El titular de la Fiscalía General N°6, Diego Velasco, solicitó ante el Tribunal Oral Federal N° 5 penas que van de los cuatro a los 16 años de prisión para 17 imputados por tráfico y comercio de estupefacientes, contrabando de exportación agravado y asociación ilícita, según cada caso. El pedido de penas fue ayer, en el marco del juicio oral en la causa conocida como "Narco-arroz” que se centra sobre hechos perpetrados por una organización dedicada a exportar narcóticos desde Argentina hacia otros países.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una absolución y tuvo por acreditado la responsabilidad del resto de los imputados en los hechos que se le endilgan a la organización criminal. Además, la fiscalía solicitó que se decomise dinero y vehículos incautados.

Al exponer su alegato, Velasco sostuvo que, a partir de la investigación, se puedo comprobar que los hechos sostenidos en la acusación fueron impulsados por una organización y que no fueron aislados entre sí. Sobre este punto, destacó que los imputados utilizaron medidas de "contrainteligencia" para evitar ser descubiertos.

En este sentido, señaló que existió un “canal paralelo de comunicación” entre los miembros de la asociación ilícita a través de celulares BlackBerry para poder hablar puntualmente de las actividades narcocriminales. Dicha modalidad fue detectada por las escuchas de las conversaciones entre los acusados, que señalaban en múltiples ocasiones que las cuestiones importantes debían ser dialogadas a través de los "teléfonos negros". Asimismo, la existencia de los aparatos mencionados fue corroborada en posteriores allanamientos.

Otro de los elementos que caracterizaron a la asociación delictiva, según la fiscalía, fue la estructura jerárquica con la cual funcionaba. En efecto, dio cuenta de la verticalidad y la coordinación instrumentada por los imputados que se encontraban en el estado superior de la cadena de mando.

Sucesivos secuestros de cargamentos

Luego de una extensa investigación, el 17 de septiembre del 2015, efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron en el puerto de Rosario casi 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz. Los estupefacientes tenían como destino Marruecos y las islas de Guinea Bissau.

La pesquisa había comenzado en 2011 a partir de información brindada por la Policía Nacional de Colombia y la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que advirtió sobre el funcionamiento de una organización ligada a la narocriminialidad conformada mayormente por ciudadanos colombianos. En representación del Ministerio Público Fiscal actuaron el fiscal federal Federico Delgado en la instrucción de la causa, con asistencia de las procuradurías de Narcocriminalidad (Procunar) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El entonces juez federal Sergio Torres estuvo a cargo de la causa en la cual se pudo detectar, además, la exportación a España y Nueva Zelanda de cocaína “con un alto grado de pureza”.

Asimismo, el 14 de agosto de 2014 la División Drogas de la Dirección General de Aduanas interceptó en el aeropuerto internacional de Ezeiza casi un kilo de cocaína oculta en envases de kétchup que portaba un pasajero que intentaba viajar hasta Bangkok, Tailandia. En otro procedimiento, realizado el 17 de enero de 2015 en Palermo, en el cual se secuestraron otros 84.955 gramos de cocaína. Los estupefacientes se encontraban subdivididos en 79 paquetes.  “Cada uno de los integrantes de la célula criminal existente en este país ha desempeñado una función o rol específico, con el pleno conocimiento que su intervención en el curso de los hechos se hallaba dirigida a mantener la estructura organizacional, y que ésta se encontraba orientada, por un lado, al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en diferentes escalas y, por el otro, a la administración de su producido”, había considerado sobre estos hechos Torres.