" ¿Los acusados pretenden que creamos que tres experimentados oficiales de la Policía Federal, que fueron a secuestrar a uno de los jefes del sector militar de una organización a la que consideraban extremista y sobre quien tenían un profundo conocimiento, no fueron bien preparados? Nadie, absolutamente nadie puede creerlo. Señores jueces: Fueron muy bien preparados, todo lo que pudieron. Planearon el operativo. Eligieron el momento. Eligieron el lugar y dispusieron de los medios adecuados para que no pudieran resistir la concreción del operativo. Señores jueces: No les pensaban dar ni una oportunidad".

El fiscal general Pablo Ouviña cerró así su segunda jornada de alegatos -comenzó el viernes pasado- en el juicio por los crímenes en el centro clandestino de detención (CCD) Automotores Orletti. El representante del Ministerio Público, asistido por la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky y el equipo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, centró su intervención del lunes en probar la responsabilidad de los acusados ex policías federales Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, quienes revistaban en la División de Asuntos Extranjeros (DAE) de esa fuerza, como autores materiales de la privación ilegal de la libertad agravada de Lucía Victoria Grisonas (desaparecida) y en el homicidio agravado de su esposo, Mario Roger Julien Cáceres, durante un procedimiento llevado a cabo en Mitre 1050 de la localidad de General San Martín, provincia de Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976. En la cita que encabeza esta nota Ouviña refiere a tres oficiales, porque incluye al fallecido Roberto Gómez Mígenes.

Julien Cáceres había nacido en Montevideo el 29 de abril de 1943 y Grisonas nació en Argentina, pero desde muy pequeña vivió en Uruguay. Se casaron en 1968. Ambos participaron en la Federación Anarquista del Uruguay y, más específicamente, de su brazo armado, la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR-33). Una vez en Argentina, formaron parte del grupo que fundó en 1975, en el exilio de Buenos Aires, el Partido para la Victoria del Pueblo (PVP). Los miembros de esa fuerza política fueron particularmente perseguidos en nuestro país, no sólo por razones ideológicas, sino porque represores argentinos y uruguayos querían hacerse de los fondos de su financiamiento, unos diez millones de dólares que provenían del pago del rescate por el secuestro de un empresario.

Con un minucioso estudio de pruebas documentales, entre los que exhibió archivos de inteligencia, legajos policiales e informes confidenciales de la fuerza, el fiscal acreditó en la misma línea la actuación de los acusados en el Grupo de Tareas 5 de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que operó en Orletti. Este CCD era uno de los enclaves principales de la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. "Como quedó demostrado en el juicio de Operación Cóndor, durante la década del 70, nuestro país se convirtió, primero en refugio, y muy poco después en la trampa de numerosos ciudadanos latinoamericanos", reseñó el fiscal.

"Se probó que antes del operativo que se investiga en este juicio, ambos imputados intervinieron en el secuestro de más de 190 personas", indicó Ouviña en base al estudio de documentos policiales.

Ouviña puso énfasis en los legajos de los imputados y en la información sobre los reconocimientos que recibieron de sus jefes: "De la lectura de los respectivos informes por los que Nerone y Gutiérrez fueron felicitados, y únicamente tomando en consideración los secuestros que surgen de forma explícita, se probó que antes del operativo que se investiga en este juicio, ambos imputados intervinieron en el secuestro de más de 190 personas". Agregó que la intervención de los ex policías "se extendía también a lo que ocurría con las personas secuestradas una vez que eran llevadas al CCD del edificio de Coordinación Federal".

En efecto, la DAE dependía de la Superintencia de Seguridad Federal, una de las reparticiones de la Policía Federal con mayor inserción en el plan sistemático de represión, también conocida por su nominación anterior, "Coordinación Federal", y por el seudónimo "Coordina", que le dieron tanto víctimas como victimarios.

Dentro de la Policía Federal, la DAE tenía tres tareas al menos desde 1974: intervenía en trámites administrativos relacionados con la situación migratoria de ciudadanos de otros países, custodiaba mandatarios y personalidades extranjeras, y realizaba tareas de inteligencia y operativos para secuestrar a personas migrantes, algunos de las cuales eran llevadas al CCD de Coordinación Federal.

El análisis pormenorizado de los legajos del personal permitió reconstruir a la Fiscalía la ubicación de la DAE en el 9no piso del edificio de la calle Moreno (las constancias del accidente en una escalera de un policía por la falla técnica en un ascensor reveló ese dato) y los nombres de las secciones en las que se organizaba la tarea. Aparecen, por ejemplo, las secciones Migraciones, Prosoviéticos, Asuntos Americanos y "Asia, África y Oceanía" (sic).

La División de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal tenía secciones con nombres como "Migraciones", "Prosoviéticos", "Asuntos Americanos" y "Asia, África y Oceanía".

Ouviña remarcó que una de las tareas que llevaba a cabo el personal de la DAE era la "sistemática" intervención ilegal de casillas postales y de líneas telefónicas, seguimientos, inspecciones y averiguaciones en los domicilios de las personas que luego serían secuestradas. Recordó que la casilla postal era el modo de evitar que esa correspondencia se asociara con el domicilio donde esas personas residían y que por lo tanto era un medio frecuente de comunicación para las organizaciones políticas extranjeras asentadas total o parcialmente en nuestro país. "De ahí -dijo- que la intervención de esas casillas fuera fuente privilegiada de información para la actividad persecutoria del DAE". Una vez detectada información relevante, se realizaban seguimientos para conocer los domicilios, y realizar allanamientos e intervenciones telefónicas.

Nerone y Gutiérrez pertenecieron a la sección Asuntos Americanos de la DAE. "Eran dos importantes agentes de policía, especializados en organizaciones políticas latinoamericanas, y con una larga experiencia en la represión de sus integrantes, tanto en la faz de inteligencia como en la operativa", indicó Ouviña, y remarcó que "no cuentan en sus legajos personales más que con felicitaciones por secuestrar y torturar personas".

Dijo que ambos acusados "se habían ganado su lugar en el plan sistemático de represión" luego de que la Sección de Asuntos Americanos obtuviera la captura de Gerardo Gatti, uno de los más importantes dirigentes uruguayo que residían en nuestro país. Por esa razón, señaló el fiscal, Nerone y Gutiérrez y el fallecido Gómez Mígenes "fueron convocados al GT 5 y participaron tanto de la primera como de la segunda oleada represiva desarrollada contra el PVP en nuestro país". Para la captura de Gatti, fue relevante la intervención de casillas postales. Es por eso que la presencia de los tres policías en el operativo del 26 de septiembre de 1976 en la casa de la familia Julién-Grisonas "no fue una casualidad, ni producto del azar".

El personal de la DAE intervenía ilegalmente casillas postales y líneas telefónicas, y realizaba seguimientos, inspecciones y averiguaciones en los domicilios de las personas que luego serían secuestradas.

La intervención de Nerone y Gutiérrez en Orletti como miembros del grupo de tareas de la SIDE fue acreditada durante el juicio por el testimonio de sobrevivientes -algunos de ellos, miembros del PVP- que reconocieron sus rostros o directamente los individualizaron dentro del centro clandestino.

Y la actuación de los dos acusados y de Gómez Mígenes en el procedimiento que tuvo como víctimas a Julien Cáceres y Grisonas quedó plasmada en un sumario administrativo de la División Retiros y Pensiones de la Policía Federal. En una nota dirigida el 3 de octubre de 1976 al Jefe de la DAE, firmada por el Teniente Coronel Juan Ramón Nieto Moreno, como Jefe del GT5 de la SIDE, se da cuenta de la intervención de los acusados en "los procedimientos que condujeron al desbaratamiento del sector militar de la organización subversiva OPR 33 Orientales”.

En base a ello, el fiscal razonó: "Es decir, aquí Nieto Moreno, Jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Jefe del Grupo de Tareas 5, quien, además, y según tenemos probado trabajaba de manera conjunta con Aníbal Gordon y su grupo, y llegó incluso a reconocer que su departamento producía la inteligencia sobre la cual operaba el grupo a cargo de Gordon en la sede de la OT 1.8 [Orletti] afirma que estos tres policías participaron en los procedimientos que condujeron al desbaratamiento del brazo operativo del PVP".

Y, en ese sentido, Ouviña abundó: "Nieto Moreno no habla de un sólo procedimiento, habla de varios". En efecto, el fiscal rememoró que el desbaratamiento del PVP se produjo con los secuestros -en diferentes operativos- de Adalberto Soba Fernández, Alberto Mechoso Méndez y Julien. "Ocurrieron en ese orden, en forma sucesiva y con horas de diferencia entre sí. Recordemos también que Julién dependía de Mechoso en la estructura celular de ese partido", indicó Ouviña, y recorrió pruebas y documentos que dan cuenta de la intervención del personal de la DAE en los secuestros que antecedieron al procedimiento que tuvo como víctima al matrimonio Julien-Grisonas.

Y en ese sentido, apuntó: "Hemos probado en forma categórica que la presencia de Nerone y Gutiérrez en la casa de Roger Julién y Victoria Grisonas no fue casual. Y que lo que nos dijeron los dos acusados en sus indagatorias sobre su desconocimiento de quiénes eran las víctimas y de lo que iban a hacer en ese lugar, así como que en realidad fueron a un operativo en otro domicilio es, lisa y llanamente, una mentira".