En el marco de una investigación donde intervienen los fiscales Leonel Gómez Barbella y Diego Iglesias –respectivamente a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)-, el titular del Juzgado Federal N°2 de dicha jurisdicción, Federico Villena, procesó a Juan Manuel Lorenzo como coautor de los delitos de contrabando de sustancias estupefacientes agravado por haberse cometido por tres o más personas (reiterado en dos oportunidades) y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas y asociación ilícita. Asimismo, dispuso trabar embargo sobre sus bienes por 60 millones de pesos.

Desde el 8 de agosto de 2016, Lorenzo  burlaba a la justicia. Sin embargo, su suerte se acabó el pasado sábado 29 de abril, cuando personal de la Policía Federal Argentina logró apresarlo en el hall del Shopping Paseo Alcorta, en el barrio porteño de Palermo.

La detención de Lorenzo fue posible gracias al entrecruzamiento de información efectuado por la PROCUNAR, que solicitó una serie de medidas investigativas que permitieron dar con el ahora detenido. Lorenzo fue indagado el 2 de mayo, aunque se negó a declarar y sólo se limitó a desligarse de los hechos que se le imputan.

Un engranaje clave

La justicia tiene probado que Juan Manuel Lorenzo actuó como un engranaje fundamental dentro de la estructura organizada y coordinada por el abogado Carlos Salvatore para exportar, hacia Europa, cocaína de máxima pureza.

De hecho, el procesamiento dictado por el juez Villena –en base a lo solicitado oportunamente por los fiscales Gómez Barbella e Iglesias- es corolario de la investigación en la que fueron condenados Akira Taira y Roberto Miguel Casares, por el envío de dos cargamentos de carbón vegetal –en el año 2005- a Valencia, Reino de España, donde se camuflaron 921,166 kilos de clorhidrato de cocaína, con una pureza de entre el 80 y el 86,3%. Asimismo, guarda relación con el hallazgo de 128,860 kilos de cocaína en el interior de una casa rodante que se encontraba estacionada en un terreno baldío aledaño a la vivienda de Blas Norberto Barbará –otro de los integrantes de la organización- en la localidad bonaerense de Capilla del Señor. Por este hecho, el 14 de octubre de 2016, fueron procesados Salvatore y Félix Manuel Bejar.

Sin embargo, su mayor participación se evidencia, a raíz de la “Operación Trabajo”, desarrollada por la Justicia Italiana, donde se detuvo a los argentinos Miguel Ángel Nucci y Gerardo Lobos con 50 gramos de cocaína, €1.319.525 y documentación relativa a la exportación de carbón vegetal desde Argentina.

Fue justamente Lorenzo, junto a Félix Manuel Bejar y Alejandro Aurelio Pescia, quien viajó, entre los años 2004 y 2005, a Francia e Italia para realizar gestiones tendientes a recuperar el dinero incautado. Para ello, presentó ante la justicia italiana, documentación adulterada –con la firma de Bejar- donde se presentaba como titular de una cuenta comitente de la firma Falabella & Corsi Inversora de Sociedad de Bolsa que operaba en el mercado bursátil argentino para inversiones, venta y transferencia de valores negociables.

Asimismo, el propio Salvatore le ordenó a Lorenzo viajar a Valencia para recuperar parte de la droga y documentación de la empresa “Grupo Rubí Seoane”, que había sido creada en el Reino de España, para importar carbón vegetal.

Investigaciones paralelas

Las investigaciones contra la organización de Salvatore se multiplicaron a lo largo y a lo ancho del país. La primera condena contra el abogado se obtuvo en Chaco. Allí, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a Salvatore a 21 años de prisión, mientras que Gorosito, Roberto, Peréz Parga y Esquivel recibieron penas de entre 12 y 19 años.

Por otra parte, el fiscal federal de Rosario, Mario Gambacorta, investiga la remisión de un cargamento de 762 kilos de cocaína desde esa ciudad santafesina hacia España, que fue interceptado en el puerto de Bilbao el 2 de agosto de 2010.

Salvatore y su entorno también son investigados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por conformar una organización que adquiría o creaba sociedades –que no tenían operatividad- con diversos objetos societarios, cuya finalidad era inyectar en el mercado lícito de capitales, sumas de dinero cuyo origen ilícito provenía del narcotráfico. Los procesamientos, en el marco de esta pesquisa, fueron confirmados por la Cámara de Casación.