron o que personalmente no lo vieron, lo que es seguro es que lo supieron, y aun así continuaron realizando sistemáticamente los aportes necesarios para asegurar que esos hechos tuvieran lugar".

"Ninguno de los acusados en este juicio cumplió con su deber como funcionario y servidor público. Ninguno siquiera renunció a su cargo", completó Ouviña.

La inteligencia y la tortura

Por otro lado, el fiscal señaló la importancia de la inteligencia -"la piedra angular", en palabras del dictador Reynaldo Bignone- para la concreción de las tareas planificadas en la represión ilegal y, en ese sentido, señaló que "de acuerdo a la enseñanza impartida por los franceses en nuestro país, la principal herramienta de la inteligencia, en la doctrina de la llamada 'guerra antisubversiva', es la tortura".

En ese sentido, Ouviña repasó reglamentos, directivas y órdenes militares, como la Orden Parcial 405/76, que dispuso "intensificar la acción antisubversiva además de a través del dominio del espacio público, a través del desarrollo de una persistente y eficiente actividad de inteligencia que posibilite la detección y acción sobre blancos rentables del oponente".

Asimismo, se refirió a los denominados "medios técnicos" con los que contaba el Ejército para llevar a cabo esas tareas: la Jefatura II de Inteligencia, como órgano del Estado Mayor General (EMGE), de la que dependía orgánicamente el Batallón de Inteligencia 601, y por el otro, los destacamentos de inteligencia desplegados en todo el territorio, que dependían orgánicamente de los correspondientes comandos de cuerpo.

No obstante, cada unidad militar contaba con un área de inteligencia en los niveles de zona, subzona y área, que conformaron las denominadas "comunidades informativas" junto a los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad bajo control operacional del Ejército, "así como los servicios de inteligencia de la Armada, de la Fuerzas Área y la propia SIDE".

Además, indicó, "se configuró una comunidad informativa nacional sobre la base de una organización directiva central, integrada por representantes de Inteligencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y las provinciales, la SIDE y los servicios penitenciarios federal y provinciales".

Ouviña señaló que la cantidad de organismos que intervenían en las tareas de inteligencia no significó que "el proceso fuera caótico y descontrolado, o que permaneciera oculto de los responsables territoriales, como algunos de ellos pretendieron hacernos creer. Por el contrario, el sistema represivo fue pensado justamente para permitir la interacción dinámica y constante de todos sus operadores, de modo tal de poder sacar el mayor provecho a cada información obtenida".

"Justamente gracias a la coordinación que existía, y a la existencia de las comunidades informativas, los nuevos secuestros podían producirse en cualquier lugar del territorio nacional, o incluso, gracias al andamiaje proporcionado a través de la Operación Cóndor, en cualquier país integrante de la asociación criminal, donde podían ser ejecutados por personal del mismo grupo que obtuvo la información, o por grupos locales a pedido, o en conjunto", reflexionó el fiscal, que durante su exposición fue asistido por la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky y el equipo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.