El conjuez a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, Ricardo Lazzarini, ordenó convocar a prestar declaración indagatoria al ex secretario judicial Víctor Manuel Montti porque "existe un estado de sospecha suficiente" sobre la participación del ex funcionario en crímenes de lesa humanidad, luego de tres requerimientos en ese sentido del fiscal federal Walter Rodríguez.

Lazzarini ordenó la indagatoria el jueves pasado, pero aún no fijó fecha para llevarla a cabo. La decisión había sido promovida por el fiscal Rodríguez mediante una presentación del lunes pasado por la que lo conminó a pronunciarse. Sucede que el conjuez había dispuesto "tener presente para su oportunidad" los dos pedidos previos del fiscal, un formulismo de uso frecuente por parte de la magistratura para mantener la indefinición sobre la solicitud de las partes.

El lunes 24 de agosto, el fiscal Rodríguez había indicado que aquella fórmula "sólo puede aceptarse como una manera de proveer correcta cuando se incorpora a la causa algún informe o se recibe prueba que, evidentemente, tienen su momento de tratamiento en una oportunidad ulterior al dictado del decreto", pero, señaló Rodriguez, en este caso se trata de "pretensiones específicas" a partir de las cuales "corresponde al magistrado interviniente expedirse en forma concreta y fundada respecto de lo solicitado". En ese sentido, el fiscal reclamó celeridad en el proceso y recordó al respecto la acordada 1/12 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que en su regla segunda "establece la necesidad de evitar demoras innecesarias y formulismos que retarden el trámite y no decidan los planteos realizados".

En ese punto, el representante del MPF le pidió al juez que haga uso de la facultad de delegar la instrucción en la Fiscalía prevista en el artículo 196 del Código Procesal Penal o directamente asuma la instrucción de la causa desde el juzgado como prevee el artículo 193, sin pedirle al Ministerio Público que se convierta en intermediaria para la concreción de medidas de prueba, como ha sucedido.

Rodríguez había pedido la indagatoria de Montti a través de dos solicitudes formuladas el 1° de julio y el 7 de agosto pasado. En las presentaciones, imputó al ex secretario por incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión de denuncia al haber aceptado desde el Juzgado Federal las declaraciones ante autoridades policiales y militares de 14 víctimas privadas ilegalmente de la libertad que fueron obligadas a autoincriminarse y a involucrar a otras personas, varias de ellas coaccionadas bajo tormentos, y por no haber investigado los crímenes que esas mismas víctimas denunciaron que los represores habían cometido contra ellas. También, lo acusó por un caso de abandono de persona seguido de muerte, dado que el prisionero falleció mientras estaba detenido en un penal a disposición judicial, luego de las torturas a las que había sido sometido en un centro clandestino de detención.

Después de la dictadura, Montti llegó a ser fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Desde 2011, el imputado se encuentra con falta de mérito -dictada por la Cámara rosarina- por otros hechos. En el auto por el que ordena la indagatoria, el conjuez Lazzarini requirió "los antecedentes de las designaciones de Víctor Manuel Montti en el Ministerio Público Fiscal".

La "escribanía" de los militares

En sus presentaciones, el fiscal Rodríguez señaló que entre 1975 y 1976 el Juzgado Federal donde se desempeñó Montti implementó "un mecanismo que convirtió a esa sede judicial en una especie de 'escribanía' convalidante de los quehaceres del Área de Defensa 212 en materia de la aplicación de la ley 20840". Esa norma, denominada "antisubversiva", sirvió para "blanquear" los secuestros y someter a proceso a los perseguidos políticos.

Rodríguez también apuntó que Montti fue "un funcionario del Poder Judicial de la Nación al que le han sido transferidas tareas que exceden largamente su condición de fedatario, pues sabido es que el sistema de delegación de funciones -aceptado por el uso y la costumbre- colocó históricamente al secretario como una pieza clave en el desarrollo de la actividad de cualquier Juzgado Federal, reconociéndose incluso cierta autonomía en función de la jerarquía alcanzada en este tipo de esquemas".

En la presentación de julio pasado, Rodríguez había explicado que las declaraciones indagatorias que Montti tomaba a las víctimas de la dictadura junto a su jefe, el fallecido juez federal Fernando Mántaras, "tenían por objeto abordar la anterior 'declaración espontánea' prestada ante las fuerzas policiales o militares, procurando así dar un marco de legalidad a las actuaciones llevadas adelante en la clandestinidad, valiéndose de métodos violentos para obtener información autoincriminatoria o que involucre a terceras personas en conductas 'subversivas'".