El fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario la pena de prisión perpetua para los represores Manuel Fernando Saint Amant, quien desde diciembre de 1975 y hasta diciembre de 1977 fue el jefe del Área Militar 132; Norberto Ricardo Ferrero, quien desde el 6 de diciembre de 1977 hasta finales del 1978 sucedió en el cargo a Amant; Antonio Federico Bossie, quien se desempeñó como jefe de operaciones e inteligencia de la plana mayor del área militar 132 desde octubre de 1975 hasta el mismo mes de 1976, y para el ex suboficial Mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Daniel Fernando Quintana.

El representante del Ministerio Público también pidió 25 años de prisión para el ex oficial inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Edgardo Antonio Mastandrea; 18 años para el ex sub comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Guillermo Miguel Adrover, y para el ex agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Carlos Enrique Rocca; 15 años de prisión para el ex oficial  de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Roberto Horacio Guerrina; 8 años para el ex comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Clementino Omar Rojas, y 7 años para Luis Alberto Sinigaglia, Julio Alberto Almada, Juan Alberto Gonzalez y Miguel Angel Lucero, quienes se desempeñaban como agentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Reynares Solari solicitó además, medidas reparatorias, como la inscripción en los legajos personales de Carlos Andrés Farayi, Gerardo Jorge Cámpora y Luis Francisco Ceccon, dado que sus desapariciones se habían consignado como “de baja”, “cesante”, “limitar los servicios” y “despido”. Además, requirió la señalización como Centros Clandestinos de Detención de la Unidad Regional VII, sede de la ex Delegación de San Nicolás de la DIPBA y la sede del ex Destacamento de Inteligencia 101 del ejército, sección San Nicolás.

En dialogo con Fiscales, el fiscal señalo que “el objeto procesal de la causa se logró merced a la acumulación –ya en etapa de preparación de juicio oral y con intervención de la Cámara Nacional de Casación Penal- de doce causas que habían tramitado separadas en la instrucción que llevó adelante el Juez Federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo. Y agregó que “el primer logro de este juicio fue haber logrado acumular todas esas causas ya que el juzgamiento conjunto nos dio una verdadera dimensión del funcionamiento geográfico y de la ingeniería de poder y de terror del Área 132”

Reynares Solari explicó que “cada causa tiene sus particularidades: de 'Zuelgaray' se desprende el cumplimiento en el área del 'Plan del Ejército' con el cautiverio de personas 'representativas' para 'preparar' la asonada del 24 de marzo de 1976; en tanto que de 'Santillán', 'Perez – Pierro', 'Hofer' y 'Peris', observamos la persecución feroz en el año 1976 a aquellas personas que sindicaban como militantes del PRT – ERP y a sus círculos de amistades y familiares”.

El representante aseguró que en la causa “Martínez” se identifica la persecución a los ex alumnos del Colegio Don Bosco, vinculados a los sectores de la Iglesia Católica, que luego pasaron a la Juventud Peronista. Entre ello, figura el entonces monseñor Carlos Horacio Ponce de León, asesinado en el año 1977 y cuya causa continúa abierta.

Reynares Solari concluyó que “de toda la causa, se desprendió que el Juzgado Federal de San Nicolás a cargo de Luis Milesi y con la Secretaría de Héctor Hernández (ambos fallecidos) fue un engranaje más al servicio del sistema represivo”.

Los 13 imputados estaban vinculados al Área Militar 132, Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, que abarcaba los partidos bonaerenses de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco, Colón, Pergamino y que dependía de la Sub Zona 13 con sede en Junín, a cargo a su vez de la Zona de Defensa 1 del Primer Cuerpo de Ejército.