La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló y revocó por unanimidad el arresto domiciliario del principal acusado por el contrabando de cocaína a Europa en la denominada causa "Carbón Blanco", Carlos Salvatore (de 58 años), y ordenó su alojamiento en el Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal I de Ezeiza. Con la firma de Gustavo Hornos y Ana María Figueroa y del subrogante Luis María Cabral, el máximo tribunal penal hizo lugar al recurso interpuesto por el fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, Federico Carniel, ante el beneficio que fue concedido al imputado durante la feria judicial de enero.

La revocación de la prisión domiciliaria a Salvatore es el resultado del trabajo articulado entre la fiscalía de juicio, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal de Casación, Ricardo Wechsler. En efecto, el titular de la Procunar, Adolfo Villatte, y su colega Wechsler fundaron ante la Sala I el recurso interpuesto en Resistencia por Carniel.

Salvatore había obtenido la prisión domiciliaria por decisión del juez de feria del TOCF de esa ciudad, Rubén David Oscar Quiñones, quien resolvió sin pedir opinión previa a la fiscalía, como es de rigor. Lo hizo en base a manifestaciones de los médicos de Salvatore, quienes habían alegado que había riesgo de vida para el imputado, quien padece de una cardiopatía y otras afecciones.

Sin embargo, hasta ese momento se encontraba pendiente de ejecución la resolución adoptada el 14 de octubre pasado por los colegas de Quiñones, Eduardo Ariel Belforte y Gladis Mirtha Yunes, quienes como jueces del TOCF habían revocado la prisión domiciliaria de Salvatore. La decisión nunca había llegado a concretarse porque el imputado estaba alojado en una clínica y los médicos no le dieron el alta. En ese contexto, se presentaron los abogados y médicos de Salvatore cuando Quiñones era el único juez del TOCF, en plena feria judicial, y obtuvieron una resolución favorable a su interés.

En su voto, la camarista de Casación Ana María Figueroa explicó que "el juez de feria de un tribunal colegiado no puede decidir sino cuestiones de mero trámite en forma unipersonal, pero en ningún caso puede dictar resoluciones como la de autos, sin la integración del mismo", y al respecto citó el Reglamento para la Justicia Nacional.

"El magistrado firmante puso en práctica un procedimiento a todas luces irregular, en franca desatención de las disposiciones legales que rigen la forma en que debe sustanciarse una decisión jurisdiccional. Ello sumado a que fue resuelto en virtud de un escrito presentado por médicos, que no resultan parte y omitiendo la vista al representante del Ministerio Público Fiscal", consideró la jueza.

La magistrada detalló las conclusiones de los exámenes médicos realizado por los peritos oficiales y remarcó que "de las distintas opiniones de los profesionales médicos que han atendido al imputado, con excepción de los médicos del Sanatorio Vicente López, se desprende que el tratamiento para su patología puede llevarse a cabo dentro de la unidad de detención".

Figueroa -cuyo voto contó con la adhesión de Cabral- además tuvo en cuenta la inspección que los propios jueces Yunes y Belforte realizaron al hospital intramuros de Ezeiza el año pasado, quienes dejaron asentado en un acta que "los servicios con los que cuenta y los protocolos a seguir en caso de urgencia o derivación de pacientes extramuros, lo que son adecuados para atender la patología del paciente".

El juez Hornos, en tanto, adhirió al voto de Figueroa y destacó que en el hospital intramuros Salvatore "contará con un equipo profesional médico las 24 horas que deberán velar por su estado de salud y el tratamiento de todas sus patologías en forma rápida".