Los trabajadores de la Secretaría de Investigaciones Penales desarrollaban sus tareas en dependencias correspondientes a la Fiscalía de los barrios de Saavedra y Núñez dado que ambas se encontraban a cargo del mismo fiscal, José María Campagnoli. Con la suspensión de su titular, cesó la razón para mantener a la SIPE en esas dependencias.

Como consecuencia, se decidió que las siete personas que se desempeñaban en la SIPE en Saavedra pasaran a desarrollar las mismas tareas en el edificio donde funciona la Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido, a cargo desde 2001 del Director General Norberto Sagretti, funcionario que, en la estructura actual de la Procuración General de la Nación, es el responsable de coordinar la SIPE. El mencionado edificio se encuentra en la calle Tucumán 966 de esta ciudad y allí funcionan varias fiscalías. Concretamente, las siete personas alcanzadas por esta decisión trabajarán en un piso acondicionado a tal efecto. No se trata de un “archivo”, ni de una dependencia aislada como se ha intentado presentar. La Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido es, además, el organismo que provee a la SIPE sus insumos de trabajo cotidianos por lo que la cercanía física conlleva la idea de mejorar su eficiencia.

En síntesis, en la implementación de esta medida no ha habido hostigamiento ni persecución de ningún tipo hacia los trabajadores, así como tampoco se afectaron fuentes de trabajo, ni se produjeron cambios en las funciones asignadas. Todos los empleados y funcionarios mantienen los mismos puestos de trabajo y las mismas tareas. La decisión fue comunicada, tanto a la representación sindical como a los trabajadores, por la fiscal subrogante Claudia Katoc, a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez y por la Secretaría de Recursos Humanos de la Procuración.

Por otro lado, el viernes pasado la fiscal coadyuvante Cristina Caamaño informó a la Procuración General acerca de hechos preocupantes ocurridos ese mismo día en la fiscalía. Entre ellos, denunció el abandono de los puestos de trabajo de parte del personal, el bloqueo de algunas oficinas y del baño y el corte del servicio de luz y de teléfono. Caamaño alertó además que el cierre intencional de despachos podría tener por objetivo impedir el acceso a espacios donde se presume que puede haber expedientes judiciales.

Respecto al corte del servicio telefónico y de internet, la Dirección de Informática de la Procuración General informó que se trató de un sabotaje a las instalaciones eléctricas y de comunicaciones que afectó el desarrollo de las tareas de esa dependencia. Los hechos fueron verificados por las empresas proveedoras de los servicios.

En el día de hoy las fiscales Katoc y Caamaño informaron que, al presentarse en su lugar de trabajo, se encontraron con la fiscalía cerrada con una faja de clausura firmada por los funcionarios de la SIPE Ignacio Rodríguez Varela, Elías Collado y Guido Sassoli. Esta medida sin antecedentes volvió a impedir el normal desarrollo de las tareas propias de la fiscalía con la consecuente afectación de derechos para quienes procuran un eficaz y adecuado servicio de justicia. Estos gravísimos hechos han sido denunciados por las fiscales y están siendo investigados tanto en el ámbito administrativo interno de la Procuración General, como en la justicia penal.