El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, y el fiscal que encabeza la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, con la colaboración de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, a cargo de Carmen Chena, solicitaron que los bienes decomisados en el marco de trece causas de narcotráfico sean destinados a la lucha contra el coronavirus.

Las solicitudes comprenden la suma total de $ 329.100, once vehículos y un inmueble. Se trata de bienes que fueron secuestrados a distintas bandas narco que actuaban en la provincia de Corrientes en diferentes allanamientos, junto con importantes cantidades de marihuana, cocaína, armas de fuego y balanzas electrónicas, entre otros objetos.

En las presentaciones elevadas a los jueces, los fiscales indicaron que "resulta claro que el dinero secuestrado constituye el producto o efecto directo en relación con los delitos investigados, por lo que corresponde su decomiso" como medida tendiente a evitar que esos bienes se utilicen para financiar futuras actividades delictivas y, de este modo, reducir los mercados ilícitos que operan en la región. Por su parte, y en orden a la función reparatoria que también corresponde asignarle al decomiso, estimaron adecuado destinar en forma concreta el producto de estos delitos -que afectan especialmente la salud pública- en beneficio de instituciones como los Hospitales Angela Iglesia de Llano, el Hospital Juan Ramon Vidal y el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, entre otros establecimientos de la provincia, que han sido afectados concretamente a la atención de los enfermos de COVID-19, para que afronten con premura los gastos de sus demandas prioritarias, bajo el control y seguimiento del destino de los fondos por parte del Tribunal Oral.

Sumado a ello, los fiscales también pidieron que se entreguen en carácter de depositario judicial los once vehículos a las autoridades provinciales que los pudieran necesitar y requerir con el fin de que los agentes afectados a los servicios de salud, desarrollo social, seguridad y/u otros servicios esenciales, puedan efectuar el traslado de personas y demás elementos para hacer frente a la emergencia sanitaria, cumpliendo estrictamente los requisitos previstos en la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 2/2018.