Los fiscales Patricio Sabadini, Carlos Amad y Diego Vigay, integrantes de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, requirieron la elevación a juicio de la causa donde están imputados y detenidos el ex juez federal Ángel Córdoba y el ex fiscal federal Roberto Mazzoni, a quienes acusaron por los delitos de asociación ilícita en concurso con tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad, dado que garantizaban a los represores "que podían actuar sin preocupaciones" .

Mazzoni está acusado por cinco casos de privación ilegítima de la libertad y cuatro de tormentos, mientras que Córdoba deberá responder por ocho y nueve casos, respectivamente.

En el requerimiento los fiscales describieron la conducta de Córdoba y Mazzoni como "aporte sustancial" al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita. Los fiscales señalaron que ese aporte se tradujo en el rechazo sistemático de las acciones de hábeas corpus presentadas por las víctimas, en la omisión de dar trámite a las denuncias de torturas y en su actuación ante allanamientos ilegales.

La fiscalía observó que a la estructura creada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad destinada a la represión ilegal, se agregó la falta de respuesta por parte de los ex magistrados, quienes justificaron su acción en que sólo podían intervenir si el defensor de cada una de las victimas hiciere la presentación correspondiente, y en que no podían obligar a nadie a que haga las respectivas denuncias.

“El método implementado por Luis Ángel Córdoba y Roberto Domingo Mazzoni, en la llamada “lucha antisubversiva”, era “no hacer”, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables. En principio, los represores conocían que podían actuar sin preocupaciones, ya que desde la magistratura de la justicia federal de Resistencia le aseguraban una “zona liberada” jurisdiccional", indicaron los fiscales en la acusación.

En esa línea, los representantes de la Unidad Fiscal sostuvieron que “el aporte de Córdoba y Mazzoni fue sustancial para los ejecutores: contaban con la impunidad de sus acciones, y con el aseguramiento de que podían proseguir con la ejecución del mismo, esto es, detener personas, torturarlas, privarlas de la libertad, “desaparecerlas de la faz de la tierra” sin que los magistrados federales se inmuten, pues eran parte del mismo equipo, sólo que con otros roles y en otro órgano estructural del mismo Estado terrorista.”

Finalmente el Ministerio Público Fiscal refiere a las conclusiones del informe final de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del chaco, aprobado por resolución Nº 87 del año 1985: “La tolerancia y complicidad de los miembros del Poder Judicial en cuyas manos estaban la posibilidad y medios jurídicos para interceder por la situación de los detenidos, demuestran el estigma de la corrupción que campearon en los años del proceso militar. La sistemática denegatoria a los recursos de “habeas corpus” interpuestos, la indiferencia ante las denuncias de los apremios ilegales, y el trato vejatorio e inhumano de los regímenes penitenciarios, y la no investigación de la situación de personas secuestradas que aún hoy revisten el carácter de detenidos-desaparecidos, no admiten ningún tipo de justificación ética moral o jurídica, en una república que desde sus albores ha bregado por la igualdad, la libertad y la justicia”.