El juicio a 16 ex policías y 10 ex militares que comenzó el 29 de diciembre pasado en San Rafael, Mendoza, reinició hoy, desde cero, luego de que los propios jueces anularan la primera y única audiencia que se celebró en el debate, dado que por la indisposición de uno de los jueces -quien ya no intrega el tribunal- se traspasó el límite de diez días hábiles de intervalo que, como máximo, contempla el Código Procesal.

La nulidad del debate fue dispuesta por la presidenta del tribunal, Fátima Ruiz López, y el vocal Pablo Díaz Lacava, luego de que su par Héctor Fabián Cortés se excusara en enero de seguir participando por un problema de salud. El juicio debía retomarse el 10 de febrero. Ruiz López y Díaz Lacava resolvieron que era un "riesgo" integrar la terna con el cuarto juez, Néstor Grosso, y continuar las audiencias sin reemplazante, dado que el trámite será largo y la indisposición de alguno de los magistrados podría hacer peligrar su conclusión.

Por eso, requirieron a la Cámara de Casación la designación de un nuevo integrante. El máximo tribunal penal nombró a la jueza del TOCF de San Luis Gretel Diamante el 2 de marzo pasado. Así, el debate recomenzó hoy, con la lectura del resumen de los requerimientos de elevación a juicio donde se relatan los hechos que afectaron a 72 víctimas -14 de ellas, desaparecidas- y las responsabilidades de los 26 imputados que llegaron a esta instancia. Los casos tramitaron en 45 causas que luego fueron unificadas.

El juicio abordará las responsabilidades de policías mendocinos que prestaron funciones en diferentes establecimientos de la provincia. Entre ellos, habrá tres ex integrantes del Departamento de Informaciones, el D-2, y de militares ex miembros de diferentes unidades de la zona, cuatro de ellos de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael.

De las 72 víctimas que integran el cuadro fáctico que llegó a juicio, 68 fueron secuestradas en 1976, 14 antes del Golpe de Estado; las otras cuatro, entre 1977 y 1978.

El debate se inició a las 8:00 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de San Rafael y prevé audiencias este viernes y los miércoles, jueves y viernes de abril, con excepción de la última semana de ese mes. Luego, continuaría los jueves y viernes, con ocasionales audiencias los miércoles.

El tribunal estará compuesto con variantes: Ruiz López continuará, Diamante se incorporó y el juez Grosso pasó a ser titular. Díaz Lacava, en tanto, proseguirá como cuarto juez. El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal general Dante Vega y el fiscal subrogante Pablo Garciarena.

Lugares y horrores

Uno de los escenarios de las detenciones y las torturas fue la propia Municipalidad de San Rafael, donde según la acusación fiscal la situación era dominada por el militar que ejercía como comisionado, Luis Alberto Stuhldreher, quien está entre los 26 acusados del juicio.

Los otros lugares, indicados en los diferentes casos, son la Unidad Regional II de la Policía; la Brigada de Investigaciones de Zona Sud; la Infantería de la Policía de San Rafael; el D-2 de la ciudad de Mendoza; la Penitenciaría de Mendoza; el Regimiento militar de la localidad de Cuadro Nacional; la denominada Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales; las seccional de General Alvear; la seccional 24 de Malargüe; la seccional 32 de San Rafael; el Regimiento militar de Campo Los Andes; la Cárcel de Encausados de San Rafael; la Seccional 8va de la Policía de Mendoza; la Compañía de Comunicaciones del Ejército; el Escuadrón 29 de la Gendarmería Nacional en Malargüe; la Oficina de Bomberos; la comisaría de Bowen; el Destacamento policial de Nihuil, y las bodegas Garbín y Pico de Oro.

Durante el debate, se abordarán los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima; robo agravado por el uso de armas de fuego; amenazas coactivas, y un caso de violación, todos cometidos en el marco de una asociación ilícita.

La lista de acusados está compuesta por los siguientes policías del D-2: el integrante del grupo de tareas de San Rafael Juan Roberto Labarta; el oficial ayudante Daniel Ernesto Huajardo Martínez, y el oficial Oscar Raúl Pérez Fernández.

También, llegan los siguientes ex policías que revistaron, al momento de los hechos, en las reparticiones y cargos que a continuación se indican: el jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza Pierino David Massaccesi; el jefe de la Unidad Regional II Raúl Alberto Ruiz Soppe; el comisario de la Delegación Bomberos de San Rafael Tomás Luis Rojas García; el oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32° de San Rafael Hugo Ramón Trentini; el comisario de la Brigada de Investigaciones de la Zona Sud Luis Juan Edgardo Graín Farina; el subcomisario de la seccional 8ª Daniel Navarro Farías; el jefe de Operaciones (D-3) de la Policía mendocina Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez; el subcomisario de la Seccional 24 de Malargüe Ciro Isidro Maza Correa; el oficial principal de la Unidad Regional II Norberto Ernesto Mercado Laconi; el oficial de Infantería Emilio Eduardo Castro; el comisario de la Seccional 26° de Villa Atuel Argentino Eduardo Villafañe; el agente de la Dirección de Comunicaciones de la Unidad Regional II Miguel Ángel Megetto, y el policía Osvaldo Domínguez.

Entre los militares, llegan a juicio los tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez; el teniente de la VIII Compañía de Ingenieros de Montaña Carlos Alberto Ochoa; el ex sargento de esa unidad Raúl Alejandro Olguín; el comisionado Municipal (de facto) de San Rafael Luis Alberto Stuhldreher, y el subteniente del Regimiento de Infantería de Montaña 11 con asiento en el departamento de Tupungat Rafael Francisco Bitti.

La nómina de acusados se completa con cuatro ex miembros de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda; el sargento ayudante Cecilio Oseas Martínez; el sargento Juan Armando Giovarruscio, y el suboficial mayor Edgar Martín Ferreyra.