Ante los requerimientos periodísticos recibidos en el día de la fecha, la Procuración General de la Nación realiza las siguientes aclaraciones referidas al trámite del expediente administrativo que concluyera con la adquisición del inmueble de la calle Perón 667, mediante la licitación pública 1/2013.

El procedimiento tiene antecedentes que se remontan al mandato del entonces procurador interino, Dr. González Warcalde, quien reconoció -al igual que sus predecesores- el déficit edilicio del organismo, situación que persiste hasta la actualidad.  A partir de ese diagnóstico, el procurador interino llamó a licitación pública en dos oportunidades durante su breve mandato (abril a agosto de 2012) para la adquisición de un inmueble con determinadas características en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por distintas razones, expresadas en los correspondientes informes técnicos que mostraban que las ofertas no se adecuaban a lo requerido, estas licitaciones fueron declaradas fracasadas y dejadas sin efecto.

Poco después de su designación como Procuradora General, Alejandra Gils Carbó convocó a una tercera licitación pública el 31 de octubre de 2012 que tampoco pudo concretarse por la cercanía del cierre del ejercicio presupuestario de ese año y la imposibilidad de trasladar el monto destinado a la compra al siguiente ejercicio financiero.

Ya en 2013, la Procuradora General podía haber optado por una contratación directa, tal como lo habilita la normativa vigente tras el fracaso de las sucesivas licitaciones. Sin embargo, optó por efectuar un nuevo llamado a licitación pública por considerar que se trataba del medio de selección más competitivo y transparente.

En esta nueva compulsa se presentaron cinco oferentes y la adjudicación resultó favorable al inmueble de la calle Perón 667, perteneciente a la sociedad ARFINSA SA. Tal como lo expresaron los dictámenes de las áreas competentes del organismo –el asesoramiento jurídico permanente y la comisión de preadjudicación- esta oferta reunía las condiciones técnicas del pliego y resultaba altamente conveniente por el precio ofertado, que era el menor por metro cuadrado entre los cinco oferentes.

Asimismo, cabe destacar la coherencia del valor ofertado por el inmueble ganador de la compulsa con el valor de la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano independiente que también intervino en el proceso. De acuerdo con la ponderación del Tribunal el valor del inmueble era de $ 45.050.000 y el monto que se pagó, en orden a la oferta que ganó la compulsa, fue $ 43.850.000. Es decir, $ 1.200.000 por debajo de la tasación oficial.

Por otra parte, el precio ofertado y que efectivamente fue abonado por el Ministerio Público Fiscal, de $ 43.850.000, es el correspondiente al valor del inmueble libre de toda comisión inmobiliaria. Por lo tanto, si ARFINSA SA pagó algún tipo de comisión inmobiliaria en su carácter de vendedora, ello no generó erogación alguna para el Ministerio Público Fiscal.

La Procuración General ratifica su total disposición y apertura para brindar la información necesaria a la Justicia sobre este proceso administrativo, cuyo trámite contó en cada una de sus etapas con la conformidad técnica de las áreas especializadas.