El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Adolfo Villatte, encabezó el miércoles pasado la mesa de trabajo interinstitucional sobre la investigación y sanción de la narcocriminalidad frente a la Ley Nacional de Salud Mental, donde profesionales de diferentes disciplinas y ámbitos de intervención problematizaron la criminalización del consumo y coincidieron en abordarlo como un fenómeno sanitario.

En la actividad, participaron la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Gabriela Vázquez, quien estuvo acompañada por la asesora letrada, Dolores Moreno, y Malena Errico, de la Unidad de Derechos Humanos del Consejo; María Florencia Hegglin, Mariano Laufer y Gabriela Spinelli, por la Defensoría General de la Nación (DGN); la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), Carola Lew; María Eugenia D'Agostino, de la Asociación Civil Intercambios; Víctor Rodríguez y Florencia Sotelo, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Liliana Martínez, Guido Crivaro y Luciana Metta, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN); la directora de Prevención del Delito y la Violencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, Mariana Centeno; la directora de Formación de la misma cartera, Belén Mora; la directora del Centro Ulloa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julieta Calmels; y Sandra Merlo, de la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.

La mesa fue moderada por el responsable del área de Relaciones con la Comunidad e Interinstitucionales de la Procunar, Alberto Barbuto, a quien el fiscal Villatte encomendó la elaboración de una propuesta de agenda a corto y mediano plazo con las iniciativas surgidas a lo largo de la jornada.

"Guerra" vs. "reducción"

En la apertura, Villate indicó que la Procunar promueve la persecución de los eslabones superiores de la cadena de narcotráfico y criticó los "supuestos éxitos que sólo se focalizan en quienes a la postre terminan exhibiendo altos grados de vulnerabilidad".

Por otro lado, puso de relieve que "la visión tradicional de 'guerra contra las drogas' no ha tenido suficientemente en cuenta la variable de la reducción de la violencia, la reducción de daños y el impacto que la organizaciones narcocriminales generan en los barrios provocando fuertes restricciones a la libertad de las personas".

El titular de la Procunar promovió que la Mesa aborde proyectos de protocolos, guías de buenas prácticas y otras acciones tendientes a fortalecer la acción del Ministerio Público de cara a la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, mediante el cual los fiscales tendrán un rol dirimente en la persecución penal.

Por su parte, la titular del Consejo de la Magistratura destacó la importancia de generar canales institucionales de articulación y consideró que la temática abordada en la mesa podría ser considerada para la selección de magistrados.

En tanto, Errico expresó la necesidad de abordar integralmente a las víctimas del narcotráfico y a los grupos vulnerables involucrados y Moreno destacó "el salto cualitativo" de la actuación articulada con todos los actores del Estado.

La vulnerabilidad y las garantías

Hegglin llevó su experiencia como defensora pública y representante de la DGN en el órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM). Al respecto, consideró que los actores del sistema deben focalizarse en la situación de las personas acusadas de cometer un delito "bajo los efectos del consumo y la vinculación que esto tiene con distintos institutos del derecho penal". "No se puede ser ajeno ni al consumo en condiciones de encierro ni a las problemáticas de las personas en situaciones de vulnerabilidad", expresó.

Además, destacó otro problema relevante que se vincula con la declaración de inimputabilidad y las medidas de seguridad, y la importancia de garantizar el respeto por los principios de igualdad y culpabilidad. En ese sentido, afirmó que las prácticas actuales pueden presentar diferencias con el sistema de la LNSM, que excluye justamente las medidas de seguridad, y remarcó que “una vez absuelta, no corresponde dictarle a una persona una medida de seguridad”. Asimismo, expresó la importancia de contextualizar estas problemáticas bajo la luz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que tiene rango constitucional.

Por su parte, Mariano Laufer, a cargo de la unidad de defensores prevista en la LNSM, dijo que desde 2011 han defendido "a 8500 adultos internados involuntariamente". El funcionario remarcó que hay que poner los esfuerzos en el resguardo de las garantías.

El foco en el estándar internacional

En tanto, Lew, la representante de la UNOCDC, dijo que era la primera vez que participaba de una convocatoria diversa en actores respecto del tema. En su intervención precisó que los enfoques a nivel global se están orientando a considerar el problema del consumo de drogas como un problema de salud que requiere un enfoque sanitario. En ese sentido, puso de relieve que el estándar internacional sobre los tratamientos obligatorios es que deben ser de corta duración y cuando se da una situación de emergencia. También afirmó que se considera positivo que haya espacios terapéuticos dentro del sistema penal “pero la privación de la libertad en sí misma no es una forma de tratamiento”.

La representante de Intercambios, María Eugenia D'Agostino, contrastó la coexistencia de la ley de drogas 23.737 y la LNSM, que avanza en reponer derechos: "¿Cómo hacer para que las agencias del sistema penal funcionen bajo un paradigma de derechos humanos y reducción de daños cuando la ley de drogas sigue anclada en un paradigma que atrasa?", se preguntó durante una exposición en la que invitó a poner atención en los debates sobre el nuevo paradigma de abordaje de la cuestión de drogas a nivel internacional.

En tanto, Víctor Rodríguez, del CELS, ponderó que sectores vinculados a la justicia se comprometan con las transformaciones que implica el cambio desde el punitivismo hacia una óptica centrada en los derechos humanos y abogó por “velar por la salud de quienes por el uso de sustancias se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

"Pensar el contexto"

Martínez, representante de la PPN y coordinadora del área de Salud Mental de ese organismo, remarcó que el organismo viene bregando "desde la sanción de la LNSM porque en la cárcel las prácticas se ciñan" a esa norma y precisó que la PPN publicó dos recomendaciones sobre el punto: la primera, para que el Servicio Penitenciario Federal ajuste las prácticas de salud mental al paradigma de la LNSM y la Convención Sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; la segunda, sobre circulación desregulada de fármacos. La profesional describió que en la cárcel "el conflicto se plantea como algo a eliminar, y no se piensa como inherente a las relaciones humanas. Un régimen que intenta eliminar el conflicto tiene efectos sobre las personas. Planteamos correr el eje de la psiquis de los presos a pensar el contexto y lo que ese contexto produce".

Mariana Centeno y Belén Mora, por su parte, refirieron que el Protocolo aprobado por Resolución N°506/13 del Ministerio de Seguridad tuvo por objeto adecuar las prácticas de las fuerzas de seguridad a las Convenciones internacionales y la LNSM. Explicaron que en ese dispositivo se establecen las pautas de intervención con el objeto de preservar la seguridad en situaciones que involucran a personas con presunto padecimiento mental o en situación de consumo problemático.

A su turno, la profesional del Centro Ulloa, Julieta Calmels, consideró que "ningún análisis científico serio puede sostener los paradigmas de la guerra contra las drogas y que hoy hay un plexo normativo vigente que no puede ser obviado". El desafío, consideró Calmels, es que hay que poder situarse todo el tiempo en que las normas vigentes sitúan al sujeto de consumo como un sujeto con derechos. "Es necesario problematizar la criminalización del consumo y propiciar un abordaje sociosanitario", añadió.

Finalmente, Sandra Merlo, de la Dirección Nacional de Salud Mental, explicó que esa dependencia está trabajando en la implementación de la LNSM en todo el país teniendo en cuenta las particularidades que se presentan en cada región. En ese sentido, ponderó la importancia de “La Casa SIS” (Salud con Inclusión Social), ubicada en la calle Brasil 457, en la zona de parque Lezama de la Capital Federal, donde se brindan espacios y herramientas de contención e inclusión a las personas con padecimientos que egresaron del Servicio Penitenciario Federal.