El fiscal federal Federico Delgado requirió la elevación a juicio del ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la última dictadura, Juan Alfredo Etchebarne (76 años), del coronel retirado Francisco Obdulio D’ Alessandri (84) y del ex agente de inteligencia del Ejército, Raúl Antonio Guglielminetti (73), por los secuestros y las torturas a los que fueron sometidos 28 integrantes de los grupos económicos Chavanne y Grassi, a quienes la dictadura vinculó con maniobras del lavado de dinero de la organización Montoneros y persiguió mediante los ilegales métodos considerados crímenes de lesa humanidad.

La acusación fue formulada por el fiscal el 10 de diciembre pasado ante el juez federal Daniel Rafecas, quien instruye la causa por la represión ilegal durante el terrorismo de Estado en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, y que ahora, tras correr traslado al resto de las partes, deberá elevar la causa a juicio oral y público.

El fiscal entendió que Etchebarne "realizó un aporte indispensable" en la privación ilegal de la libertad y los tormentos de las víctimas, porque "fue él quien promovió el despliegue del accionar represivo con el que después colaboró para que puedan llevarse a cabo las privaciones de la libertad y los interrogatorios". En ese sentido, lo sindicó como cómplice necesario de los delitos, mientras que D' Alessandri y Guglielminetti fueron imputados en su carácter de autores directos, por haber integrado el grupo de tareas creado por el fallecido jefe del Cuerpo I del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason.

En efecto, en el requerimiento de elevación a juicio Delgado resalta las diferencias de estos hechos en relación con otros crímenes de lesa humanidad que formaron parte del plan criminal de la dictaudra. "En el que nos ocupa la conformación del 'equipo de trabajo' o 'grupo de tareas' surgió para una investigación realizada por la propia Comisión Nacional de Valores que derivó en una denuncia penal. Esa denuncia si bien recayó en el Juzgado Federal N°2, fue remitida inmediatamente al Comandante del Cuerpo Primero del Ejército para que investigue la intervención del Banco de Hurlingham y la compra de dicha institución bancaria por parte de Juan Chavanne y sus socios", precisó Delgado.

Según fue acreditado en la investigación, los secuestros y las torturas de los 28 miembros de los dos grupos económicos fueron la consecuencia de una denuncia penal presentada por la CNV en base al "manto legal" que le brindaron las leyes represivas 20840 y 21460, para juzgar a las víctimas por "subversión económica". Delgado explicó que el objetivo de la denuncia fue "investigar" el grupo Chavanne-Grassi y "sus nexos con el grupo 'Graiver'", con el objetivo de "'recuperar' el dinero", unos veinte millones de dólares, que "'montoneros' habría obtenido por el pago del rescate de los hermanos Juan y Jorge Born (directivos de la firma 'Bunge & Born')".

"Se presumía que ese dinero ligaba al grupo Graiver con el Banco de Hurlingham y la compra de esa entidad por parte de Juan Chavanne y sus socios, en función de un retiro de capital de 10 millones de dólares de 'Industrias Grassi'", señaló Delgado.

El fiscal indicó que el uso dado a las dos leyes invocadas en la denuncia por la CNV -la primera, destinada a describir una amplia gama de "actividades subversivas", y la segunda, que validó la intervención de las Fuerzas Armadas en la realización de "prevenciones sumariales", es decir, en la investigación de esos hechos- permitió "formar un grupo de tareas mixto entre las Fuerzas Armadas y la Comisión de Valores".

"Ningún tipo de formalidad ni registro legal"

Los hechos que derivaron en los secuestros comenzaron el 31 de agosto de 1978, cuando Etchebarne, en su carácter de presidente de la CNV, acusó ante Suárez Mason a los grupos económicos “Chavanne” y “Grassi” de haber cometido delitos de “subversión económica” y presentó la denuncia en el fuero federal.

Aquella presentación, señaló Delgado, "dio lugar a la prevención militar que permitió al grupo de tareas concretar las primeras privaciones ilegales de la libertad que no respetaron ningún tipo de formalidad ni registro legal". Los secuestros comenzaron el 13 de septiembre de 1978 y finalizaron el 22 de diciembre de ese mismo año, cuando todos los detenidos vinculados a los grupos económicos Chavanne y Grassi fueron “legalizados”, es decir, sacados de la clandestinidad y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Pese a que las detenciones siguieron, el período establecido entre aquellas dos fechas es el que forma parte del objeto de esta causa.

De acuerdo con la sentencia del Juicio a las Juntas, en el que los comandantes de la dictadura fueron juzgados por estos hechos, René Carlos Alberto Grassi y Juan Claudio Chavanne -principales objetivos del grupo de tareas- fueron puestos en libertad a fines de enero de 1979, aunque la causa contra ellos siguió abierta hasta septiembre de 1981.

Los 28 secuestrados, encabezados por Chavanne y Grassi, fueron confinados en su mayoría en la cárcel de encausados de Campo de Mayo, que funcionó como centro clandestino de detención en la guarnición militar de esa localidad del partido bonaerense de San Martín, en el norte del gran Buenos Aires.

La primera de las víctimas del accionar desplegado por el grupo de tareas fue René Grassi, quien en ese momento dirigía Industrias Siderúrgicas Grassi (ISG) y presidía el Banco de Hurlingham, cargo que -explicó el fiscal- "habría ocupado como garantía del crédito concedido por ISG a Juan Claudio Chavanne para la compra de dicho Banco a la sucesión de David Graiver", el empresario argentino fallecido en 1976 en un incidente aéreo en México.

Cuando Grassi comenzó a presidir el Banco de Hurlingham, un par de meses antes de los secuestros, el 11 y 13 de julio de 1978, las sedes de ISG radicadas en Rosario y Buenos Aires fueron inspeccionadas y allanadas por la CNV. Esa situación desembocó en una denuncia contra Etchebarne ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Nueve días más tarde, la CNV resolvió suspender preventivamente por treinta días la cotización de las acciones de ISG en la Bolsa de Comercio y completó la persecución con la presentación de la denuncia judicial el 31 de agosto.

El grupo de tareas

De acuerdo con la investigación, tras la presentación de la CNV Suárez Mason designó como jefe del grupo de tareas al fallecido coronel Roberto Leopoldo Roualdes, quien por entonces era segundo comandante y jefe de la Plana Mayor de la Subzona Capital Federal. La banda fue integrada por los coronelaes Francisco Obdulio D´Alessandri y Raúl Alberto Gatica (fallecido), ambos también de la misma subzona; el Comandante de la Gendarmería Nacional Víctor Enrique Rei (fallecido); y el agente civil de Inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, "quien hasta donde se pudo verificar intervino en algunos de los operativos de detención ilegal", explicó Delgado. En este esquema, añadió, Etchebarne "estuvo involucrado no sólo en la denuncia que impulsó la creación de este grupo, sino también en varios de los interrogatorios que se realizaron a los detenidos en el centro clandestino de detención".

El fiscal puntualizó que la creación y el funcionamiento del grupo "tuvieron una sola finalidad: obtener información sobre el dinero que se habría pagado por la liberación de los hermanos Juan y Jorge Born".

Al analizar los móviles de estos crímenes, el fiscal citó un informe de la actual Dirección de Derechos Humanos de la CNV, incorporado a la causa, en el cual se explica que los hechos respondieron a dos motivos que se cruzan: "La represión contra grupos económicos se ha llevado a cabo por la racionalidad del terrorismo de Estado y la propia racionalidad, intereses, de los miembros de los grupos de tareas o funcionarios de organismos de la estructura económica del país. Así, este ensayo de respuesta debería contemplar también el cruce de los objetivos del estado terrorista con los objetivos personales de los individuos que formaron parte de este”.