Unas doscientas personas siguieron el viernes la inspección judicial realizada en el predio donde funcionó el Arsenal Miguel de Azcuénaga, sede de un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y de la fosa común para ocultar los cadáveres de personas desaparecidas más grande encontrada en el país.

"Estamos muy satisfechos con la medida", le dijo a Fiscales el presidente del tribunal, Carlos Jiménez Montilla. Los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, por su parte, destacaron que "la inspección sirvió para situar a los jueces en el lugar donde ocurrieron los hechos y permitió corroborar las precisas declaraciones de los testigos durante las audiencias".

El Tribunal Oral en lo criminal Federal de Tucumán encabezó un largo recorrido por el predio de la unidad militar, que se inició a pie en una tupida zona de monte con suelo irregular a la vera de la ruta 9, que conduce a Salta, y que culminó luego de unos mil metros en el denominado Galpón Nº9. La comitiva fue guiada por un ex gendarme que prestó servicios en aquél lugar durante la dictadura y que se ha convertido en uno de los testigos más importantes del proceso judicial.

El galpón está situado en un claro del monte y, si bien fue alterado, conserva las características descriptas por los sobrevivientes, no sólo porque algunas marcas no pudieron ocultarse sino porque el lugar ha sido objeto de diversos peritajes en los que se logró probar, entre otras cosas, la presencia de sangre en las paredes, de improntas compatibles con proyectiles de armas de fuego y de los boxes de mampostería o madera que servían para separar individualmente a los prisioneros.

En el procedimiento judicial participaron los fiscales federales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira. Asistieron los abogados de las siete querellas y algunos abogados defensores, pero fue singular la participación del público, integrado en parte por víctimas, militantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas, algunos de los cuales portaban carteles con las fotos de sus seres queridos.

Entre el púbico, un grupo de Madres de Plaza de Mayo era fácilmente identificable por sus pañuelos. Ellas y el resto de las personas siguieron en silencio y se emocionaron con los relatos de las víctimas, que se situaron en los mismos lugares que 36 años atrás para contarle a los jueces la historia que sobrevivieron.

Tanto en el galpón, como en las fosas comunes situadas a unos 200 metros de allí, el tribunal dispuso la utilización de equipos de audio con micrófono inalámbrico con el objeto de que el procedimiento fuera audible para todos los participantes. Sobrevivientes y peritos fueron hablando uno a uno, mientras el juez Jiménez Montilla guiaba el procedimiento.

En el medio de los relatos hubo interrupciones de los fiscales o de los abogados de ambas partes para pedir aclaraciones o hacer preguntas. Uno de los momentos más tensos se vivió cuando Facundo Maggio, abogado del sacerdote imputado José Eloy Mijalchiyk, alias "Padre Pepe", se opuso a la pregunta de su par querellante Laura Figueroa para que un testigo señalara el lugar del predio donde había visto al cura. El tribunal primero rechazó la pregunta, pero la abogada pidió la reposición (reconsideración) y los fiscales y el resto de los querellantes adhirieron a su pedido. El tribunal, entonces, se vio compelido a deliberar en medio de toda la gente y finalmente resolvió hacer lugar a la pregunta. Así, el proceso judicial contradictorio que se celebra generalmente en una sala cerrada tuvo una escena en medio del monte.

El galpón

En el galpón los sobrevivientes narraron los suplicios a los que fueron sometidos por parte de militares del Destacamento de Inteligencia 142 y por la guardia de la Gendarmería Nacional, a cargo de la seguridad del centro clandestino. "Las ataduras y las vendas en los ojos eran constantes a toda hora", refirió uno de los testigos, que no será identificado porque está incluido en un programa de protección. También narró cómo murió en sus brazos luego de tres días de agonía un joven que había llegado con una fractura expuesta, cuya herida no fue tratada y se infectó al punto de tener gusanos. "Un enfermero de la Gendarmería trajo gasoil y agua y con eso yo le sacaba los gusanos. Quizá tres días habrá aguantado. Se me murió una mañana, aquí junto a la puerta", narró el testigo, compungido, al presidente del tribunal.

El sobreviviente Ramón Brizuela explicó con pocas palabras cómo transcurrieron aquellos días: "La salida del sol marcaba la gloria de vivir un día más".

Los testigos también indicaron la existencia de otras cuatro construcciones -hoy demolidas- alrededor del Galpón Nº9: los baños y tres pequeñas casillas que utilizaban los militares inteligencia para torturar y efectuar los interrogatorios. Los métodos de tortura fueron la picana eléctrica, los enterramientos hasta el cuello, el "submarino seco" (asfixia) o "submarino" dentro de tambores de 200 litros de agua y excrementos, además de la falta de aseo, de alimentación, de atención médica y de las condiciones de detención caracterizadas por permanentes ataduras y ojos tapados.

Uno de los momentos que generó mayor angustia en las víctimas y en los familiares ocurrió cuando el tribunal, por pedido de la fiscalía, ordenó a uno de los gendarmes que participaba de la medida judicial que dispara su arma reglamentaria 9 milímetros desde las fosas comunes, para corroborar si -como decían los testigos- se escuchaban las detonaciones con las que ultimaban a quienes después hacían desaparecer en grandes quemas. El gendarme apretó el gatillo dos veces y los estruendos resonaron nítidos en la tranquilidad del monte para las 200 personas que aguardaron en silencio desde el Galpón Nº9.

Las fosas

La inspección continuó en una enorme fosa situada a unos 200 metros del galpón, que fue localizada en 2009 y ha sido preservada del clima con un techo de chapa y con cortinas de lona. Según narraron los peritos del Equipo de Argentino de Antropología, Juan Nobile y Patricia Bernardi, se trata de "la fosa común más grande encontrada en Argentina" donde fueron inhumadas víctimas del terrorismo de Estado.

Nobile guió a los jueces y a las partes por el interior de la fosa. Explicó que se pudieron identificar cinco "lugares de quema", es decir, cinco pozos que fueron abiertos -en uno de los casos, reabierto- donde los cuerpos fueron arrojados e incinerados con la ayuda de material combustible, como neumáticos. De hecho, los peritos hallaron restos óseos y rastros de cubiertas de vehículos, circunstancia que habían expuesto con fotos la noche anterior a la inspección ante el tribunal. En un sector también encontraron, junto a los esqueletos, una moneda acuñada en 1976 y un cospel telefónico, que, según explicó Nobile, revelan la data del enterramiento.

En esa gran fosa con cinco sectores fueron identificados doce esqueletos tras el entrecruzamiento de su ADN con el de familiares de desaparecidos. En nueve de los casos se hallaron, además, las balas que produjeron la muerte de esas personas. Los antropólogos no pudieron estimar con precisión el número de cadáveres quemados y sepultados en el lugar. Recogieron restos óseos tan dañados y contaminados por el material combustible que lo medios científicos existentes aún no han permitido establecer su identificación.

Los peritajes permitieron establecer que las maniobras de ocultamiento y desaparición se completaron con el uso de una gran retroexcavadora que removió el lugar y extrajo restos con posterioridad a la quema y enterramiento de los cuerpos. Se estima que ello ocurrió poco después de 1983, cuando aparecieron las primeras denuncias sobre la fosa común. Las huellas que dejó en la tierra el balde de aquella máquina, de gran porte, quedaron al descubierto por la delicada y precisa labor de los antropólogos.

La exposición de Nobile ante los funcionarios y los abogados fue seguida atentamente desde el borde de la fosa por el público y los familiares de desaparecidos, muchos de los cuales han hallado allí un lugar para comenzar a elaborar el duelo. Sembraron flores y dejaron mensajes de recuerdo y fotos de sus seres queridos.

El juicio

El tribunal, que inició el debate el 12 de noviembre de 2012, se apresta por estos días a realizar las últimas medidas de prueba, relacionadas con el reconocimiento de los lugares que mencionaron los sobrevivientes, antes de entrar en la fase de alegatos.

La inspección del viernes no es la única que llevará a cabo el tribunal. El fiscal Camuña explicó que en el juicio se tratan los casos de 215 víctimas que pasaron por "una constelación de diez centros clandestinos de detención que funcionaron en distintos lugares de la provincia".

Por eso, el debate sigue encaminado al reconocimiento de los lugares que concentraron prisioneros y se estima que a partir del mes que viene la fiscalía y las querellas comiencen a alegar. De esta forma, quizá antes de fin de año el tribunal llegue a pronunciar el veredicto de uno de los juicios más grandes de la historia argentina, que tiene acusados a 41 militares, miembros de fuerzas de seguridad y civiles -entre ellos, un sacerdote- por crímenes de lesa humanidad.