El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, rechazó el pedido para que se intime a los cuatro procesados por el comercio de estupefacientes en el marco de la causa Poseidón. La Fiscalía Federal de esa ciudad y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) preparan el recurso de
apelación contra la medida.

El titular de la Procunar, Félix Crous, y el fiscal local, Fernando Gelvez, habían solicitado a Sastre que se efectivizaran los embargos dispuestos por un total de 1,7 millones de pesos en el auto de procesamiento dictado el 11 de noviembre pasado.

Los imputados, actualmente excarcelados, son el brooker pesquero Nicolás Seoane; el trabajador desocupado Juan Eduardo Burgos; el gerente General de Poseidón, Salvador Alejandro Pennisi, y el accionista mayoritario de esa firma, Héctor Omar Segundo. Los cuatro están acusados de ser los responsables del cargamento de droga hallada escondida entre langonstinos de la empresa Poseidón, con domicilio en Puerto Madryn, Chubut, procedente de la firma Mar Pesca Azul Argentina S.R.L., de Mar del Plata.

Los fiscales advirtieron en la presentación que información periodística daba cuenta de que Segundo se estaba por desprender de parte del paquete accionario que lo liga a la empresa y sobre la posibilidad de que esa maniobra "forme parte de una serie de medidas destinadas a insolventarse patrimonialmente, y a frustrar la finalidad del embargo que le fuera impuesto".

En ese sentido, los fiscales también habían remarcado "el intrincado escenario sobre el cual se desarrollan las actividades criminales relacionadas al narcotráfico a gran escala impone al Estado, como actor preponderante en la tarea de contener y detener su crecimiento, el deber de hacer uso de todas las herramientas que la ley pone a su alcance en pos de brindar a la sociedad una eficiente administración de sus recursos y un mejor servicio de justicia".

Gelvez y Crous además argumentaron que el hecho de que el auto de procesamiento donde se dispuso el embargo estuviera sometido actualmente a revisión en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia no era impedimento para intimar a los procesados a integrar las sumas de los embargos o para decretar su inhibición de bienes, tal como se desprende del Código Civil y la jurisprudencia.

Los fiscales actuaron en función de una de las principales políticas en materia criminal impulsadas por la Procuración General de la Nación, tendientes al recupero de activos destinados a empresas criminales con el objeto de resentir económicamente esas estructuras ilegales y de reutilizarlos en su persecución.

Pero el juez Sastre consideró en su resolución que no tiene jurisdicción para resolver porque la causa se encuentra en el tribunal de alzada. Indicó además que si en esa instancia se revoca su decisión el embargo "no tendría sustento ni fáctico ni jurídico", aunque reconoció: "aún, cuando hipotéticamente pueda argumentarse como lo hace la fiscalía, que la concreción del embargo decretado, sea una cuestión independiente que deba tramitar por separado".

El magistrado añadió que coincidía que "uno de los pilares", que sostiene a la narcocriminalidad "es el económico o patrimonial, pues sin duda es el que moviliza y persigue su esencia, el tráfico de estupefacientes". No obstante, minimizó el embargo al asegurar que "las medidas cautelares previstas por la ley procesal, en el supuesto como el que nos ocupa, tienen por objetivo asegurar las costas del proceso y eventualmente la aplicación de una pena pecuniaria".

También cuestionó el argumento de los fiscales sobre los rumores acerca de que el empresario Segundo estaría por desprenderse de sus acciones en Poseidón. "No parece serio que una información periodística resulte contundente para demostrar la existencia de un hecho, resultando ella, en el mejor de los casos, una mera hipótesis para el trámite judicial", justificó su inacción.

En el mismo sentido, criticó a los fiscales por utilizar el argumento de la actuación de uno de los imputados contra los otros tres, como si la medida cautelar dependiera de rumores confirmados y no de las previsiones dispuestas en ley y recogidas en la jurisprudencia.