El 11 de mayo de 2018, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por los fiscales federales Eduardo Villalba y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y anuló por arbitraria -dada la falta de fundamentación-, la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que le había concedido la libertad a Eduardo Torino, remitiendo las actuaciones a esa jurisdicción para que dictara un nuevo pronunciamiento conforme la doctrina de ese fallo.

En tal sentido, el voto  de la jueza Ana María Figueroa -al que adhirió Alejandro Slokar-, analizó que, además de la gravedad de la imputación que pesa sobre Torino, existían indicadores relevantes de riesgos procesales que no habían sido ponderados por el voto mayoritario del Tribunal inferior, aunque sí advertidos por el voto minoritario del Dr. Guillermo Elías, quien había dicho “…los hechos… se enmarcan en el contexto de la actividad de una organización que tenía como finalidad el tráfico transnacional de estupefacientes y que según surge de la resolución de mérito dictada por esta Sala presenta como notas características un alto grado de coordinación entre las varias personas que habrían participado de la asociación y la conformación de un dominio territorial con acceso a la frontera boliviana para asegurar la impunidad de los delitos, así como variadas modalidades de acción como intimación a los vecinos de la zona, hechos de violencia que incluso llevaron a producirse atentados contra la vida (por el que los hermanos Castedo se encuentran procesados ante la justicia local) utilización de armas de fuego, e incluso el soborno a un juez federal del lugar (cfr. auto de procesamiento dictado contra Delfín Reynaldo Castedo en la causa nro. 22.084/2015 caratulada “Reynoso, Raúl Juan y otros s/averiguación de delito”, actualmente en trámite ante esa Sala)”.

Además, el fallo destacó que “existen serios peligros para la sociedad conforme las finalidades que tenía la organización criminal que integraría Torino, lo cual lleva a pronosticar que en caso de recaer condena sobre el nombrado, la pena podría llegar a ser superior al mínimo aplicable, conforme la escala penal de los delitos que se le atribuyen”.

La Cámara Federal de Casación Penal, en concordancia a lo solicitado por este Ministerio Público Fiscal, consideró que no podían perderse de vista como indicadores objetivos de la elevación de los riesgos previstos en el art. 280 del CPPN, las circunstancias de que la organización criminal de la que Torino formaría parte habría desplegado sus conductas en este país y que para introducir el material estupefaciente proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, la empresa criminal habría contado con nexos y numerosos contactos, así como también con cuantiosos activos económicos.

A su vez, criticó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en cuanto a la omisión de ponderar lo alegado por los fiscales, en relación a que los testigos de la causa habrían sufrido amedrentamientos o amenazas, situación que anteriormente había sido reconocida por ese mismo Tribunal al resolver los recursos deducidos por los imputados cuando apelaron su procesamiento.

Por último, la CFCP resaltó, como otro indicador a tener en cuenta a fin de valorar los riesgos procesales, la capacidad operativa y económica del grupo criminal, de la que podría valerse el nombrado en caso de ser excarcelado. No debe soslayarse que Torino había mantenido fluidos contactos con el líder de la organización narcocriminal –Delfín Castedo- mientras éste se mantenía prófugo.