El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas resaltó la política criminal de designar fiscales ad hoc especializados para las causas por crímenes contra la humanidad y mostró su "preocupación" por el cuestionamiento que han recibido fiscales como Pablo Pelazzo, cuya separación de las causas en las que se investiga al empresario Pedro Blaquier fue ordenada recientemente por la Cámara Federal de Salta.

Aquél órgano, encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas la personas contra las desapariciones forzadas, formuló el pronunciamiento al dar a conocer las observaciones al informe realizado por el Estado Argentino. El informe fue tratado durante una reunión en Ginebra el 4 y 5 de noviembre pasados.

"El Comité reconoce la labor de los fiscales en la investigación de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura; sin embargo recibe con preocupación la noticia de que algunos fiscales con amplia experiencia en casos de desaparición forzada hayan sido relevados de su función", indicó el organismo en el parágrafo 18 de las observaciones.

Sin otra referencia, el Comité citó en el contexto de esa afirmación el articulo 12 de la Convención, que estipula "la protección" de quienes participen en la investigación de casos de desaparición forzada y ordena que cada Estado tome "las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones".

Es decir que, para el Comité, la ofensiva contra la figura de los fiscales ad hoc podría comprometer el compromiso del Estado argentino de garantizar la investigación y el juzgamiento de estos casos.

A continuación, el organismo recomendó a nuestro país que "en razón de su gran complejidad, la investigación de los crímenes de desaparición forzada se encuentre a cargo de órganos especialmente capacitados, en particular que las fiscalías cuenten con la debida especialización y experiencia en la investigación de éstos delitos" (parágrafo 19 de las observaciones).

La observación del Comité respecto de la situación de los fiscales ad hoc es una preocupación que los propios miembros del organismo habían manifestado a la delegación argentina en ocasión de realizarse las audiencias a principios de este mes.

En la comitiva argentina participó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, quien por entonces había podido palpar la inquietud del organismo internacional: "Tuvieron una opinión conceptuosa sobre la política argentina en materia de derechos humanos, fundamentalmente en la investigación de los crímenes de la dictadura y lo que se construyó a partir de allí; y manifestaron su preocupación por la situación de los fiscales ad hoc. Nos llamó la atención el grado de información que tenían sobre el estado de las causas, lo cual marca que en la agenda del Comité miran a Argentina y están siguiendo con expectativa el desarrollo de estos procesos", había evaludado el fiscal a su regreso de Ginebra.

Elogios y preocupación por casos actuales

Las observaciones del informe del Comité se extienden a lo largo de 45 parágrafos, cada uno de los cuales constituye una "recomendación", una "observación", "exhortaciones", un elogio o una crítica a la implementación y el respeto de las obligaciones emanadas de la Convención.

"El Comité acoge con beneplácito la información recibida por el Estado parte relativa a los avances en las investigaciones y enjuiciamiento de personas responsables de delitos de desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar", refirió, aunque expresó su "preocupación por la existencia en la actualidad de nuevos casos de desaparición forzada que hacen víctimas, particularmente, a personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social; estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad".

En ese sentido, el Comité reclamó "reformas institucionales en el seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías responsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sancionados".

También criticó "las condiciones en que las víctimas y testigos deben comparecer a prestar testimonio, en muchos casos traumáticas y revictimizantes", tal como ha sido denunciado recientemente en casos de crímenes contra la humanidad por un fiscal porteño y otro rosarino.

En la misma línea, el Comité citó "el caso ejemplar de desaparición forzada del testigo Jorge Julio López, aún no esclarecido, que sigue teniendo en la actualizad un efecto intimidatorio sobre otros posibles testigos". Es el único caso que el organismo mencionó con nombre y apellido y aquí también citó el artículo 12 de la Convención, que prevé la protección de los testigos.

Por otro lado, el Comité recomendó la adopción de "una disposición legal expresa en virtud de la cual se establezca un mecanismo que garantice que las fuerzas de seguridad de las que se sospeche han cometido una desaparición forzada no participen en las investigaciones de la misma y que se adopten todas las medidas que resulten necesarias para asegurar que esta garantía será observada en todas las investigaciones".

Privados de la libertad

El Comité asimismo requirió que el Estado "adopte todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, para asegurar que toda persona detenida en el territorio nacional sea sometida a un control judicial inmediato".

Y, en ese sentido, requirió "todas las medidas necesarias" para "establecer que todos los traslados estén sometidos a un control de la autoridad judicial y se realicen siempre con conocimiento del abogado y de los familiares o allegados del interno".

En igual sentido, organismo "exhorta al Estado parte para que adopte todas las medidas de inspección y control que resulten necesarias para prevenir la realización de los traslados ilegales, así como que se sancione adecuadamente la realización de estas prácticas", las que se encuentran en el foco de atención de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), a cargo del fiscal Abel Córdoba.

Asimismo, el Comité requirió el diseño de "un protocolo de actuación uniforme y un sistema de control equivalente para todos los centros, en todo el territorio nacional, donde se encuentren personas privadas de libertad" y que se implemente "de manera urgente" un registro informatizado de detenidos.