El fiscal general José Ignacio Candioti requirió este mediodía al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná que condene a 16 años de prisión, inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargos públicos y el pago de las costas del juicio al ex policía provincial Ricardo Atilio Céparo, a quien acusó como autor de la privación ilegítima de la libertad agravada y de la aplicación de tormentos agravada a una mujer en septiembre de 1976.

"No puedo dejar de valorar la magnitud del injusto cometido por Céparo, en razón de que con su accionar ilícito mantuvo en cautiverio durante casi una semana a la víctima y le aplicó un trato degradante e inhumano que le produjo secuelas que perduran hasta el presente", evaluó el fiscal, y remarcó: "La tortura que se le aplicó durante más de un hora fue particularmente alevosa: pasaje de picana eléctrica por la vagina, provocándole que se arqueara del dolor".

El fiscal puso de relieve que la intensidad del sufrimiento fue tal que "la víctima pedía a gritos que la mataran", pues "prefería morir a volver a la sala de torturas" de la Jefatura de Policía.

Los hechos que llegaron a juicio comenzaron el 23 de septiembre de 1976. Ese día, una "patota" de la Policía de Entre Ríos irrumpió en el Sanatorio La Entrerriana, de Paraná, y se llevó detenida por la fuerza y sin orden judicial a la víctima, que trabajaba como enfermera en ese centro de salud. Entre los secuestradores, la mujer y otro testigo calificado -que conocía previamente al acusado de su pueblo natal- reconocieron a Céparo.

En efecto, el representante del MPF evaluó en su alegato "la impunidad del accionar" de Céparo y remarcó que "a plena luz del día, secuestró a una joven de su lugar de trabajo, la condujo hacia la jefatura en pleno centro de la ciudad de Paraná y le aplicó tormentos sobre su cuerpo, mediante la introducción de picana eléctrica en sus genitales, y luego de una semana le dijo que se habían equivocado con ella: que no era una subversiva".

El fiscal remarcó que la intensidad del sufrimiento fue tal que "la víctima pedía a gritos que la mataran", pues "prefería morir a volver a la sala de torturas".

En ese sentido,Candioti consideró acreditado la persecución política de la víctima, el elemento que agrava la aplicación de los tormentos: "la secuestraron y torturaron porque creían que ella tenía información relativa a actividades subversivas", dijo Candioti, y remarcó que en los interrogatorios le preguntaron por otras personas que habían sido secuestradas o estaban siendo perseguidas.

En el final de su intervención, el fiscal señaló que espera que esa impunidad termine "cuando los señores jueces del tribunal apliquen la justicia de la Constitución y condenen por delitos de lesa humanidad al represor Céparo".

En ese sentido, recordó que la víctima durante su testimonio fue preguntada por el tribunal si la presentación de la denuncia de estos hechos en 2012 había sido reparadora y que contestó que "se sintió un poco aliviada, pero por otro lado le había removido todo su dolor".

"Es de esperar -dijo en su alegato-, y confío que así sea, que la reparación anhelada llegue con la sentencia condenatoria".

El juicio a Céparo comenzó el lunes 26 de septiembre y desde entonces declararon una veintena de testigos. En la primera audiencia, la Fiscalía logró que el tribunal aceptara incorporar como prueba la denuncia que la víctima había formulado en 1984 ante la delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que antes no había sido judicializada. "Aquí el testimonio de la víctima ha sido crucial y mantenido a lo largo de todo el proceso, inclusive en su versión datada en 1984", valoró Candioti.

Si el Tribunal, integrado por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango, hace lugar al pedido de condena del fiscal Candioti y de la querella, que también alegó hoy y pidió 21 años de prisión, Céparo será el primer policía de Entre Ríos integrante de un grupo operativo en resultar condenado por crímenes durante la última dictadura.

Si el Tribunal hace lugar al pedido del fiscal y de la querella, Céparo será el primer policía de Entre Ríos integrante de un grupo operativo en resultar condenado por crímenes de lesa humanidad.

Candioti consideró ante los jueces que "Céparo era un engranaje importante en la represión ilegal" y recordó el testimonio de otras tres ex detenidas políticas que fueron sacadas por el acusado de la celda que ocupaban en la Unidad Penal 6 y que les hizo firmar, junto a otro represor, "una declaración que ya venía confeccionada y que no pudieron leer". También tuvo en cuenta que el imputado "fue instruido especialmente en el curso para combatir la subversión" que dictaba la Policía Federal, para el cual había sido enviado por el jefe de la Policía de Entre Ríos.

El fiscal también ponderó el testimonio de un policía, compañero de Céparo, quien aseguró durante el debate que el acusado "estaba vinculado a los detenidos políticos" y que él en cambio no quería saber nada con "ese tema", porque "un buen policía debe dedicarse a perseguir a los delincuentes comunes".

En el final de la jornada, el abogado defensor del acusado José Ostolaza pidió su absolución y fustigó a la víctima y a los testigos. En forma subsidiaria, solicitó que a Céparo lo condenen al mínimo previsto en la ley de tres años de prisión en suspenso. El juicio entró en un cuarto intermedio hasta el 17 de octubre, cuando tendrán lugar las réplicas.

Durante la mañana, antes de que comenzaran los alegatos, el Tribunal notificó a las partes de la respuesta remitida por una fiscalía provincial ante el pedido de informes sobre la denuncia que realizó hace dos años un policía, testigo en este juicio, quien declaró que cuando el juez federal de instrucción lo convocó a declarar en esta causa recibió amenazas telefónicas contra su vida y la de su familia por parte de "un familiar de Céparo" para que se expresara en su favor. El informe de la fiscalía del fuero ordinario de Entre Ríos indica que la causa había sido archivada por error y que fue reabierta.