28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A raíz de la presentación conjunta de los fiscales Baigún, Picardi e Iglesias
Villa Zavaleta: decomisaron cuatro inmuebles utilizados por una organización narcocriminal
Así lo dispuso el TOF N°2 de Capital Federal. Los fiscales habían pedido que se le entreguen en forma definitiva a la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo que recuperó los inmuebles, instaló un Centro Nacional de Atención al Ciudadano y planea ahora poner en funcionamiento un Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO).

En concordancia con lo solicitado oportunamente por los fiscales Gabriela Baigún, Franco Picardi y Diego Iglesias, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 de la Capital Federal, Jorge Pisarenco, Jorge Alberto Pisara y Rodrigo Giménez Uriburu, dispusieron el decomiso y la entrega definitiva de cuatro inmuebles emplazados en el Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) Zavaleta a la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación.

A partir del año 2012, la Justicia Federal investigó la existencia de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes que funcionaba en el barrio porteño “Villa Zavaleta”. En virtud de ello, entre agosto de 2013 y abril de 2014, en el marco de la causa en la que interviene el titular de la Fiscalía Federal N° 5, Franco Picardi, se allanaron una serie de inmuebles que no eran utilizados como viviendas o comercios, y en los cuales se secuestró, entre otras cosas, material estupefaciente, dinero en efectivo, armas de grueso calibre y municiones.

Como consecuencia de esa  investigación, las cinco personas acusadas en dicha pesquisa fueron sometidas a procesos abreviados –en los que intervino la titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, Gabriela Baigún- y condenados por conductas previstas en la ley 23.737 de estupefacientes y tenencia de armas de fuego. Asimismo, se extrajeron testimonios para profundizar la investigación respecto de una sexta persona, sobre la que pesa un pedido de captura desde abril de 2014.

Previo a esto, a fin de evitar que las viviendas volvieran a ser ocupadas para realizar actividades ilícitas, el 6 de junio de 2014 el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, Sergio Torres, entregó los inmuebles a la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación en carácter de depositario judicial. Esta medida, basada en las normas que disponen el decomiso del objeto utilizado para el delito, tuvo como finalidad que allí se desarrollen actividades sociales y fomentar la participación comunitaria activa y la construcción de ciudadanía por parte de los habitantes del barrio.

En febrero pasado, la subsecretaria de Participación Ciudadana, Elizabeth Caamaño, se presentó ante el Tribunal Oral Federal N° 2 y solicitó el decomiso y asignación definitiva de estos inmuebles, relatando que desde su entrega se realizaron notables obras de mejora sobre los inmuebles y se instaló un Centro Nacional de Atención al Ciudadano (CENOAC), donde se desarrollan distintos proyectos y programas de ese organismo como: “Deporte para la inclusión”, “Encuentro de mujeres” y “Jornadas de expresión artística”, entre otros.

La funcionaria señaló también la intención de instalar allí un Espacio NIDO (Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades), a fin de capacitar a los vecinos del lugar, brindarles contención y fortalecer los lazos sociales, la relación con las fuerzas de seguridad y la promoción activa de los vecinos para mejorar la calidad de vida del barrio, en el marco de políticas públicas de prevención de delitos y violencia. Para esto solicitó que la entrega sea realice de forma definitiva teniendo en cuenta la inversión que demanda el proyecto sobre estos inmuebles que se encontraban en notables condiciones de deterioro.

Frente a dicha solicitud, el 23 de mayo pasado, los fiscales Picardi y Baigún, junto al cotitular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, efectuaron una presentación conjunta en la que se expresaron favorablemente respecto de la entrega definitiva de cuatro inmuebles emplazados en el Núcleo Habitacional Transitorio (NHT) Zavaleta a la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de que se instale un Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO).

En tal sentido, los representantes del Ministerio Público Fiscal dictaminaron que “las viviendas en cuestión eran utilizadas para comercializar sustancias estupefacientes en el ámbito de la Villa Zavaleta, CABA, razón por la cual se encontraban satisfechos los requisitos para que se proceda al decomiso de las mismas”, ello en virtud de que “ninguna de las personas que se presentaron para solicitar la restitución de los inmuebles logró acreditar tener derecho sobre los mismos”, por lo que “correspondía disponer el decomiso y su entrega definitiva al Ministerio de Seguridad de la Nación”.

Asimismo, indicaron que “…las viviendas utilizadas se encontraban abandonadas y su uso radicaba exclusivamente en funcionar como lugar de venta o de acopio de sustancias estupefacientes, comportamientos que claramente eran llevados adelante por algún integrante de la banda, que ocupaba el lugar ocasionalmente y exclusivamente con esta finalidad ilícita”, agregando que “Por eso la protección jurídica de los bienes aquí ha cesado desde que los imputados voluntariamente decidieron ponerlos a disposición para la comercialización y almacenamiento de sustancias estupefacientes, y por ende el derecho de dominio debe ser transferido al Estado, debiendo ser usufructuados por la sociedad y entidades de bien público que así lo requieran”.

En tal sentido consideraron que resulta “esencial recuperar bienes provenientes del narcotráfico y darles utilidad para la realización de actividades provechosas para la comunidad, debilitando de esta manera a las organizaciones narcocriminales con el despojo de sus recursos”, al tiempo que destacaron que “la complejidad del abordaje de la temática vinculada con este tipo de criminalidad organizada exige un esfuerzo adicional por parte del Ministerio Público Fiscal para impulsar, en la materia, estrategias de intervención acordes con la gravedad, magnitud y extensión del fenómeno que permitan mejorar los resultados de la investigación penal preparatoria y el eficaz enjuiciamiento de los responsables por los delitos de que se trate”.

Así, el pasado 29 de mayo, el juez federal Torres compartió el criterio expuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal y dado que lo peticionado por el Ministerio de Seguridad “podría servir además para evitar que los inmuebles sigan siendo utilizados para el desarrollo de actividades ilícitas (…) y en su caso destinarlos a un destino que beneficia a la comunidad y los habitantes del barrio”, le solicitó la asignación definitiva de los bienes al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que el año pasado condenó a los integrantes de la organización narcocriminal.

Finalmente y en la misma línea, los magistrados del TOF N°2 consideraron que “habiéndose acreditado que los condenados utilizaron las fincas –identificadas en los allanamientos realizados el día 11 de abril de 2014 como puntos 1, 4, 6 y 7 de la Villa Zavaleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para la comisión del hecho por el que se les atribuyera responsabilidad penal, que a la fecha ninguna persona logró acreditar tener derecho sobre las mismas y que ha pasado un año desde la conclusión del proceso, es que corresponde disponer su decomiso y hacer entrega definitiva al Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de que continúen llevando a cabo las tareas de inclusión social referidas”.