23 de enero de 2018
23 de enero de 2018 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En base al requerimiento de la Fiscalía Federal N°2 de Morón y de la Procuvin
Indagarán al Director Nacional del SPF y a otras 40 personas imputadas por administración fraudulenta y vejaciones
Funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, del Complejo Penitenciario Federal II y los responsables del frigorífico Carnes Yamuni S.A., deberán comparecer acusados de un perjuicio de más de 19 millones de pesos al Estado y por los sufrimientos físicos que padecieron las personas detenidas como consecuencia de la mala alimentación.

De acuerdo a lo solicitado por los responsables de la Fiscalía Federal N°2 de Morón y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Carlos Hernán García y Félix Pablo Crous, respectivamente, el titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, indagará a 41 personas –miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y empresarios de un frigorífico- en orden a los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con una afectación al Estado Nacional en más de 19 millones de pesos (concretamente, $19.162.525,42), en concurso real con vejaciones sufridas por la población carcelaria del penal de Marcos Paz, perpetrados entre enero de 2014 y julio de 2016.

La medida alcanza a quienes, entre los años 2014 y 2016, estuvieron a cargo de las direcciones Nacional, General de Administración y General de Contrataciones y la División Abastecimiento del Servicio Penitenciario Federal, como así también al director Administrativo y al jefe del Complejo Penitenciario Federal II, y a los responsables del área de Testimonio de Recepción de Mercadería de ese establecimiento carcelario. Por otro lado se imputa a los responsables de la firma Carnes Yamuni S.A., que proveía de carne –fraccionada en medias reses- y chorizos al organismo.

De esta forma, entre el 8 de noviembre y el 28 de febrero próximo, serán indagados Emiliano Blanco y Claudio E. Barbera,  director y subdirector Nacional del SPF; Carlos Alberto Eced, Abelardo O. Torres y Dario O. Ferrara, responsables de la Dirección General de Administración del SPF-; Manuel Leguizamón, Gabriela Martins Giménez y Walter Frantini, en su calidad de directores de Contrataciones del SPF; y Francisco J. Ramírez, Gisel E. Ávalos, Rodolfo Fassa, Javier Morriones, Sergio M. Otazú y Carlos A. Caro, directores de la División Abastecimiento. En iguales términos fueron convocados Oscar García y Walter Trangoni, directores administrativos del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz; José María Ferezín, Orlando Aguirre, Gumercindo Gómez, Gabriel Ciappesoni, Raúl Medina y Juan Carlos Lafuente, quienes se desempeñaban como Jefes del CPF II de Marcos Paz, y los responsables del área de Testimonio de Recepción de Mercardería (Economato) Hugo Ocampos, Carlos Merino, Christian Pereyra, Leonardo Aravena, Marcelo Juárez y Jorge A. García.

Los fiscales García y Crous indicaron que los imputados dilataban adrede los procedimientos de licitación pública y, ante la inminencia de una crisis alimentaria, contrataban a Carnes Yamuni S.A. para que les provea los suministros.

Por otro lado, el juez ordenó en base al pedido de los fiscales las indagatorias de Alberto Rojas, Fernando Díaz, Guillermo Cuccarese, Claudia M. Carballo, María Victoria Varela, Ricardo R. Caruso, quienes se desempeñaron como Auditores Generales del SPF, y a los auditores generales Ferrara, Frantini, Daniel A. Bogado, Ramón A. Chamorro, David Pedraza, Verónica N. Matwijczuk y Mariano Eloy Leiva. También se recibirá declaración indagatoria a Facundo Antonio Yamuni, Antonio Julián Yamuni y Marcela Lucía Balchunas –en su calidad de presidente, director titular y directora suplente, respectivamente- de la firma Carnes Yamuni S.A., imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La investigación se inició a raíz de una denuncia formulada por la Procuvin y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en virtud de la detección de un déficit alimentario en el Complejo Penitenciario Federal II y en el CPF de Jóvenes Adultos durante los años 2012 y 2014. En base a ello, el fiscal García requirió la instrucción y solicitó una serie de medidas de investigación para determinar la posible comisión de delitos que involucraran a funcionarios del SPF y a proveedores de alimentos. Luego de la denuncia original, se amplió el requerimiento de instrucción, lo cual motivó que la investigación se extendiera a hechos ocurridos hasta mediados del año 2016.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, todos los imputados habrían colaborado para que en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz existiera “un déficit alimentario, el que en gran medida se vio originado y causado por la entrega de carne de menor cantidad y peor calidad, por parte del Frigorífico Carnes Yamuni S.A., con quien había contratado el SPF de manera ilegal y arbitraria, dolosamente y con fin de lucro indebido, perjudicando los intereses económicos de la administración pública”.

Indicaron que así se dispensó “un trato degradante” a las personas privadas de su libertad –alojadas en dicho establecimiento-, que “fue causado por parte de los funcionarios públicos que tenían, por un lado, la obligación de satisfacer necesidades alimenticias de la población carcelaria del CPF II y, por el otro, cumplir con el deber de cuidado y fidelidad al manejar, administrar y/o cuidar los bienes e intereses económicos de la administración pública y Carnes Yamuni S.A., principal beneficiario de toda la maniobra delictiva”.

De acuerdo a los fiscales García y Crous, los imputados dilataban adrede los procedimientos de licitación pública –ideados desde el principio para fracasar- para proveer de chorizos y carne vacuna al establecimiento penitenciario, a fin de satisfacer la necesidad alimenticia de las personas allí detenidas. En el ínterin, y ante la inminencia de una crisis alimentaria, contrataban a Carnes Yamuni S.A., para que les provea los suministros, y se valían de fondos rotatorios y del reconocimiento de deuda (conocido como legítimo abono), para abonarles. Asimismo, también se pagó por carne que jamás fue entregada, aunque se simuló su recepción.

Los fiscales consideraron que los responsables del frigorífico son partícipes necesarios del delito de vejaciones "ya que si bien no son funcionarios públicos ni ‘guardan al preso’, ejercieron un rol preponderante para humillar a las personas privadas de la libertad y causarles sufrimientos físicos".

En ese sentido, García y Crous señalaron que “los funcionarios del SPF acordaron con Carnes Yamuni S.A., la recepción de mercaderías que debían ser facturadas sin superar el monto que tenían autorizado para abonar por medio de los fondos rotatorios, cuando el uso del fondo rotatorio fuese el correcto, lo que aquí claramente no ocurrió. Por ello, puede notarse que, dentro de un mismo periodo de tiempo relativamente muy breve, se conformaron varias facturas por menos de dicho monto en beneficio del proveedor”.

Además, en su requisitoria, los fiscales señalaron que el “proveedor Carnes Yamuni S.A., entre los años 2014 y mediados de 2016, facturó un total de 19.162.525,42 [pesos], pagados por el SPF, en concepto de 623.776 kg de carne vacuna, mayormente en forma de media res, pero también de chorizo. Sin embargo, se verificó al mismo tiempo que la mencionada firma, durante ese periodo mencionado, no le habría entregado al CPF II 92.922 kg de carne vacuna, equivalentes a $2.985.876,13, que sí fueron abonados por el SPF”.

Los fiscales García y Crous le requirieron al juez federal que indague a los 41 sospechosos por incurrir en formas irregulares de contratación “que implican per se un daño potencial para los bienes e intereses del Estado" y que "ha resultado ser forma para concretar daños patrimoniales reales y concretos en los bienes del Estado, en favor de Carnes Yamuni S.A.”.

Asimismo, en relación al delito de vejaciones, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que los responsables de Yamuni S.A. son partícipes necesarios en el delito de vejaciones, “ya que si bien no son funcionarios públicos ni ‘guardan al preso’, ejercieron un rol preponderante para humillar a las personas privadas de la libertad y causarles sufrimientos físicos y, así, contribuir en forma determinante a la constitución del déficit alimentario que se sufre en la CPF II y todo ello con el dolo necesario para que se les atribuya esta conducta típica”.