En diálogo con Fiscales, Pablo Camuña, fiscal federal de Tucumán, dijo que “la sentencia que condenó a 16 años de prisión al ex juez Manlio Martínez tiene un impacto histórico”. El representante del MPF aseguró que “el fallo del Tribunal Oral Federal transmite una sensación de fin de la impunidad para ciertos sectores de poder que parecían intocables". Destacó también la decisión conjunta con los jueces Mario Eugenio Garzón y José Fabián Asís de remitir la sentencia y el acta del debate a la ANSES para que, "en base a la constatada irregularidad de la jubilación especial que hasta ahora percibía Martínez se le dé la baja y se la adecue al régimen previsional común".

Martínez cobraba desde los 38 años una jubilación "de privilegio" por su carácter de ex juez federal, con el adicional de la función electoral -que desde luego no ejerció durante la dictadura- sin cumplir con el requisito de antigüedad o edad jubilatoria, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Camuña agregó que “el TOF, considerando antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  y el reciente dictamen de la Procuradora Alejandra Gils Carbó en la causa 'Paolino', determinó que el retiro urdido por la dictadura es a todas luces irregular, e ilegítimo, dirigido a quienes compartieron, colaboraron o encubrieron la concreción de ese plan delictivo, y en modo alguno importa la adquisición de un derecho que lejos está de ser legítimo e irrevocable".
El fiscal afirmó que “teniendo en cuenta lo central del fallo, es decir, la comprobación de que Manlio Torcuato Martínez encubrió desde su cargo en el Poder Judicial de la Nación, el abuso y la vulneración masiva de derechos además de cometer delitos propios del ejercicio de dicha función”.

“Esta consecuencia accesoria de un fallo concluyente en cuanto a la responsabilidad penal de civiles colaboradores con el terrorismo de estado reporta un camino de reparación que se dirige hacia el futuro y que rompe lazos del terror estatal con un estado democrático de derecho cada vez más consolidado”, señaló.

La causa

El ex juez Martínez fue juzgado desde el 12 de marzo pasado por los homicidios agravados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán. También llegó a juicio por la privación ilegítima de la libertad de Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza, quien seis días después de los asesinatos se presentó espontáneamente en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.

Durante los alegatos, Los representantes del Ministerio Público Camuña, Diego Velasco y Agustín Chit describieron la historia de Manlio Martínez en el ejercicio de la magistratura, desde su asunción coincidente con el inicio mismo del Operativo Independencia, la experiencia localizada del terrorismo de Estado que ejecutó el Ejército en el territorio de la provincia de Tucumán en 1975. En ese sentido, refirieron que "la pertenencia y membresía del imputado a la organización criminal a lo largo del terrorismo de Estado tampoco tiene grietas y su solidez probatoria es clara". Chit, al respecto, indicó "todo aquello que vemos simplemente como una donducta posterior" a los crímenes de la calle Azcuénaga "es en realidad la muestra cabal del cumplimiento de la promesa sellada en un pacto anterior a la comisión de los hechos, en este caso el allanamiento ilegal de la morada y los homicidios de los ocupantes".

La condena

El 12 de junio pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a 16 años de prisión al ex juez Martínez, por considerarlo autor de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en el marco de una asociación ilícita.

Los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón determinaron que el ex magistrado, para quien la Fiscalía había pedido 25 años de prisión, resolvieron que tuvo responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán.

El Tribunal también condenó a Martínez como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad, por abuso de las funciones, agravado por grave daño en la persona y a la salud y por superar la misma un plazo mayor a un mes, abuso de autoridad y prevaricato, en el caso que tuvo como víctima a Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza, quien seis días después de los asesinatos se presentó espontáneamente en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.