29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Documento elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
Prisión domiciliaria: guía para evaluar la concesión y el control de su cumplimiento en casos de lesa humanidad
El trabajo puntualiza las circunstancias a tener en cuenta para evaluar la procedencia del beneficio, la producción de medidas para obtener información en forma previa a dictaminar, recomendaciones para el control de su cumplimento y los supuestos que habilitan la vía del recurso.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un documento para fiscales que intervienen en este tipo de procesos en todo el país con "una serie de pautas sobre buenas prácticas aplicables al momento de evaluar la concesión de la detención domiciliaria y el control de su cumplimiento".

El trabajo, titulado "La detención domiciliaria en causas por crímenes contra la humanidad" aborda diferentes tópicos:

1) Las circunstancias relevantes que deben ser tenidas en cuenta al evaluar la procedencia de los diferentes supuestos que habilitan la concesión de la detención domiciliaria y la adecuación de las acciones del MPF;

2) La importancia de producir información necesaria de forma previa a dictaminar respecto de la concesión del beneficio solicitado y la intervención de los organismos técnicos o profesionales especializados en las distintas disciplinas que correspondan según el caso;

3) Las medidas mínimas que deben efectuarse para el control del cumplimiento de la detención domiciliaria;

4) Y el principio general que habilita la vía recursiva ante una decisión contraria a los criterios fijados por el MPF con relación a la concesión de la detención domiciliaria.

En el documento, la Procuraduría destaca que más del 40 por ciento de los detenidos por crímenes de lesa humanidad se encuentran en domiciliaria, tanto ecomo modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva como de la ejecución de la pena en el caso de condenados.

El documento recuerda que la Procuración General ha dictaminado -con el consecuente aval de la Corte Suprema- que la detención domiciliaria "implica una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado y, desde esta perspectiva, un incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia y de que el Estado, en consecuencia, no logre cumplir su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de delitos de lesa humanidad".

En ese sentido, el trabajo señala que "el Estado tiene la obligación internacional de impedir que la imposición de la restricción de la libertad conlleve un trato cruel, inhumano o degradanet ni afecte a otros derechos fundamentales de las personas".

"Frente a esta tensión, este documento ofrece una serie de pautas sobre buenas prácticas aplicables al momento de evaluar la concesión de la detención domiciliaria y el control de su cumplimiento", sostiene el trabajo.