El fiscal General subrogante de Neuquén, Adrián García Lois, requirió ayer la elevación a juicio para el ex jefe de Inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI, Oscar Lorenzo Reinhold, y el ex jefe de Personal de la misma unidad militar, Luis Alberto Farías Barrera, por los homicidios de seis militantes populares que permanecen desaparecidos desde los primeros meses de la última dictadura cívico-militar. "Los hechos incluidos en esta elevación parcial a juicio se encuentran vinculados y fueron parte de un operativo para detener el accionar político de algunos militantes barriales. El barrio Sapere era, junto con el barrio Bouqet Roldán, una 'preocupación' para la Comunidad Informativa, en lo que respecta al funcionamiento de comedores y comisiones vecinales", indicó García Lois en su presentación ante el titular del Juzgado Federal N°2, Gustavo Villanueva.

De esa forma, el fiscal puso el énfasis en la persecución de la inteligencia castrense contra José Francisco Pichulman, Celestino Aigo, Miguel Ángel Pincheira, Javier Seminario Ramos, Orlando Cancio y José Delineo Méndez, las víctimas desaparecidas por cuyos asesinatos fueron acusados Reinhold y Farías Barrera.

García Lois señaló que los acusados "ocultaron todo rastro sobre el destino dado a Pichulman, Aigo, Pincheira, Cancio, Seminario Ramos y Méndez, como deliberada metodología paralizante, albergando sus familiares siempre la esperanza de que, algún día, pudieran aparecer con vida".
García Lois acusó a Reinhold y Farías Barrera como coautores por el dominio funcional del hecho por el delito de "homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía atento el estado de indefensión de las víctimas, con el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad de los delitos precedentes". Además, evaluó que "la prueba reunida y el paso de casi 40 años sin ningún tipo de noticias e indicios que permitan sospechar que estas seis víctimas desaparecidas se hallen con vida, resultan suficientes no sólo para afirmar que las mismas están muertas, sino que dicha muerte fue determinada a partir de haber sido captadas por el sistema represivo instaurado en nuestro país en la última dictadura".

El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida e indicó que, "encima, se debieron esperar más de 35 años para poder asistir a sus juzgamientos, con la dificultad probatoria que ello acarrea luego de tanto tiempo, merced a la tremenda presión corporativa ejercida por los imputados y sus entonces camaradas, que llegaron incluso a poner en riesgo al propio sistema democrático del país".

Los dos imputados eran, por el cargo que ostentaban, integrantes del estado mayor de la Brigada de Infantería de Montaña VI con sede en Neuquén, y en esa calidad estaban en los eslabones más encumbrados de la cadena de mando militar en la subzona 52, donde el 5 corresponde a la nominación del Cuerpo del Ejército V con sede en Bahía Blanca y el 2 refiere a la región dominada por la Brigada de Infantería.

La responsabilidad de Reinhold y Farías Barrera en los secuestros y tormentos a las seis víctimas fue acreditada por el Tribunal Oral en lo Criminal de esa ciudad en la sentencia dictada el 7 de agosto de 2012, por la cual los jueces ordenaron que comenzara a investigarse la participación de los imputados en los homicidios. Aquel desprendimiento de la causa que terminó en condena por privación ilegal de la libertad y tormentos es el que ahora llegará a debate oral y público por los asesinatos.

En esa línea, García Lois puso de relieve que "tanto Reinhold como Farías Barrera, quienes –como miembros del Estado Mayor- desempeñaban cargos de conducción de dicha unidad militar, dispusieron de las vidas de las seis víctimas". En efecto, el fiscal consideró probado que Reinhold "realizó el procedimiento de reunión de información que posibilitó la adquisición de los futuros blancos", es decir, las seis víctimas, y que además firmó la orden para los traslados de algunas de ellas desde cárceles federales a centros clandestinos que funcionaban en unidades militares. Farías Barrera, por su parte, intervino en la operación de traslado en la que fueron vistas por última vez cuatro de las seis víctimas.

De 1975 a 1976

"Los hechos aquí involucrados fueron perpetrados luego del mes de noviembre del año 1976, precedidos por el cautiverio y aplicación de tormentos a las víctimas, en distintos centros clandestinos de detención de la región, tales como la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal con asiento en la ciudad de Neuquén, el centro denominado 'La Escuelita', situado en terrenos pertenecientes al Ejército Argentino, contiguos al Batallón de Ingenieros 181 de Neuquén, la Unidad 5 del Servicio Penitenciario Federal con asiento en la ciudad de General Roca –Río Negro- y la Unidad 6 del S.P.F., ubicada en la ciudad de Rawson, provincia de Chubut", describió García Lois.

Pichulman, de nacionalidad chilena, fue secuestrado el 12 de agosto de 1976 en su casa del barrio Sapere, mientras que a Aigo se lo llevaron de su casa cuatro días más tarde.
"La falta de noticias sobre el paradero y/o destino de José Francisco Pichulman y de Celestino Aigo con posterioridad a sus secuestros, y el contexto en que tuvieron lugar permite concluir fehacientemente que con fecha indeterminada, pero cercana a la de los hechos fueron ultimados a manos de las mismas autoridades que dispusieron su detención ilegal", argumentó el fiscal García Lois.

Orlando Cancio y Javier Seminario Ramos fueron secuestrados un año antes, el 21 de agosto de 1975, en la víspera de un homenaje a los asesinados en la masacre de Trelew del 22 de agosto de 1972. Seminario recuperó la libertad al día siguiente, pero cuatro días más tarde, el 26, fue otra vez detenido. Desde entonces, permaneció junto a Cancio privado de la libertad a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y pasaron por distintas cárceles del sur del país, desde donde fueron trasladados temporalmente a centros clandestinos para ser torturados.

Miguel Ángel Pincheira, trabajador de YPF, fue secuestrado el 14 de junio de 1976 de su domicilio de Cutral-Co. Fue traladado al CCD "la Escuelita", de Bahía Blanca, y su derrotero continuó a partir de julio por diferentes centros legales e ilegales de detención de Neuquén y General Roca, hasta que fue enviado a la cárcel de Rawson.

José Delineo Méndez, en tanto, había trabajado en la destilería de Plaza Huincul "Mackke Techint", militaba en la Juventud Peronista y colaboraba en trabajos barriales organizados por la Iglesia Católica. Al momento de su secuestro, el 14 de junio de 1976, se encontraba realizando el Servicio Militar Obligatorio en Junín de los Andes. Aquel día, fue "metido en un calabozo donde permaneció cuatro noches" y luego fue enviado al Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 de Neuquén. Allí, fue interrogado y torturado. En ese contexto, un decreto del PEN ordenó su arresto y fue trasladado a la Unidad 9 de aquella ciudad, primero, y posteriomente, a la Unidad 6 de Rawson, el último destino en el que fue visto con vida.

El 3 de noviembre de 1976, pasado el mediodía, Cancio, Seminario Ramos, Pincheira y Méndez fueron retirados de la Unidad 6 de Rawson por una comitiva militar a cargo de Farías Barrera, quien comandó el procedimiento. El objetivo alegado fue trasladarlos al V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca.

El fiscal García Lois remarcó que se desconocen los paraderos de las víctimas "por lo que se estima que en esa jornada del 3 de noviembre de 1976, o con posterioridad, sus ejecuciones se consumaron tras sus retiros de dicho establecimiento penitenciario, siendo ultimados por orden de los mandos que dispusieron su detención, esto es las autoridades del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña".

El hermano de José Francisco Pichulman, Juan Raúl, también está desaparecido desde enero de 1977, pero ese caso no forma parte de la elevación a juicio.