El fiscal general de La Plata Marcelo Molina y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira requirieron la elevación a juicio de 15 ex militares, dos ex funcionarios civiles bonaerenses y tres ex policías por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 252 víctimas en el denominado Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires.

Los fiscales presentaron el pedido el 5 de noviembre pasado ante el titular del Juzgado Federal N°3, Ernesto Kreplak. "El objeto de este requerimiento está referido a distintos hechos que se relacionan con la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violencia sexual, homicidios y la sustracción, retención y ocultamiento de las víctimas, todos integrados al plan criminal implementado durante la última dictadura", indicaron los miembros de la Unidad Fiscal que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata.

Es la primera vez que, en esta instancia, esa Unidad Fiscal acusa por delitos sexuales, porque hasta ahora venía ampliando por esos hechos en el marco de los debates orales y públicos. De esta manera, los imputados llegarán a juicio formalmente intimados por esos crímenes. Molina y Nogueira reseñaron los testimonios de víctimas sobrevivientes y de testigos de diversos hechos y concluyeron que "la violencia sexual fue parte del conjunto de crímenes cometidos en el CCD". En esa línea, sostuvieron que su "persecución penal, cualquiera sea el encuadramiento típico que se les otorgue, es imprescriptible".

El requerimiento de elevación a juicio incluye al ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y a su entonces secretario de Gobierno -devenido en juez federal durante el Estado de derecho-, Juan María Torino, ambos acusados en función de su rol de contralor sobre la Policía bonaerense.

También, integran la nómina de acusados el ex director general de Investigaciones de la Policía provincial, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Bergés, y el ex comisario y segundo jefe de la División "Delitos contra la Propiedad", que funcionaba en la sede del centro clandestino, Enrique Augusto Barre.

Entre los militares que llegarán a juicio se destaca el caso del ex prófugo miembro del Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, Ricardo Luis Von Kyaw, quien fue deportado de Panamá cuando las autoridades de ese país lo descubrieron con documentación falsa y fue  detenido al pisar el Aeropuerto de Ezeiza.

La nómina castrense se completa con el sub jefe del Comando de la Subzona 11, Héctor Humberto Gamen, el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, asiento del Área militar 112, Federico Minicucci, y los siguientes ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101: el capitán de Caballería, Miguel Ángel Amigo; el capitán de Infantería a cargo de la Central de Reunión y luego jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; los jefes de Contrainteligencia y del Grupo de Actividades Especiales, Roberto Armando Balmaceda y Ricardo Armando Fernández; el oficial de la Sección Central de Reunión, Gustavo Adolfo Cacivio; el jefe de la Sección Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; el jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; los capitanes Carlos Gustavo Fontana, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Anselmo Pedro Palavezzati; el jefe de la Sección Central de Reunión, Emilio Alberto Herrero Anzorena; y el segundo jefe del Destacamento, Antonio Herminio Simón.

El Pozo de Banfield

La causa elevada a juicio complementará otra requerida tiempo atrás sobre crímenes en ese centro clandestino, pero por menos cantidad de imputados. La fiscalía pidió que ambos expedientes se unifiquen para realizar en el futuro un único debate oral.

El Pozo de Banfield funcionó en esa localidad del distrito bonaerense de Lomas de Zamora, en la esquina de Siciliano y Vernet, en un enorme edificio que fue sede de diferentes organismos de la Policía provincial: la Brigada de Investigaciones, y las divisiones del área metropolitana de las direcciones de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia. Es decir, era un centro de enlace policial en el Conurbano.

Los calabozos y oficinas de ese lugar fueron escenario de torturas, asesinatos y partos clandestinos. "Allí no sólo daban a luz las detenidas que estaban alojadas en este C.C.D. sino que también trasladaban a detenidas de otros centros clandestinos exclusivamente a esos fines", señalaron los fiscales. Entre otros casos, el lugar cobró notoriedad porque allí fueron vistos por última vez los estudiantes secundarios secuestrados en los episodios conocidos como La Noche de los Lápices.

Allí, también la fallecida sobreviviente Adriana Calvo debió limpiar la oficina donde el médico Bergés le extrajo la placenta luego de que hubiera dado a luz arriba de un patrullero cuando era trasladada desde el centro clandestino de la comisaría 5ª, en La Plata.

Los acusados que llegaron a juicio por estos hechos en función de los roles que ocupaban en el esquema represivo. Por su ubicación geográfica, el Pozo de Banfield dependía del área militar 112, con sede en el Regimiento de La Tablada, que a su vez estaba inserto en la subzona 11, que ejercía su jefatura desde La Plata.

En esa ciudad también estaba enclavado el órgano que lo asistía en materia de espionaje, el Destacamento de Inteligencia 101. Por la organización represiva, las dependencias policiales estaban subordinadas al Ejército. El director de Investigaciones policial, Miguel Etchecolatz, era uno de los jefes de los cuales dependía el centro clandestino. Su estrecho colaborador y médico Bergés era un asiduo concurrente al lugar y el comisario Barré tenía allí su despacho.