La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de La Plata –a cargo de los fiscales generales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y el fiscal ad-hoc Juan Martín Nogueira- requirió al Juzgado Federal N°1 de La Plata, la elevación a juicio de la investigación seguida contra quince ex militares y un ex policía, acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 106 víctimas que pasaron por la Comisaría 8va de La Plata durante la última dictadura cívico militar.

Los 16 acusados de esta causa eran miembros de las cúpulas del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y de la comisaría 8^va, ubicada en la intersección de las calles 7 y 74, en el sur de la capital bonaerense.

El Regimiento 7 fue la sede de la jefatura del "Área 113", desde donde se comandó la represión ilegal en la ciudad y la zona de influencia. Los imputados que integraron esa unidad militar son los ex oficiales de Operaciones, Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, los ex oficiales de Personal Enrique Welsh y Rubén Vicente Sánchez, los ex oficiales de Logística Héctor Reynaldo Amuchástegui y Enrique Armando Cicciari, y los ex oficiales de Inteligencia Alberto Jorge Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs.

En tanto, los imputados que integraron el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército -dependencia que comandó el espionaje de la represión ilegal en la región- son los ex oficiales Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Ricardo Armando Fernández, Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale. Finalmente, está imputado el ex comisario de la seccional 8^va, Rubén Rodolfo Sabich.

"Condiciones inhumanas"

En la acusación, los fiscales indicaron que la comisaría 8^va fue un centro clandestino de detención que, en la mayoría de los casos, funcionó como escenario para el reconocimiento público por parte de la dictadura de las detenciones ilegales, en el caso de los sobrevivientes. "La particularidad de este lugar de detención se dio por ser un paso intermedio entre la total clandestinidad de la que la mayoría de los detenidos provenían, al blanqueo que se daba al poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a las personas y remitirlas a unidades penitenciarias o liberarlas (con excepción de quienes fueron asesinados). En ese contexto los detenidos eran anotados en los libros de la Comisaría que también eran usados para anotar a detenidos comunes que estaban a disposición de jueces en el marco de causas judiciales", precisaron y resaltaron que los presos políticos aparecían consignados en los libros policiales -que forman parte de la prueba documental- "a disposición del Área 113", nombre y número que recibió la región de La Plata en la división territorial castrense.

Asimismo, los fiscales remarcaron que "las víctimas permanecían en la Comisaría Octava bajo condiciones inhumanas de detención, sufriendo padecimientos físicos y psíquicos, inescindibles de la propia situación de cautiverio en la que se encontraban".

También señalaron que seis de las 106 víctimas fueron asesinadas. En cinco de esos casos, los cuerpos aparecieron en la vía pública después de que se asentara en los libros policiales que esas personas habían sido liberadas. En el restante, se simuló la escena de un suicidio por ahorcamiento en una de las celdas.

Con diferencias para cada imputado, los representantes del MPF les imputaron la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones agravada y homicidio calificado, ambos tipos penales del derecho interno considerados en la legislación internacional aplicada al caso "como delitos contra el Derecho de Gentes, en particular como Crimen de Genocidio o delitos de Lesa humanidad de manera alternativa".

Tras correr traslado a la defensa, el juez federal interviniente elevará las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, donde ya están acumuladas otras once causas por crímenes de lesa humanidad a la espera de la realización del correspondiente juicio oral.