El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia rechazó un nuevo pedido de prisión domiciliaria del abogado Carlos Alberto Salvatore (57 años), principal acusado en la causa conocida como "Carbón Blanco" por el contrabando de cocaína a Europa en contenedores de carbón vegetal, y ordenó su alojamiento en el Hospital Penitenciario Central (HPC) del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, mientras se aguarda la realización del juicio oral y público.

Originalmente Salvatore estaba detenido en el penal, pero a raíz de una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de San Isidro logró quedar alojado en una clínica de la zona norte del Gran Buenos Aires.

La resolución del TOCF de Resistencia viene a zanjar un nuevo planteo de la defensa para que el tribunal de juicio le conceda la prisión domiciliaria. La misma solicitud había sido formulada por el imputado ante la jueza de Instrucción de Presidencia Roque Sáenz Peña, Zunilda Nieremperger, y le fue rechazada.

En este nuevo revés, los jueces del TOCF, Eduardo Ariel Belforte y Gladis Mirtha Yunes, se pronunciaron en línea con el dictamen del fiscal General Federico Carniel, quien actúa en esta causa -una de las más importantes que tramitan en el país por narcotráfico- con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad.

Para cumplimentar la medida, el Tribunal le dio un plazo máximo de 15 días a los funcionarios del HPC y de la División de Asistencia Médica de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Fedederal (SPF) para "el acondicionamiento de las áreas" del centro de salud intramuros. Hasta que ello ocurra, Salvatore seguirá alojado en una clínica privada, con la custodia de agentes del SPF.

El defensor de Salvatore había solicitado el beneficio de la prisión domiciliaria con el argumento de "las múltiples y graves patologías" de su asistido y "el riesgo de muerte que tiene en la actual condición, el que se agravaría en el caso de su traslado a un nosocomio, por su frágil condición de salud y posibilidad de contraer infecciones intrahospitalarias".

El TOCF de Resistencia remarcó que el peritaje del Cuerpo Médico Forense es "muy claro en contra de los intereses argüidos por la defensa, y no avala ni de manera implícita el criterio sostenido por ella, acerca de la necesidad de que su asistido deba cumplir la prisión en su domicilio".

En ese sentido, los jueces -que inspeccionaron el HPC antes de resolver- citaron el peritaje que señala al respecto que "la privación de la libertad no le impediría recuperarse o tratarse adecuadamente" si "el Servicio Penitenciario Federal cuenta con alguna Unidad que pueda brindarle los cuidados médicos".

En efecto, la resolución judicial citó el informe del médico penitenciario en el que se consigna que se "puede alojar al interno Carlos Alberto Salvatore, una vez efectuadas las adecuaciones pertinentes para garantizar la salud del paciente, que presenta múltiples patologías y que en la actualidad se encuentran compensadas".

Asimismo, los jueces destacaron que en el incidente donde se discutió la prisión domiciliaria "el único que sostuvo la necesidad de una internación en el domicilio es el perito de parte, pero no se explaya en los motivos en que funda tal juicio".

Por otro lado, Belforte y Yunes señalaron que, de acuerdo a lo informado por los médicos penitenciarios, en el HPC "no hay otro riesgo de infección que el que pudiera contraerse en cualquier otro lugar".

En su dictamen, el fiscal Carniel se había opuesto a la prisión domiciliaria no sólo porque "no median razones médicas", sino también porque consideró que existe "un peligro de fuga real y efectivo". En esa línea, recordó que Salvatore "al momento de su detención se encontraba en un domicilio donde pretendía evadir su aprehensión, usando identidades falsas, influencias y medios". Además, Carniel pidió que "se fije con carácter urgente fecha para la realización del juicio oral".

En junio pasado, el fiscal de primera instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Carlos Enrique Sansserri, y el titular de la Procunar, Félix Crous, requirieron la elevación a juicio de Salvatore y otros cuatro imputados.

En esa oportunidad, los representantes del MPF señalaron que Salvatore integraba "lo más alto de la escala de mando" de la organización narcocriminal, dado que tenía a cargo "la tarea de supervisar, controlar, administrar, definir, organizar y financiar lo que ha sido una verdadera empresa comercial dedicada al transporte de estupefacientes al continente europeo".

La pesquisa logró comprobar que Salvatore tenía participación en 20 sociedades comerciales de distintos rubros, poseía cuentas bancarias y propiedades en Argentina, Uruguay y Estados Unidos y registraba viajes a este último país y a islas del caribe conocidas como paraísos fiscales.