25 de mayo de 2018
25 de mayo de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Requerimiento de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay
Piden enjuiciar a un ex militar y un ex policía por delitos de lesa humanidad en Concepción del Uruguay
Deberán responder por asociación ilícita, allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, la fiscalía requirió el reexamen médico de otros dos integrantes de las Fuerzas Armadas.

La responsable de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, María Josefina Minatta, requirió la elevación a juicio de la investigación seguida contra un ex integrante de la Policía Federal Argentina, y un ex militar del Ejército Argentino, en orden a los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos, en perjuicio de un grupo de personas que residían en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Además, solicitó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) participe en la reevaluación médica de otros dos imputados, quienes alegaron su imposibilidad de afrontar el juicio debido a su estado de salud.

Según consigna en su requerimiento la representante del Ministerio Público Fiscal, el ex militar formó parte de una asociación ilícita que de modo ilegal realizó allanamientos sin orden judicial el 12 de mayo de 1977, ocasión en la que –mientras festejaban un cumpleaños- se detuvo a dos hombres que fueron trasladados a las instalaciones de la Gendarmería donde fueron torturados y permanecieron privados de su libertad hasta el 25 ó 26 de mayo. Asimismo, también se le imputa el mismo delito, respecto de una tercera víctima que fue apresada en al año 1979.

En relación al ex oficial de la Subdelegación Concepción del Uruguay de la PFA, la fiscal Minatta le imputó la misma conducta que a su consorte de causa, por el hecho ocurrido el 12 de enero de 1978, cuando se detuvo nuevamente a dos víctimas cuando acampaban en el Banco Pelay, y las trasladaron hacia una construcción cercana al Arroyo Colman, donde fueron golpeados y torturados.

Además, la fiscalía tuvo por probada la intervención en los hechos de otros oficiales del Ejército Argentino, respecto de quienes se dispuso la suspensión del proceso dado que alegaron su imposibilidad de afrontar el debate oral en su contra debido a su estado de salud. En virtud de haber transcurrido un año y medio desde que se adoptó tal resolución, la fiscal Minatta consideró que “deviene necesario realizar una nueva evaluación clínica de los imputados, con fines de evaluar la eventual reanudación del proceso penal que se sigue contra ellos” por lo que pidió que se ordenase un nuevo y completo examen médico en el que se autorice la participación de médicos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, que depende de la Procuración General de la Nación.

En virtud de ello, se requirió la elevación a juicio de la investigación, a fin de determinar la responsabilidad de los imputados en los hechos que se les imputan, los cuales constituyen los delitos de allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad y torturas –en el caso del ex militar- y asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y torturas –atribuidos al ex oficial de la PFA-.