El procurador general interino Eduardo Casal mantuvo ayer una reunión de trabajo con su par del Uruguay, Jorge Díaz Almeida, en el marco de una visita a ese país, donde rige un nuevo sistema procesal penal acusatorio desde el 1° de noviembre del año pasado.

Del encuentro con la máxima autoridad de la Fiscalía General del Uruguay participaron también los secretarios de Coordinación Institucional y Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Olima Espel y Juan Manuel Casanovas, respectivamente. La delegación argentina además visitó la sede central del organismo para reunirse con diversas autoridades e interiorizarse sobre la implementación del sistema acusatorio, de cara a su puesta en marcha en nuestro país. Los asistentes destacaron lo productivo de las reuniones y el intercambio de experiencias.

En ese marco, se entrevistaron con Patricia Marquisá, a cargo de la DPA y del equipo de implementación de la reforma procesal penal en la Fiscalía General de la Nación de la República Oriental del Uruguay. También se realizaron encuentros con Javier Benech, responsable del Departamento de Comunicación, y la ingeniera Inés Pérez, encargada del Departamento de Informática del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay (SIPPAU), utilizado para la gestión digitalizada de las actuaciones en todas las materias .

Se pudo conocer además el funcionamiento de la DPA, que es la dirección que se encarga de la depuración, priorización y asignación de expedientes, previo paso a las fiscalías actuantes. Finalmente, se visitó la sede del nuevo edificio donde funcionan las fiscalías penales, donde se encuentran la DPA, las unidades fiscales especializadas, las salas de recepción de declaraciones a las víctimas de delitos y la dirección de asistencia a las víctimas, entre otras áreas de importancia.

El encuentro con las autoridades uruguayas se produjo luego de que Casal dispusiera, a través de la Resolución PGN 16/2018, la coordinación interna y con los organismos nacionales y locales involucrados en el sistema de administración de justicia, para la adecuación institucional y operativa frente a las necesidades y desafíos del sistema acusatorio a nivel federal.