En línea con lo solicitado por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Rosario Claudio Kishimoto y el responsable de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias,  el Juzgado Federal N°4 de dicha jurisdicción procesó a seis personas -cuatro de ellas con prisión preventiva- acusados de integrar una organización delictiva –en la que desempeñaban diversos roles- dedicada a la introducción, almacenamiento, fraccionamiento, distribución y comercialización de estupefacientes en el barrio La Tablada de la ciudad de Rosario.

La investigación

La pesquisa se inició a raíz de la denuncia de un testigo de identidad reservada, en la que daba cuenta que “el barrio La Tablada de Rosario estaba copado por los narcos” y que allí vivía una mujer –con antecedentes- que se dedicaba al comercio de droga. Además, la denuncia señalaba a un hombre que se encontraría preso y a una familia y otros tres sujetos que estarían vinculados con la comercialización de estupefacientes en el barrio. A su vez, los hechos denunciados tenían relación con una serie de homicidios acaecidos en el asentamiento, adjudicados a las bandas conocidas como “Los Funes” y “Los Ungaro” y que eran investigados por la fiscal Gisela Paolicelli del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, que encabeza Jorge Baclini.

En virtud de ello –y tal como destaca el juez federal en su resolución- los fiscales Kishimoto e Iglesias establecieron “un canal de diálogo con el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, que le permitió analizar la información de dos investigaciones realizadas” en el cual se investigaba la participación de dos familias en diferentes hechos violentos. Así se determinó que, al menos desde noviembre de 2016, dos hombres lideraban una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes y delitos contra la propiedad, en la cual tomaba las decisiones concernientes a establecer los lugares donde se vendía la droga al menudeo, su acopio y fraccionamiento, lo que demostraba una logística para la usurpación de domicilios con tales fines y en la organización de diferentes asaltos a viviendas para robar y la coordinación de enfrentamientos y represalias con bandas rivales.

También se constató que la banda desarrollaba otras acciones ilícitas tales como el almacenamiento y uso permanente de armamento, con el objetivo de mantener la hegemonía territorial de la zona en la que se produciría la mayor parte del emprendimiento criminal en cuestión.

En virtud de todo ello, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron la detención de cinco personas –señaladas como organizadores- y el allanamiento de sus domicilios. Mismo pedido se hizo en relación a otras diez personas sindicadas como los “eslabones intermedios” y otros nueve sujetos que constituían los eslabones inferiores de la organización.

En los procedimientos se pudo secuestrar gran cantidad de marihuana y cocaína –acondicionada para su distribución- y elementos para su fraccionamiento, al tiempo que se detuvo a dos hombres y cuatro mujeres que fueron indagados.

Procesamientos

Tras analizar las pruebas colectadas durante la investigación –que incluyeron escuchas telefónicas y allanamientos varios- el titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque, dispuso –a instancias de lo requerido conjuntamente por la Fiscalía y la PROCUNAR- el procesamiento de los seis detenidos hasta el momento. En tal sentido, el magistrado destacó que en este tipo de investigaciones resultaba fundamental comprobar la relación entre los sospechosos y agregó que “esta comprobación es importante porque el conjunto de elementos probatorios que integran el cuadro acusatorio, al reflejar la organización en su totalidad, permite afirmar la responsabilidad de aquellas personas que, habiendo por ejemplo sido intervenido su domicilio, no se verifica en ese instante una posesión de una gran cantidad de material estupefaciente. A veces resulta la reiteración de la tenencia de cantidades aunque no parecieran significativas, la posesión de otros elementos que llevan a pensar de la pertenencia al comercio ilícito de estupefacientes y el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, sus contenidos, y la relación entre las personas que están participando de ese tejido criminal, las que confluyen para afirmar la responsabilidad de una persona, al menos en grado probable, más allá de la falta de un secuestro importante imputable individualmente a alguna persona”.

En virtud de ello, el magistrado dictó el procesamiento con prisión preventiva de una mujer como organizadora de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas, al tiempo que adoptó igual temperamento respecto de otras dos mujeres y dos hombres –uno de ellos sin prisión preventiva- como coautores del mismo delito.

También, en relación a otra de las mujeres se dispuso su procesamiento como autora de tenencia simple de estupefacientes –por lo que se ordenó su libertad bajo caución juratoria- y se dispuso la falta de mérito en relación a su participación en la organización y la tenencia de drogas con fines de comercialización.

Además, el magistrado trabó embargo sobre los bienes de cinco de los imputados hasta cubrir la suma de $200.000 y por $10.000 respecto de la restante imputada.

Nuevas indagatorias

Por otra parte, y a fines de profundizar la pesquisa tal como lo requiriera la fiscalía, el juez Bailaque ordenó la indagatoria de seis personas que se encuentran actualmente detenidas por diversos ilícitos, la detención –para ser indagadas- de otras cinco personas y la citación –con tales fines- de otros siete sujetos, todos ellos sospechados de integrar la referida organización narcocriminal.