La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó que una causa en la que se investiga el posible abuso sexual cometido por dos miembros del ejército contra un compañero debe continuar en la justicia federal.

En el expediente están imputados, en calidad de coautores, el sargento César Daniel Quintana y el cabo Miguel Ángel Rivero. La causa se originó por el “abuso sexual gravemente ultrajante” que los suboficiales habrían realizado cuando celebraban el futuro casamiento de la víctima –un cabo de esa fuerza- en el depósito de la Intendencia del Regimiento de Infantería Mecanizada N°7 de Arana, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

La jefa de los fiscales se expidió así ante un conflicto de competencia entre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5, ambos con asiento en La Plata. El primero había considerado que el hecho “no alteró intereses federales ni la prestación de las funciones militares”, en tanto que los jueces provinciales sostuvieron que, a pesar de que se estaría ante un delito común, sí los afecta “en razón del lugar en el que el hecho fue cometido y la calidad de las personas involucradas en él”.

Gils Carbó se pronunció en sintonía con los magistrados bonaerenses. Agregó que las fuerzas armadas y de seguridad están atravesando por un proceso de modernización democrática entre cuyos objetivos se encuentra reconocer la relación entre la seguridad, la defensa nacional y los derechos humanos. En ese sentido, señaló que el estado argentino impulsó una reforma integral del sistema de justicia militar plasmada en la ley 26.394 (de 2008) y en el decreto que creó la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que funciona en la órbita de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.

“Este interés en asegurar en todo momento el respeto a los derechos esenciales de las personas por parte de las fuerzas armadas modela el concepto de defensa nacional de modo que pueda ser entendido como inescindiblemente ligado al respeto de los derechos humanos”, continuó la Procuradora. Luego añadió que el uso de las instalaciones militares por parte de funcionarios del ejército para cometer graves violaciones de derechos -como la atribuida en el proceso- afecta “el interés nacional al que responde” la normativa citada. De esta forma, entendió que se cumple la relación entre el hecho imputado y la afectación de intereses, lo que justifica la intervención de la justicia federal para continuar con la pesquisa.