La Procuraduría de Narcocriminalidad y la Asociación Civil Intercambios llevaron a cabo el jueves un desayuno de trabajo con funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo, académicos, representantes del Poder Legislativo, miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. El politólogo e investigador colombiano del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson Center (EE.UU.), Juan Carlos Garzón, expuso un trabajo en el que propone rever la tesis de "la guerra contra las drogas" y avanzar hacia un nuevo paradigma estatal de reducción de daños y control de la criminalidad.

Ante unas treinta personas que se dieron cita en la sede de Avenida de Mayo 760 de la Procuración General de la Nación, Garzón expuso su trabajo titulado "Cómo responder al crimen organizado y dejar atrás la 'guerra contra las drogas'. Qué funciona, qué no funciona y cómo arreglarlo". La exposición del experto fue un disparador para discutir formas alternativas de abordaje de las problemáticas que presenta el narcotráfico y replantear integralmente las políticas de Estado en la materia.

Garzón definió a la "guerra contra las drogas" como la forma de respuesta estatal preeminente en América Latina, caracterizada por "la definición de un enemigo y la aplicación de la fuerza". Y se preguntó "por qué seguimos haciendo lo mismo" cuando es "una política que cuesta y que no ha arrojado resultados". En ese sentido, añadió que los esquemas de "mano dura" y "tolerancia cero" "son formas del mismo club", que no conducen a los resultados esperados.

Para el investigador colombiano, "terminar con el crimen es una meta imposible de alcanzar" y cuestionó que la Organización de las Naciones Unidas se haya puesto como objetivo "un mundo libre de drogas". "Nuestros políticos y fuerzas de seguridad compraron esa idea, que no es realizable, pues la experiencia muestra que las economías criminales existen en todos los países", precisó.

El experto utilizó el concepto de "economías criminales" en lugar de "organizaciones criminales". Explicó que de la economía criminal "forman partes actores legales e ilegales, a punto tal que es difícil hacer la división entre lo legal e ilegal".

Además, insistió en que el objetivo no debe estar centrado en "terminar con el crimen" sino en canalizar los esfuerzos del Estado en "moldear su comportamiento". "Nuestra meta actual es el problema. Tenemos un enfoque que privilegia el castigo", señaló. Y, en ese sentido, criticó que la visión actual de los estados latinoamericanos privilegia la represión sobre la prevención.

"En América Latina tenemos las cárceles llenas aumentando las penas. Pero está disociada la relación entre suba de penas y encarcelamiento y la baja del delito. La aplicación de la ley está divorciada de los resultados que se persiguen", remarcó.

Por otro lado, puntualizó que la canalización de los esfuerzos del Estado en perseguir determinados delitos puede debilitar su acción en otros ámbitos. Y ejemplificó: "En Colombia tenemos una policía muy buena para atrapar narcos, pero no para resolver problemas cotidianos".

Garzón describió que en ese contexto la acción policial "se enfoca en lo más fácil" para lograr resultados y engrosar estadísticas. "Es más fácil capturar consumidores que resolver un homicidio. Los sistemas son eficientes en casos sencillos y deficientes frente a casos graves", porque "es sencillo salir en el noticiero con imágenes de detenidos e incautaciones. Pero eso está desconectado de la situación de seguridad".

El remedio, peor 

En esa línea, Garzón pidió cuestionarse si "la acción del Estado no ha incrementado la violencia" y citó al respecto que el 25 por ciento de los homicidios en Río de Janeiro eran cometidos por la policía. "El Estado puede influir negativamente. La gente que pensó en el enfoque punitivo se olvidó que lo que llamó efectos colaterales pueden ser aún peor que lo que se intenta acabar", argumentó.

El investigador parte de la premisa, comprobada en los hechos, de que "ningún Estado tiene la capacidad de responder a todas las conductas criminales al mismo tiempo", y en virtud de ello propuso que "la meta principal no debe ser terminar con el narcotráfico, sino reducir impactos y daños".

En este tren, propuso "enfocarse en las conductas y economías más perjudiciales". "No hay que aplicar toda la ley, sino hacerlo de forma estratégica", apuntó, sin mencionar el concepto del principio de oportunidad. "El fin último de la política de seguridad debe ser la protección de los ciudadanos", postuló.

Al respecto, opinó que "hay que usar de manera inteligente los escasos recursos y tender a la disuasión", aunque por otro lado reconoció que estas perspectivas requieren reformas integrales en el Estado porque, por ejemplo, "el 44 por ciento de los latinoamericanos piensa que la policía forma parte del crimen".

Para llevar adelante este nuevo paradigma, Garzón pidió poner en crisis los criterios de evaluación actuales sobre los sistemas judicial y policial, que están basados, entre otras cosas, en la cantidad de incautaciones y número de arrestos. Propuso evaluar otras variables, como los cambios en la tasa de homicidios y el esclarecimiento de delitos violentos.

Luego de la exposición, hubo lugar para la participación de los funcionarios y representantes de ONG. Alejandro Corda, abogado e investigador de la Asociación Intercambios, se refirió a la alta tasa de encarcelamiento de mujeres y apuntó que la denominada ley de desfederalización (26.052) provocó la persecución del menudeo en las provincias y el corte de la cadena a partir de los eslabones más débiles.

El titular de la Procunar, Félix Crous, coincidió en el diagnóstico y reiteró, como lo hizo en otros foros, que la desfederalización "no logró los objetivos que se impuso".

Las distintas intervenciones apuntalaron la postura expuesta por Garzón y plantearon algunos interrogantes en torno a las formas y los tiempos de llevar a cabo los cambios, y la necesidad de dar respuestas integrales desde el Estado. Se mencionó la necesidad de "construcción de ciudadanía en los barrios", de recuperación de territorios por parte del Estado y abordar los problemas desde un enfoque interdisciplinario.