Ante una nueva publicación realizada hoy por el diario Clarín —en el marco de una serie de notas en las cuales se omite información pública relevante así como toda consulta a fuentes oficiales del organismo—, la Procuración General aclara que el alquiler del inmueble ubicado en Avenida Corrientes 1615 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo como objetivo dotar al MPF de la estructura edilicia necesaria para dar cumplimiento al cronograma de implementación del nuevo Código Procesal Penal acusatorio dispuesto por el Congreso de la Nación en el año 2015.

Cabe recordar que el 4 de diciembre de 2014 fue sancionado el nuevo Código Procesal Penal –Ley N° 27.063–, mediante el cual se aprobó el régimen procesal acusatorio. La entrada en vigencia de un sistema de esas características —vigente en la mayoría de las provincias de nuestro país y en el resto de los países de América Latina—redirecciona el flujo de trabajo actual del servicio de justicia al dejar exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal la función de investigación penal.

En virtud de ese cambio de paradigma procesal, esta Procuración General de la Nación, el resto de los organismos que integran el sistema de administración de justicia nacional y federal, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación participaron durante los años 2014 y 2015 de frecuentes reuniones de trabajo orientadas a coordinar los procesos de adaptación de cada una de esas instituciones a las características del régimen procesal consagrado por el nuevo Código. En ese contexto, y luego de que las autoridades gubernamentales adelantaran que el ámbito inicial de implementación sería la justicia nacional de esta ciudad, se impuso la necesidad de que el MPF contara en Buenos Aires con un edificio capaz de soportar el aumento exponencial de trabajo que tendrían las Fiscalías y Unidades Fiscales tras la entrada en vigencia del nuevo Código. En ese escenario, tuvo inicio en el mes de enero de 2015 -inmediatamente después de la aprobación del nuevo Código- el expediente administrativo que culminó con la locación del inmueble.

El 14 de junio de 2015, fue sancionada la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación –Ley N° 27.150–, por la cual se estableció formalmente que la implementación del nuevo sistema comenzaría el 1 de marzo de 2016 en el ámbito de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.

La adjudicación del inmueble de Avenida Corrientes 1615 se dispuso en julio de 2015, estableciéndose un canon mensual de $940.000 pagadero por mes adelantado, como es de práctica habitual. Desde entonces, la Secretaría General de Administración, a través de las áreas de Logística y Arquitectura, desarrolló un proyecto de reformas y adecuaciones edilicias con miras a que el lugar estuviera acondicionado para el 1 de marzo de 2016. Sin embargo, a través del decreto 257/2015, del 24 de diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo suspendió la entrada en vigencia de ese ordenamiento procesal y hasta hoy no se ha definido un nuevo cronograma de implementación. Ante esta situación, la Secretaría de Administración y la Asesoría Letrada del organismo recomendaron rescindir el contrato de alquiler. En ese mismo sentido decidió la Procuradora General el 26 de febrero de 2016 mediante la Resolución Administrativa n° 387/2016.

Todos los expedientes vinculados con la locación y los planes de adecuación edilicia previstos para el inmueble de la Avenida Corrientes 1615 tramitaron de manera pública y transparente, en cumplimiento de los controles internos y externos correspondientes. La distorsión de los hechos que motivaron ese alquiler y de los actos administrativos mediante los cuales éste se llevó adelante no representa más que un nuevo y vano intento por obstruir el normal desarrollo institucional de este Ministerio Público.