28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los fiscales remarcaron la "gravedad institucional" del caso
Santa Fe: imputan a un juez, a un funcionario provincial y a un jefe policial por un allanamiento ilegal
La presentación, que también alcanza al ex jefe de la Policía, Hugo Tognoli, imputa al subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti, al juez de instrucción Jorge Pegassano y al comisario Marcelo Bustamante por allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez  y el titular de la Procuraduría de Narcrocriminalidad (Procunar) Félix Crous pidieron investigar al ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli; al comisario principal de la fuerza, Marcelo Jorge Bustamante; al subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Diego Martín Poretti, y al juez de Instrucción de la Primera Nominación de la provincia, Jorge Pegassano, por los delitos de allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación se hizo en el Juzgado Federal a cargo de Francisco Miño.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal describieron en la denuncia un allanamiento realizado el 27 de junio de 2012 en un domicilio de la localidad de Colastine Norte, en el que se detuvo a dos personas y se secuestraron aparatos electrónicos, una pistola de aire comprimido, dinero y un envoltorio de nylon que contenía un polvo similar al clorhidrato de cocaína.

Del acta inicial surge que el procedimiento fue encabezado por Bustamante, en su carácter de Jefe del Cuerpo de Infantería, y en presencia del otrora jefe de la Policía, Tognoli -próximo a ser juzgado en una causa que lo tiene imputado por narcotráfico-, y el subsecretario de Seguridad Poretti, “quienes actuaban en cumplimiento de supuestas órdenes emanadas del Juzgado” a cargo de Pegassano, quien luego le dio intervención al Juzgado Federal, dado el hallazgo de estupefacientes.

Ante la solicitud por parte del Juzgado Federal N° 2 de la copia que disponía la realización del operativo, desde su par provincial contestaron que no existían registros de que se hubiere dispuesto el allanamiento ni librado orden alguna contra el domicilio. Ello fue constatado personalmente por el secretario de la Fiscalía Federal N° 2.

La fiscalía solicitó la declaración de nulidad de lo actuado, lo cual finalmente fue resuelto el 19 de septiembre de 2013 por el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, quien sobreseyó a los dos hombres que habían sido imputados. El juez Miño señaló entonces que “no puede pretenderse la utilización de probanzas incriminatorias que fueron obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales, pues ello importa, además, una violación a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”.

Investigación preliminar del MPF y desempeño policial

Una vez concluido ese expediente, se inició la investigación preliminar N°90338/13, en la que una de las víctimas brindó su declaración testimonial. “Sus dichos resultaron esclarecedores de la actividad policial, más precisamente de la forma en la que se desenvolvió el ex Jefe de Policía Hugo Tognoli, antes de ingresar a la vivienda y durante la ejecución del registro, intervalo en el que no faltaron los insultos, las amenazas y las expresiones denigrantes y discriminatorias; todo lo cual puede describirse como una situación de absoluto hostigamiento”, narran los fiscales en la denuncia y requerimiento de instrucción. Además, el acta del procedimiento muestra “serias irregularidades”.

“Queda en claro que no existe ni ha existido orden de allanamiento alguna contra dicho inmueble, como así tampoco expediente, sumario, causa penal o constancia alguna que permitiera fundar una decisión jurisdiccional de tal magnitud e injerencia como lo es el allanamiento de una vivienda”, explicaron Rodríguez y Crous.

Los fiscales agregaron que las constancias incorporadas en el expediente N°396/12 del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe -por el que se declaró la nulidad- “permiten entrever que los hechos sucedidos formaban parte de una práctica policial sistemática y cuyas características se encontraban en los márgenes de la ilegalidad”.

En ese sentido, señalaron que un esquema de actuación policial en el que los funcionarios encargados de velar por la seguridad general de la sociedad puedan ingresar por la fuerza a un domicilio particular “desoyendo las normas mínimas de procedimiento y de manera prácticamente ilegal es un elemento propio de regímenes totalitarios”.

Hechos de gravedad institucional

Para los fiscales, el análisis integral de los elementos reunidos en la investigación preliminar permitirían “afirmar la existencia de actos que demuestran la connivencia en procedimientos irregulares” entre Tognoli, Poretti y el titular del Juzgado de Instrucción de la Primera Nominación, Jorge Pegassano.

“Aquí radica la suma gravedad institucional del caso. Funcionarios provinciales de la más alta jerarquía han sido cómplices de violaciones a garantías constitucionales de carácter elemental, en lo que, inclusive, pareciera haber sido una práctica habitual en la Policía de la Provincia de Santa Fe”, enfatizaron. “Cada uno de ellos, desde la posición institucional que ocupaba, habría obrado muy por debajo del estándar mínimo del necesario deber de cuidado con el cual corresponde que desempeñen su tarea los miembros de la administración pública”, añadieron.

Recordaron que ante el primer requerimiento realizado por el fuero federal en el cual había quedado radicada la causa penal producto del allanamiento -por la supuesta infracción a la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes-, desde el juzgado ordinario informaron que no existían constancias en sus registros de documento alguno a través del cual se hubiera dispuesto el libramiento de una orden de allanamiento; pero inmediatamente después, personal de la misma dependencia hizo saber por teléfono que la orden sí había sido dispuesta.

Frente a esa contradicción, se solicitó un nuevo informe por escrito que explicara las circunstancias, tras lo que se comunicó lo siguiente: “en fecha 27 de junio del corriente año se llevó a cabo a solicitud expresa del entonces Jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe Crio. Hugo Tognoli al titular de este Juzgado un procedimiento en zona de Colastiné Norte y Vía Muerta de esta Jurisdicción. Que encontrándonos en dicho lugar se recibe un llamado al móvil policial en el cual se conducía S.S y esta Secretaria y constituidos en una finca de calle Las Encinas y Algarrobo s/Nro. se procedió conforme se ilustra en el acta de procedimiento que el Sr. Juez oficiante acompaña”. Es decir, remarcan los fiscales, que Pegassano estuvo presente.

Luego, el personal del juzgado volvió a informar que no existía resolución escrita u orden que autorizara el procedimiento, como tampoco constancias que permitieran vincular el domicilio allanado con alguna otra investigación en trámite.

“Pues bien, esta zona gris que dicho Magistrado eligió para responder a los requerimientos judiciales que le fueran cursados en forma sucesiva, no hace otra cosa que demostrar la irregularidad con la que se manejó en todo momento y, también, su conocimiento, asentimiento, participación o encubrimiento de los hechos aquí denunciados”, precisa el requerimiento de instrucción firmado por los fiscales. Consideraron también que la intervención de Bustamante, Tognoli, Poretti y Pegassano es “como autores de los delitos de allanamiento ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Sugerencia de medidas
Crous y Rodríguez sugirieron adoptar una serie de medidas de prueba y requirieron que se le dé intervención a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Abel Córdoba.