El titular del juzgado federal de Rosario n°4, Marcelo Bailaque, dispuso el procesamiento con prisión preventiva de 23 personas vinculadas –directa o indirectamente- a la banda narcocriminal conocida como “Los Monos”. Entre los procesados se encuentran los presuntos líderes de la organización, Ariel Máximo Cantero y Jorge Emanuel Chamorro, quienes –de acuerdo a la resolución del magistrado- continuaban manejando el comercio de estupefacientes en distintos puntos de Rosario desde su lugar de detención en la Unidad Penitenciaria de Piñeiro, en la provincia de Santa Fe. Para ello, impartían directivas que eran ejecutadas por sus respectivas parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan, quienes se ubicaban así en las líneas superiores de la organización nacrocriminal.

“Se puede apreciar del desarrollo efectuado el rol de co-organizadores que tenían las cuatro personas, pues más allá de que tanto Lloan como Barrios ejecutaban las decisiones de Chamorro y Cantero, básicamente por tener mayor capacidad de hacerlo materialmente por estar ambas en libertad, mientras ellos no, la actuación de ambas fue imprescindible también para organizar el esquema y llevar adelante las actividades delictivas de todo el grupo”, señaló el magistrado. En línea con la posición sostenida desde el Ministerio Público Fiscal, a la hora de resolver la situación procesal de los imputados el juez asignó a las dos parejas el rol de organizadores de la estructura delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes (artículo 7 de la ley 23.737), mientras que para el resto la calificación legal fue la de presuntos autores de violaciones a la ley de estupefacientes, bajo distintas modalidades (artículo 5 de la ley 23.737).

A fines de noviembre, en el marco de un mega-operativo que incluyó medio centenar de allanamientos simultáneos en barrios del centro y sur de Rosario, y en las provincias de Corrientes y Chaco  las fuerzas de seguridad detuvieron a 22 integrantes de la organización delictiva, al tiempo que secuestraron cerca de 500 kg de marihuana, 5 kg de cocaína, precursores químicos, armas y vehículos.

La organización

El mencionado operativo desplegado por las fuerzas de seguridad ante la inminencia del arribo a Rosario de un importante cargamento de estupefacientes fue el resultado de una extensa investigación desarrollada por el fiscal subrogante Marcelo De Giovanni y la fiscal del Distrito Santa Fe, Adriana Saccone, quienes cuentan con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias. La pesquisa comenzó en noviembre de 2014 a partir de una comunicación de la Superintendencia de Drogas Peligrosas que puso en conocimiento del Ministerio Público la comercialización de estupefacientes en una esquina de un barrio del sur de Rosario. Lejos de limitarse a los eslabones inferiores de la cadena de comercialización, la labor de la Fiscalía apuntó a desentrañar a los responsables de los distintos roles y jerarquías, desde los “soldaditos” a cargo de la seguridad en los distintos puntos de venta hasta los encargados de proveer los estupefacientes, incluyendo a quienes facilitaban el almacenamiento y la logística a la organización. Entre el extenso caudal probatorio se encuentra un importante volumen de intervenciones telefónica que da cuenta de las vinculaciones entre los distintos imputados, además de los respectivos seguimientos y los elementos secuestrados en el marco de los allanamientos.

Prisión preventiva

A la hora de justificar el mantenimiento de la prisión preventiva, el magistrado tuvo especialmente en cuenta la gravedad de los hechos imputados, al tiempo que indicó que se trata de delitos que reprimen conductas señaladas en la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, “circunstancia que impone adoptar un criterio de mayor prudencia para posibilitar el acceso a la concesión de la excarcelación”. Asimismo, agregó que las distintas pruebas recolectadas dan cuenta de la existencia de una “una organización de estructura ciertamente compleja” y con “proyección territorial”, con un alto poder de interferir la investigación en caso de concederse la excarcelación, al tiempo que la eventual condena prevista podría dar lugar a intentos de fuga.

Desde la cárcel

El magistrado dedicó un párrafo aparte a señalar la particular situación de Ariel Cantero y Jorge Chamorro, quienes a pesar de encontrarse privados de la libertad no tenían inconvenientes en mantener comunicaciones telefónicas con sus respectivas parejas para manejar el negocio del tráfico de estupefacientes. “Corresponde señalar que se encontraban detenidos en la Unidad provincial de Piñeiro y que esa situación de detención previa ofrece dos conclusiones; una es que ambos tenían antecedentes penales siendo que estaban, y continúan estándolo, detenidos a disposición del poder judicial de la provincia de Santa Fe, y otras es que, estando ambos detenidos, igualmente tenían capacidad desde la unidad de detención como para organizar la estructura funcional para la comisión de estos delitos”, apuntó Bailaque.  Como consecuencia de ello, el magistrado ordenó el traslado de ambos desde la cárcel de Piñeiro –bajo la órbita del gobierno provincial- hacia algún instituto de detención dependiente del Servicio Penitenciario Federal.