La fiscal federal subrogante de San Nicolás, Paula Moretti, apeló la decisión del juez federal de esa ciudad, Carlos Villafuerte Ruzo, de dictar el sobreseimiento del ex jefe de la Segunda Sección del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército en Rosario, Víctor Hugo Rodríguez, por el secuestro, las torturas y los asesinatos en mayo de 1983 de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. El magistrado, quien tenía la causa en estado de ser elevada a juicio oral y público, dispuso su cierre y el sobreseimiento del imputado basado en los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario que en mayo del año pasado condenó a cuatro personas y absolvió a otras seis, entre ellos a cuatro civiles de inteligencia, por ese mismo caso.

"Resulta sorpresiva la actitud asumida por Vuestra Señoría dado que, oportunamente omitió correr vista en los términos del 346 [el artículo del Código Procesal que prevé el traslado de la causa al fiscal para que este se pronuncie sobre su elevación a juicio] respecto de Víctor Hugo Rodríguez no obstante haber sido ordenado su procesamiento con prisión preventiva en ese momento y por el otro se apresura a emitir el sobreseimiento del mismo en base a los fundamentos de una sentencia que no está firme", señaló la fiscal en el recurso de apelación, que ahora deberá tratar la Cámara Federal de Rosario.

Moretti hizo así alusión a la sentencia sobre estos mismos hechos que el fiscal general Adolfo Villatte recurrió ante la Cámara Federal de Casación para que revierta las absoluciones del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, del ex segundo jefe del II Cuerpo del Ejército, Rodolfo Rodríguez, y de los civiles de inteligencia Walter Salvador Dionisio Pagano, Carlos Antonio Sfulcini, Juan Andrés Cabrera y Ariel Antonio López. En aquél juicio, que culminó en mayo de 2016, fueron condenados el ex comisario bonaerense Luis Abelardo Patti, el policía Juan Amadeo Spataro, como autores directos de los crímenes, y el jefe del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, Pascual Oscar Guerrieri y su segundo, Luis Américo Muñoz, como coautores mediatos.

Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados en mayo de 1983 y, previo a su homicidio, torturados en un galpón en el que operaba el Destacamento de Inteligencia 121.

En el juicio se probó que Cambiaso y Pereyra Rossi fueron secuestrados en la mañana del 14 de mayo de 1983 del Bar Magnun de Rosario, a la vista de testigos. Las dos víctimas fueron trasladadas a un galpón de la zona sur de esa ciudad, donde las torturaron y, finalmente, fueron entregadas a una patrulla del Comando Radioeléctrico de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, que los ejecutó simulando un falso enfrentamiento. Los cuerpos aparecieron en un camino de tierra de la localidad bonaerense de Lima.

Al dictar el sobreseimiento de Rodríguez, el juez Villafuerte Ruzo equiparó su situación a la de los absueltos en aquél debate, pese a que el ex militar de inteligencia estaba tercero en la línea de mando, detrás de los condenados Guerrieri y Muñoz. Tampoco, hizo notar la fiscal Moretti, el juez de instrucción tuvo en cuenta que la sentencia en la que ancló su decisión fue recurrida y que aquellos absueltos fueron condenados en otros juicios en los que se acreditó que formaban parte de una patota de secuestradores y torturadores.

Antes de este sobreseimiento, la Fiscalía debió revertir ante la Cámara Federal de Rosario la falta de mérito que el propio Villafuerte Ruzo le había dictado a Rodríguez en el caso. Esas decisiones, a las que se suma el sobreseimiento que ahora se recurre, exhiben la reiterada intención del juez en desvincular a Rodríguez de la causa, señalaron desde la Fiscalía.

La necesidad de un juicio oral

Moretti señaló en su apelación que la sentencia dictada el año pasado "permite concluir que no es posible sostener la ajenidad o la ausencia de responsabilidad de Víctor Hugo Rodríguez en esta etapa del proceso, y que se torna imperioso su juzgamiento". Y citó al respecto el párrafo de aquél pronunciamiento del TOCF 2 de Rosario en el que se expresa que "no caben dudas que en este caso fue personal jerarquizado dependiente del Destacamento de Inteligencia 121 quien tuvo a su cargo tal empresa”.

Agregó que la sentencia sostuvo que los tormentos previos a los homicidios se desarrollaron en un galpón "brindado por la cúpula del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y que todo estaba perfectamente planificado".

Por ese motivo, Moretti remarcó que "sólo la realización del plenario oral y público con multiplicidad de posibilidad de producción probatoria y alegaciones sobre la misma es lo que permitirá determinar el grado de responsabilidad de Víctor Hugo Rodríguez o su inocencia, en definitiva lo que sellará su suerte respecto al caso que se investiga".

En efecto, señala la fiscal, con posterioridad a la sentencia que Villafuerte Ruzo tomó como referencia para el dictado del sobreseimiento, la Cámara de Casación ratificó en septiembre pasado que Rodríguez debía ir a juicio oral y público, al rechazar su recurso contra el procesamiento y la prisión preventiva.