La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, consideró que correspondía rechazar la queja presentada por la defensa de Otilio Roque Romano, tras su destitución del cargo de juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por la causal constitucional de mal desempeño y posible comisión de delitos de lesa humanidad.

La defensa de Romano planteó en uno de los agravios que el Jurado de Enjuiciamiento no podía evaluar hechos efectuados en su actuación como fiscal, pues estos habrían sido examinados por el Senado al prestar acuerdo para la designación del ex magistrado como camarista federal. Al respecto, Gils Carbó dijo que debe ser desestimado, "pues surge de las pruebas que el acuerdo fue emitido el 24 de marzo de 1993 sin que se hubieran presentado impugnaciones ni observaciones. En efecto, para esa fecha las reuniones de la Comisión de Acuerdos y las sesiones del plenario del Senado de la Nación respecto del tratamiento de pliegos eran de carácter secreto [...], y por otro lado, en ningún momento el recurrente probó que el órgano legislativo haya conocido las actuaciones y omisiones por las que se le imputó mal desempeño".
En ese sentido, la Procuradora añadió: "en estas condiciones no puede sostenerse que el acuerdo del Senado impida la dilucidación de la conducta cuestionada pues ello implicaría asegurar la impunidad de un magistrado por los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen y el desamparo de las víctimas y generaría un grave compromiso de la responsabilidad internacional de nuestro país".

"La falta de demostración en forma clara, inequívoca y concluyente de lesión a las reglas estructurales del debido proceso en el trámite del juicio político, deriva en que no haya materia federal para la intervención de la Corte por la vía que se intenta", concluyó en su dictamen la Procuradora General de la Nación.