El fiscal federal de Rosario, Gonzalo Stara, requirió hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad que condene a prisión perpetua al ex jefe del Grupo de Tareas 1 del Destacamento de Inteligencia del Ejército 121, Marino Héctor González, al ex capitán Joaquín Antonio Gurrera y a los ex miembros del Personal Civil de Inteligencia (PCI) de esa unidad militar, Juan Andrés Cabrera, Alberto Enrique Pelliza, Ariel Zenon Porra, Ariel Antonio López y Carlos Antonio Sfulcini, por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Stara además solicitó 20 años de prisión para el ex segundo jefe del Destacamento 121, Pascual Guerrieri, el ex jefe de sección y segundo jefe de Operaciones Especiales, Juan Daniel Amelong, el jefe de Operaciones de Inteligencia, Jorge Alberto Fariña, y para los PCI Eduardo Robolfo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano, por considerarlos miembros de una asociación ilícita "que inserta en el Estado, ejecutó en parte el plan clandestino y sistemático de persecución, secuestros, torturas y desaparición física (homicidios ) de personas, en Rosario y su zona de influencia".

Stara los acusó por haber actuado con esa asociación ilícita en los casos "por los cuales fueran imputados y condenados en la sentencia dictada en el marco de la causa 'Guerrieri I'", es decir, en un proceso anterior, que culminó el 15 de abril de 2010 con las condenas a prisión perpetua de aquellos cinco acusados por secuestros, torturas y homicidios en el mismo circuito represivo.

El fiscal alegó hoy en una larga jornada que se extendió desde las 9.30 y que, con algunas interrupciones, culminó a las 18. La causa en debate, que entró en su última fase, es conocida como "Guerrieri II" y su objeto procesal son los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 27 víctimas de secuestros, torturas y homicidios en cinco centros clandestinos de detención.

Después de solicitar las condenas, Stara requirió que todos los acusados "cumplan la pena de prisión en cárcel común" del Servicio Penitenciario Federal, y remarcó los casos de Sfulcini (detenido en un establecimiento policial) y las prisiones domiciliarias con las que fueron beneficiados López y Pelliza, para quienes requirió el traslado a una cárcel.

En su alegato, el representante del Ministerio Público realizó un prolijo recorrido por la prueba recabada durante el juicio, que comenzó el 9 de agosto pasado. Recorrió los testimonios y la documentación incorporada que dan cuenta de los crímenes del terrorismo de Estado en los centros clandestinos La Calamita, Quinta de Funes, la Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”.