El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó ayer a los siete acusados -seis ex militares y un ex gendarme- del juicio conocido como "Colegio Militar", en el que se juzgó su responsabilidad en los crímenes contra seis soldados conscriptos -tres de ellos desaparecidos- y otras seis víctimas de la sociedad civil -una de ellas, también asesinada- que fueron secuestradas y confinadas en el centro clandestino de detención "El Campito", en la Guarnición militar de Campo de Mayo. "Los delitos por los que se condena son delitos de lesa humanidad", indicaron los jueces en el veredicto.

En su alegato del 18 de febrero pasado, el fiscal general Marcelo García Berro y el fiscal ad hoc Guillermo Silva habían solicitado la pena de prisión perpetua para los siete acusados. Pero el tribunal impuso esa condena al ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros; al ex director del Colegio Militar y segundo de Riveros, Reynaldo Benito Bignone; y al ex suboficial del Ejército Mario Rubén Domínguez, alias Escorpio, quien integró los grupos de tareas. En tanto, dictó penas mensurables para el ex civil de inteligencia del Batallón 601 Carlos Eduardo José Somoza, quien recibió 15 años de prisión; los ex teniente primero y jefes de compañía del Colegio Militar en 1976 y 1977, respectivamente, Alberto Federico Torres y Jorge Teodoro Alvarado, condenados a 5 y 3 años de prisión; y el ex gendarme de la Agrupación Buenos Aires Hugo Miguel Castagno Monge, jefe del centro clandestino de detención El Campito, a 11 años de prisión.

El tribunal consideró que las personas que permanecen desaparecidas fueron víctimas de homicidio, tal como lo había requerido la Fiscalía.

En línea con la solicitud de la Fiscalía General, las juezas Marta Isabel Milloc, María Lucía Cassain y el juez Diego Gustavo Barroetaveña consideraron que los tres conscriptos que permanecen desaparecidos fueron asesinados y calificaron esos hechos como homicidios agravados cometidos con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas. También receptaron la acusación del delito de violación agravada por haberse ocasionado un grave daño en la salud de las víctimas y por haber mediado el concurso de dos o más personas en el caso de una mujer que estuvo presente en la sala de audiencias para escuchar la condena que recibía Riveros por ese crimen.

García Berro señaló a Fiscales que durante el debate "se plantearon situaciones complejas de prueba" y que, pese a las diferencias en las penas solicitadas y las impuestas, quedó conforme con el resultado del juicio. El fiscal ponderó que durante la audiencia de lectura del veredicto, en la que previamente los acusados tuvieron la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes del fallo, "se encontraban varias de las víctimas y muchos de los familiares de los soldados de los soldados desaparecidos. La verdad es que si bien el fallo no conformó del todo, tampoco causó un disgusto".

El representante del Ministerio Público Fiscal se manifestó "disconforme con la pena impuesta a Torres y su absolución por algunos delitos" y adelantó: "Vamos a conocer los fundamentos y seguramente interpondremos recurso de casación". Torres fue condenado a cinco años de prisión por cuatro hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de violencia y amenazas, y resultó absuelto por tres allanamientos ilegales, cuatro casos de tormentos y dos homicidios.

Durante la lectura del veredicto estuvieron presentes los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos. Una mujer víctima de violación pudo ver la condena de Riveros por su caso.

Por otro lado, el fiscal puso de relieve que el tribunal rechazó, tal como lo había solicitado la Fiscalía, unos quince planteos de distinto tipo realizados por la defensa de los acusados, entre ellos el que pretendía anular las acusaciones por homicidio y por delitos contra la integridad sexual por una supuesta violación al principio de congruencia, es decir, el derecho de que no se altere sorpresivamente la imputación a las personas acusadas de manera que se impida el ejercicio de su defensa.

Los hechos que se ventilaron en el debate llegaron a través de dos causas. Una de ellas tuvo como víctimas a los soldados Luis Daniel García, Luis Pablo Steimberg, Sergio Omar García, Hugo Néstor Carballo, Roberto Néstor Britos y Mario Vicente Molfino. Con excepción de Molfino, secuestrado en febrero de 1977, el resto fueron privados ilegalmente de su libertad en agosto de 1976.

Luis García, Steimberg y Molfino permanecen desaparecidos y, en su momento, el Ejército los declaró desertores del Servicio Militar Obligatorio. En tanto que Sergio García, Carballo y Britos recuperaron su libertad y fueron licenciados por el propio Bignone hasta que les dieron la baja del servicio.

La otra causa que se trató en este juicio es la conocida por su número "2948". Las víctimas son Iris Pereyra, Beatriz Castiglione, Eduardo Covarrubias, Juan José Fernandez, Diego Muniz Barreto y Marilú Obreque Valenzuela. Todos estuvieron secuestrados y fueron sometidos a tormentos. Muniz Barreto fue asesinado y Fernández sufrió la tentativa de homicidio durante un traslado, hechos por los que ayer fue condenado Domínguez.