Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Hernán Schapiro y Marcelo Molina, solicitaron hoy al juez Federal de esa ciudad, Humberto Manuel Blanco, que requiera a su colega porteña, María Romilda Servini de Cubría, que se inhiba de seguir actuando en la causa en la que se investiga la apropiación del nieto de Estela de Carlotto y la remita para ser incorporada al expediente que tramita en La Plata por el secuestro y homicidio de Laura Carlotto en el centro clandestino "La Cacha".

"A nuestro entender, en las condiciones del presente caso, ni el lugar de nacimiento del niño, ni el distrito donde fue inscripto falsamente son los datos centrales a tener en cuenta, sino que lo que cobra real importancia es el hecho de que la apropiación de Guido Montoya Carlotto (falsamente inscripto como Ignacio Hurban), tuvo como antecedente inmediato, necesario e inescindible el secuestro y privación ilegal de la libertad de su madre, Laura Carlotto, en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha", fundaron los fiscales Schapiro y Molina en su presentación.

En ese sentido explicaron que los elementos de prueba incorporados "revelan que la privación ilegal de la libertad de Laura Carlotto en el referido CCD, su posterior homicidio, y la sustracción de su hijo, se perpetraron en el marco de una unidad histórico-contextual, con lo cual, sólo artificialmente resultarían divisibles".

"Prueba de ello es que después de dar a luz Laura Carlotto fue nuevamente trasladada a La Cacha, por lo que el parto y la sustracción de su hijo constituyen eslabones de una evidente continuidad delictiva", remarcaron.

Al respecto, puntualizaron que, teniendo en cuenta los relatos de "los testigos y los documentos obrantes en la causa, resulta altamente probable que el parto de Laura Carlotto se haya producido en inmediaciones de La Cacha o al menos en algún sitio cercano, lo cual justifica de por sí la acumulación de la presente denuncia a estas actuaciones".

La presentación de los fiscales se dio luego de la denuncia realizada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, ante la Unidad Especializada en Casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el terrorismo de Estado, que coordina Pablo Parenti.

La Unidad Especializada remitió a su vez la denuncia a la Unidad Fiscal de La Plata, que dictaminó en favor de que la investigación continúe en esa jurisdicción.