La procuradora general de la Nación encabezó la ceremonia de apertura de la Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre Narcocriminalidad, de la que el Ministerio Público Fiscal argentino es sede. "Nos enfrentamos con un poder criminal que en muchos casos excede el alcance de las instituciones del Estado", subrayó Alejandra Gils Carbó ante 26 representantes de 17 delegaciones de la región y de España y Portugal. El inicio del encuentro contó además con las intervenciones del presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y fiscal general de Estado de la República Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, y del presidente pro témpore de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del MERCOSUR (REMPM) y fiscal de Corte y procurador general de la Nación del Uruguay, Jorge Díaz Almeida.

Gils Carbó puntualizó en la importancia de la cooperación judicial para "contraponer " a las bandas supranacionales "un correlato de internacionalización positivo en materia política, jurídica y de investigación. Es decir, nos toca afrontar esos desafíos en el marco de nuestras competencias, creando herramientas comunes para enfrentar fenómenos criminales cada vez más globales y sofisticados".

Gils Carbó: "Nos enfrentamos con un poder criminal que en muchos casos excede el alcance de las instituciones del Estado".

La titular del MPF local repasó la experiencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en la asistencia a las fiscalías a cargo de causas complejas y en particular hizo hincapié en casos en los que el Ministerio Público argentino trabajó de manera coordinada con organismos hermanos de iberoamérica para la investigación penal. "Los ministerios públicos de la región estamos en condiciones de acompañar las discusiones internacionales sin perder de vista nuestro rol para lograr investigaciones coordinadas y estratégicas", indicó la procuradora argentina.

Díaz Almeida: "No es posible una política pública de seguridad en sistemas inquisitivos, en los que la persecución penal se hace caso a caso y no integralmente".

Por su parte, el boliviano Guerrero Peñaranda insistió en la importancia de la autonomía de los ministerios públicos más allá de las "fluctuaciones políticas" que vive la región y en "la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación".

En tanto, el uruguayo Díaz Almeida recordó que pocos países de la región todavía cuentan con sistemas semiinquisitivos (Uruguay se encuentra en pleno proceso de implementación del sistema acusatorio) y afirmó: "Vamos a ser organismos de persecución penal. Estos cambios no son pacíficos". El procurador general uruguayo a cargo de la Presidencia de la REMPM concluyó: "No es posible una política pública de seguridad en sistemas inquisitivos, en los que la persecución penal se hace caso a caso y no integralmente".