El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Álvaro Coleffi, procesó hoy por encubrimiento agravado y desobediencia al arzobispo de esa ciudad, Guillermo José Garlatti, al considerar acreditado que prestó asistencia al ex capellán del V Cuerpo de Ejército, Aldo Vara, mientras estuvo prófugo imputado por crímenes de lesa humanidad y porque, además, ocultó información que podría haber permitido hallar al sacerdote. La medida alcanzó también al empresario local Leopoldo Bochile, apoderado de Vara, quien fue procesado por encubrimiento agravado.

El magistrado bahiense también dispuso embargar a Garlatti en 7 mil pesos y a Bochile en 4500 pesos, y ordenó que continúen en libertad porque "no existe riesgo procesal, o de fuga, o entorpecimiento de la investigación". El juez consideró la figura de encubrimiento agravada en el tipo de delitos que se le imputaban a Vara, por la participación del ex capellán en crímenes de lesa humanidad como torturas, privación ilegal de la libertad y homicidios.

"No hablamos de un delito común cuyo conocimiento puede escaparse a la consideración general. Estamos hablando de un clérigo incardinado en el Arzobispado local, imputado de lesa humanidad, sobre el cual se decidió no dar toda la información que existía en el Arzobispado. Desconocer esta trascendencia, o esta dimensión, es intentar explicar lo inexplicable. Ni la Justicia, ni el Ministerio Público Fiscal, ni la propia Iglesia, ni los organismos de derechos humanos pudieron estimular y obtener una respuesta completa del Arzobispado en el que estaba incardinado el ahijado prófugo", remarcó el juez en una resolución que recorre todos los reclamos de órganos estatales y no gubernamentales recibidos en el Arzobispado para dar con información sobre el sacerdote prófugo.

El procesamiento del arzobispo Garlatti y de Bochile llega una semana después de que Coleffi les tomara la declaración indagatoria, pedida durante el trámite de la investigación por el fiscal de instrucción, Antonio Castaño, y el de cámara, Alejandro Cantaro, en base a los elementos que surgieron tras la denuncia efectuada por los miembros de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia.

Durante la pesquisa, el juzgado ordenó -a pedido de los fiscales- el allanamiento del Arzobispado y del domicilio del apoderado. Ambas medidas resultaron de suma importancia para dar con documentación que permitió establecer, al menos en esta etapa de la investigación, la responsabilidad de Garlatti y Bochile en el encubrimiento de Vara y la desobediencia del arzobispo a la orden judicial de brindar la información -con la que contaba- que permitiera dar con el paradero del prófugo durante los ocho meses en los que permaneció en esa condición.

La orden de captura sobre Vara había sido dictada el 7 de agosto de 2013 y el ex capellán fue hallado por Interpol en Ciudad del Este el 28 de abril pasado. Mientras aguardaba su extradición, Vara falleció en aquella ciudad paraguaya.

En el auto de procesamiento el juez Coleffi ponderó que desde el Arzobispado a cargo de Garlatti se "abonó sistemática y periódicamente los fondos FIDES a un apoderado designado por Aldo Vara". El sacerdote prófugo percibía mensualmente a su nombre alrededor de 2400 pesos en concepto de un "subsidio por edad" para mayores de 68 años que paga la Conferencia Episcopal Argentina a través del Fondo de Solidaridad (FIDES), "el sistema de seguridad previsional de los sacerdotes seculares de Argentina".

Al tratar la situación procesal de Garlatti, el juez consideró acreditado que el arzobispo "supo concretamente" las imputaciones que pesaban sobre Vara y que negó información sobre su paradero cuando le fue requerida en distintas instancias. En efecto, el juez reconstruyó en su resolución los pasos de la pesquisa -que estuvo a cargo de la fiscalía- en la que pudo comprobarse que ya en 2012 el fiscal Abel Córdoba había solicitado información a la sede eclesiástica sobre el paradero del cura y que resultaba público y notorio que a fines de ese año se conoció la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca en la causa por los crímenes en el V Cuerpo del Ejército, donde, entre otros puntos, se ordenó que se investigue la actuación del ex capellán en crímenes contra la humanidad.

Además, el juez ponderó las solicitudes posteriores de información al Arzobispado sobre el paradero de Vara tras la orden de detención, tanto a requerimiento judicial como de los organismos de derechos humanos, que se dirigieron a Garlatti para requerir datos sobre el destino del prófugo. Coleffi también tuvo en cuenta la publicación de la búsqueda internacional por parte de Interpol en los medos de comunicación y la fijación de la recompensa del Ministerio de Justicia para prófugos de lesa humanidad.

En efecto, el juez Coleffi repasó que el 30 de agosto de 2013 desde el juzgado se libraron oficios a los Azobispados de La Plata, Mendoza y Bahía Blanca, a la Conferencia Episcopal Argentina, al obispado de San Rafael y a la Nunciatura Apostólica para que informen "todos los datos" que conocieren "sobre el paradero actual de Aldo Omar Vara", incluyendo "posibles pedidos, órdenes o autorizaciones para trasladarse al exterior del país".

Todos los organismos eclesiásticos contestaron que no tenían información sobre el paradero del cura. El Arzobispado de Bahía Blanca indicó en diciembre pasado que "a la fecha de hoy no se ha recibido en este Arzobispado solicitud alguna para trasladarse al exterior, por lo que reitero que se desconoce al actual paradero del Padre Vara". La nota fue firmada por Emma Rosa Vila en carácter de canciller de la curia bahiense.

La Conferencia Episcopal, por su parte, indicó su desconocimiento del paradero de Vara "habiendo consultado el Arzobispado de Bahía Blanca", citó Coleffi. En ese sentido, el juez remarcó que "la respuesta recibida, orientada y delegada por el propio monseñor Guillermo José Garlatti importa una clara obstaculización del desempeño jurisdiccional".

El juez agregó que "la actitud obstaculizadora en los procedimientos de la autoridad se traduce en no dar (toda la) información a la justicia ante un reclamo específico, lo que frustró la acción jurisdiccional y facilitó, sin duda, el estado de prófugo de Vara puesto que perjudicó el desarrollo de una pesquisa, al negar el aporte de datos específicos relacionados al anclaje y sostén económico que puedo utilizar el imputado (y prófugo) Vara".

"El dato medular en este análisis consiste en comprender que frente a una manda judicial dirigida al Arzobispado de Bahía Blanca, único centro de incardinación del Padre Vara, la respuesta recibida (con conocimiento, ocupación personal y funcional, jerarquía y responsabilidad) orientada y delegada por el propio Monseño Guillermo José Garlatti importa una clara obstaculización al desempeño jurisdiccional", puntualizó el juez al analizar la responsabilidad del arzobispo en el delito de desobediencia.

En tanto, en relación al encubrimiento agravado, sostuvo que "el conocimiento (previo) del obispo sobre la situación de Vara resultó indudable, razón por la cual el pago de aquellos fondos FIDES es insostenible si no se considera una ayuda concreta a una persona que se encuentra requerida por la Justicia". En ese sentido, el juez agregó que "el pago ininterrumpido por parte del Arzobispado de un fondo FIDES, por interpósita persona, importa inocultablemente un aporte -hasta imprescindible- para sostener económicamente a un imputado de lesa humanidad, o para mantener a un estado de clandestinidad o fuga del mencionado Vara" (sic).

El magistrado además desbarató la defensa del prelado, quien durante su indagatoria había señalado que el pago de aquél subsidio era una cuestión administrativa que desconocía. "El Arzobispo, como responsable máximo de la institución que conduce en esta ciudad, no puede escudarse ni excursarse en que determinada área admnistrativa tiene a su cargo el pago de los fondos FIDES, en primer lugar, porque ello es desentenderse de la responsabilidad inherente a los cargos que se ocupan, y por lo demás, porque aun cuando, efectivamente, los pagos hubieren sido efectuados por la 'Administración', el Arzobispado a su cargo tenía directa colaboración desde que un fondo FIDES se compone, para el caso de un sacerdote incardinado en su Diócesis, con aportes propios del Arzobispado, con lo cual, la intervención del Monseñor Garlatti es directa y materialmente incontrovertible. Los pagos se han hecho según liquidación de subsidios, documental que fue motivo de secuestro en el domicilio del Arzobispo. Ergo, no es, como se pretende: 'una cuestión (meramente) burocrática'", explicó el juez.

Además, Coleffi destacó que la documentación que daba cuenta sobre domicilios en los que Vara podría encontrarse fue hallada durante el allanamiento "en la Secretaría del Arzobispado y no en la Administración". Y agregó que la carta que le dirigieron los organismos de Derechos Humanos fue hallada archivada junto a la documentación que daba cuenta sobre un domicilio previo de Vara en la ciudad de La Plata.

En tanto, sobre la situación del apoderado, el juez señaló que "más allá de que no hubo requerimiento judicial específico dirigido a Leopoldo Bochile solicitándole información, su conducta ilícita se encuentra acreditada con la percepción de los fondos FIDES, en nombre y por cuenta del sacerdote Vara, durante el período indicado, mientras el nombrado se hallaba prófugo" pese a "la notoriedad local de dicha condición". Coleffi aclaró que "hasta el momento, al menos, no se tiene por acreditada una relación de 'amistad íntima' que pueda permitir la adopción de otro temperamento", dado que la figura del encubrimiento excluye expresamente la sanción a familiares directos y amigos íntimos.