En un operativo sin precedentes, unos 100 efectivos de Prefectura Naval y 80 empleados de la Aduana allanaron la Terminal N°4 del Puerto de Buenos Aires, concesionada a la empresa APM Terminals, en busca de rastros de estupefacientes y otras pruebas que permitan esclarecer el contrabando de 95 kilos de cocaína hallados en el puerto sudafricano de Durban, en un contenedor que partió del muelle porteño. La medida, en la que se utilizaron más de 30 perros entrenados, fue solicitada por el titular de la Fiscalía N°2 del fuero Penal Económico, Emilio Guerberoff, quien cuenta con la colaboración de  la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Durante la inspección, que comenzó pasadas las 11:00 en las instalaciones de la multinacional holandesa, se secuestraron elementos relevantes para la investigación, que deberán ser analizados. La hipótesis principal es que el recipiente de transporte marítimo fue contaminado (“rip off”, como se conoce a esta modalidad delictiva en la jerga naviera) luego del cierre y que el precinto de seguridad fue reemplazado para ocultar la carga contrabandeada.

Cerca de las 10:00, el grupo Albatros cercó el predio ubicado en la intersección de la Avenida Presidente Ramón S. Castillo y Calle 8 - Prefectura Naval Argentina de la zona del puerto para evitar el ingreso y egreso de empleados y maquinaria. La orden de registro incluía detener por completo la actividad de la terminal portuaria y revisar a todas las personas, camiones, grúas y otros vehículos; la requisa de los lockers de los trabajadores; el back up completo de las cámaras de seguridad; el secuestro de toda la documentación relativa al precinto adulterado, y el reescaneo de todos los contenedores ingresados con posterioridad al 8 de octubre, utilizando tres equipos del Ministerio de Seguridad y de la Aduana.

En el despliegue, participaron representantes de la Procunar y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); el propio fiscal; el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni; el titular de la Administación Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y del subdirector General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, Daniel Santanna.

El “Rip off”

La pesquisa comenzó el 3 de octubre cuando las autoridades sudafricanas informaron que dentro del contenedor ECMU4093842 habían encontrado cuatro bolsos con 95 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 1 kilo cada uno. La unidad había ingresado al predio local de APM Terminals el 1° de septiembre y embarcado cuatro días después en el buque CAP San Tainaro, que zarpó el 6 de septiembre. El itinerario de la nave preveía paradas en Montevideo, Uruguay; Río Grande, Itapoa y Santos, Brasil, y Durban, Sudáfrica, adonde arribó el 30 de septiembre. La inspección realizada en el país africano se concretó luego de constatar que los números de precintos informados en los documentos argentinos no coincidían con la identificación que finalmente se controló en Durban. La mercadería original exportada por la sociedad Coster Packaging consistía en “aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo, válvulas para artículos de griferías y órganos similares”, cuyo peso neto era de 2.200 kilos.

Según la orden de allanamiento firmada por el juez subrogante en lo Penal y Económico Juan Galván Greenway, el contrabando de la “sustancia etupefaciente”, por su cantidad “estaría inequívocamente destinada a su comercialización fuera del territorio nacional”. El magistrado además coincidió con el fiscal quién había detallado la metodología con la que se habría adulterado la carga de la unidad: “Luego de ser sometido al control aduanero a través del scanner, fue indebidamente aperturado durante su estadía en la Terminal 4, ocasión en la cual se habrían colocado ardidosamente en su interior los cuatro bolsos conteniendo aproximandamente 95 kilogramos de cocaína y que los precintos A7419315 y MS-AAAJ61127 fueron sustituídos por el precinto de Maersk ML-AR0114327 con el fin de ocultar tal acontecimiento, posibilitando dicha maniobra a la postre que el contenedor fuera embarcado a su destino final burlando a las claras el adecuado control del servicio aduanero”.

Durante otra investigación, que incluyó una inspección ocular realizada en junio, vinculada con el hallazgo de cuatro mochilas conteniendo 70 kilos de cocaína, se visualizaron las grabaciones de las cámaras del predio. En el análisis de las imágenes, no pudieron identificarse “movimientos de personas con bolsos semejantes a aquellos secuestrados en el extranjero conteniendo la sustancia estupefacientes”, por lo que el juez estimó que el traslado de la droga “hasta el contenedor debió necesariamente haber sido efectuado a través de automóviles, grúas, maquinarias y rodados de algún tipo a los fines de evitar ser registrado”.