La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas durante el terrorismo de Estado pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la conservación de expedientes de juzgados nacionales de instrucción de la Capital Federal que estaban destinados a ser destruidos, por su potencial relevancia para la investigación de crímenes de lesa humanidad. Ambos organismos requirieron, además, que la medida se haga extensiva a todas las causas archivadas que se correspondan con el período del terrorismo de Estado.

Las solicitudes fueron formuladas por el titular de la Procuraduría, Jorge Auat, y la fiscal federal María Ángeles Ramos, y por el fiscal general a cargo de la Unidad Especializada, Pablo Parenti, en diferentes oficios remitidos al director del Archivo General del Poder Judicial de la Nación, Augusto José Fernández Pinto. Parenti, además, remitió un oficio al presidente del Corte, Ricardo Lorenzetti, en el que le sugirió el dictado de una acordada que no sólo disponga la prohibición de destrucción sino también la invitación a los tribunales superiores de cada provincia para que adopten medidas similares, tal como ya lo han hecho las cortes supremas bonaerense (2008) y tucumana (2016), y el Tribunal Superior de Córdoba (2005).

Los pedidos formulados a la Corte por ambos organismos de la Procuración General de la Nación señalan que deben preservarse las causas que abarquen el período del terrorismo de Estado. Para casos de apropiación de niños y niñas, el período relevante es el comprendido entre 1974 y 1983, mientras que para el resto de los casos, al menos desde 1972.

Parenti sugirió a Lorenzetti el dictado de una acordada que no sólo disponga la prohibición de destrucción sino también la invitación a los tribunales superiores de cada provincia para que adopten medidas similares.

El 7 de febrero pasado la Corte informó a través del Boletín Oficial que serían destruidos expedientes archivados en catorce secretarías correpondientes  a nueve juzgados de instrucción porteños. Se trata de causas abiertas entre los años 1941 (los más antiguos) y 1982.

"Solicitamos la conservación de todos los expedientes iniciados entre los años 1972 y 1983 atento a que podrían contener datos vinculados a causas en las cuales se investiga violaciones de derechos humanos, hasta tanto puedan ser consultados por este Ministerio Público Fiscal", indicaron Auat y Ramos, y solicitaron "el acceso a la nómina de expedientes incluidos en la disposición, a fin de seleccionar aquellas causas que ameritan una conservación prolongada".

"En función de la trascendencia pública, del potencial valor probatorio y el valor histórico que tales expedientes podrían contener, proponemos establecer un mecanismo de preservación y consulta de carácter permanente al estilo del implementado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", sugirieron, y recordaron que ese tribunal, mediante los artículos 116 y 119 del Acuerdo 3397/2008, dispuso la conservación prolongada de las causas sustanciadas entre los años 1972 a 1983 por homicidio o de causas de muerte dudosa con víctimas no identificadas, hallazgo de restos humanos y habeas corpus interpuestos por desaparición de personas.

Ramos y Auat propusieron al Archivo General del Poder Judicial de la Nación un mecanismo de preservación y consulta de carácter permanente.

Abocado a la investigación de casos de apropiación de niños y niñas, Parenti por su parte viene recopilando documentos en diferentes jurisdicciones que permitan abordar ese fenómeno criminal a partir de otros criterios de búsqueda. En su solicitud al presidente del máximo tribunal, refirió: "entiendo que al menos deberían incluirse los expedientes penales y también todos aquellos vinculados de alguna manera con el sistema de minoridad: legajos de hallazgos de menores no identificados (NN), legajos de guardas temporales, legajos o expedientes de adopción simple o plena, legajos de inscripción tardía de personas con autorización judicial, las rectificaciones de nombre, acuerdos con organizaciones de la sociedad civil y con organismos públicos vinculados al acompañamiento de menores en estado de adoptabilidad en situación de presunto abandono, registros de hogares dependientes de juzgados y expedientes tutelares, así como todo expediente que el máximo tribunal que Ud. preside considere de interés para esta labor".

En esa línea, señaló que "resulta inseguro poder definir a priori cuáles expedientes -definidos por materias o fueros- podrían resultar útiles y cuáles no para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, dado que eso depende de cada investigación en concreto. Es por ello que entiendo que debería considerarse la posibilidad de disponer la preservación de todos los expedientes judiciales iniciados entre los años 1974 y 1983, más allá de su objeto y del fuero en el que hayan tramitado".

En su solicitud, Parenti recordó que el año pasado la Corte Suprema de Tucumán a través de su acordada 28 creó un grupo de trabajo para realizar "un relevamiento exhaustivo de expedientes tramitados entre 1975 y 1983" de guardas temporales, adopciones e inscripciones tardías de niños y niñas en los Juzgados de Familia y Sucesiones del Fuero Civil del Poder Judicial de esa provincia, con el objeto de "colaborar y articular" la búsqueda de niños y niñas apropiadas con la Unidad Especializada en esos casos y con la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El primer tribunal del país en disponer medidas de este tenor fue el Superior de Córdoba. El 16 de febrero de 2005, a través del acuerdo 43, Serie A, ordenó la suspensión de la destrucción de expedientes archivados por los juzgados de instrucción y fiscalías entre 1976 y 1985. Señaló que la información obrante en esos expedientes "puede resultar de interés como prueba en los juicios por violaciones a los derechos humanos". Posteriormente, y por iniciativa de la fiscal federal Graciela López de Filoniuk, amplió la decisión y la hizo extensiva a todos los expedientes y sin el límite temporal que se había establecido originalmente. En el Superior Tribunal de Córdoba funciona desde hace años una oficina abocada específicamente a casos de identidad, para cuya actividad trabaja con expedientes de guarda y adopción, entre otros, incluyendo expedientes de esos años.

Los documentos a destruir

La acción de la Unidad Especializada y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad fue consecuencia de la noticia de la destrucción de los siguientes expedientes judiciales correspondientes a los juzgados nacionales de primera instancia de instrucción:

- N°4, Secretaría 111, de 1969 a 1977;
- N°5, Secretarías N°114, de 1941 a 1978, y Secretaría N°116, de 1954 a 1963;
- N°7, Secretaría N°120, de 1956 a 1982 y Secretaría N°121, de 1959 a 1979;
- N°8, Secretaría N°123, de 1950 a 1977;
- N°13, Secretaría N°140, de 1960 a 1975;
- N°14, Secretaría N°143,  de 1953 a 1970;
- N°15, Secretaría N°144, de 1958 a 1981, y Secretaría N°159, de 1966 a 1972;
- N°27, Secretaría N°124, de 1958 a 1971;
- N°28, Secretaría N°122, de 1954 a 1971, y Secretaría N°142, de 1961 a 1968;
- N°31, Secretaría N°119, de 1944 a 1978.